Los exportadores de carne vacuna amenazaron esta semana con dar el portazo y bajarse del acuerdo de precios por la carne vacuna. La exigencia oficial es volcar 6000 toneladas de cortes populares (y que tienen porhibido exportar) a precios determinados por la secretaría de Comercio Interior.
Pero eso tiene un costo que los frigoríficos ponen de su bolsillo (o en todo caso, que le quitan rentabilidad al resto de sus negocios), aunque también algo aportan las cadenas de supermercados (que utilizan muchas veces a la carne barata como señuelo para atraer clientes hacia otros rubros).
Las empresas exportadoras de carne vacuna están pasando un mal momento que es consecuencia del retraso cambiario y la inflación. Pagan la materia prima (el novillo) a precios históricamente altos, que superan en la actualidad los 5,0 dólares el kilo de carne en gancho, es decir, una vez faenado el animal y convertido en media res. Por eso, los exportadores aseguran que están trabajando a contra margen.
“No se puede bancar más”, argumentaron cuando hace 48 horas decidieron no enviar más a los supermercados las 1500 toneladas de cortes populares que correspondían a la próxima semana. Por esa decisión, les saltaron al cuello tanto el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien los amenazó con la Ley de Abastecimiento, como el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que aseguró que les cerraría todas las exportaciones.
Si pierden plata, como argumentan, la exigencia del gobierno entonces no hace más que agravar las cuentas. ¿Pero realmente pierden dinero?
Si se toman como referencia los valores que impuso el gobierno a estos cortes “cuidados” y los precios de venta reales que se dieron en el mercado interno relevados por el IPCVA para esos mismos siete siete cortes, hay una diferencia promedio de 190 pesos por kilo vendido.
Como el aporte es de seis millones de kilos al mes, el costo del “subsidio” que hacen los frigoríficos a cambio de que los dejen exportar (un cierto volumen cuotificado) sería de 1140 millones de pesos sólo en el pasado mes de febrero.
Ese valor calculado al tipo de cambio sectorial, es decir, restadas las retenciones y al tipo de cambio oficial, significó en febrero un costo de unos 12 millones de dólares, lo que representa nada menos que el 6% de la facturación total por exportaciones que hubo en enero (aun no está el dato de febrero).
Si el sistema rigiera hasta fin de año, como pretenden las autoridades nacionales, la cadena de la carne vacuna -pero en especial los frigoríficos del Consorcio ABC y también los supermercados- estarían restando a su ingreso unos 132 millones de dólares, tomando como referencia el tipo de cambio actual.
Por supuesto esa cantidad de dinero será mayor en tanto se mantengan congelados los precios del acuerdo y los de mercado sigan aumentando, lo que ya está sucediendo. Suponiendo entonces que el acuerdo llegue hasta fin de año, los 1140 millones de pesos se transformarían en 13.000 millones.
Se trata de un esfuerzo que los funcionarios exigen al sector privado como si fueran ellos los únicos responsables de la inflación. En definitiva, se toman medidas que ya demostraron ser ineficaces para frenar la suba de precios. El gobierno repite recetas con las cuales la inflación es cada vez mayor, y también la pobreza.
Pero los exportadores ven limado su ingreso también por el efecto del recorte a las ventas al extranjero. En enero pasado, y como consecuencia del cepo impuesto por las autoridades, se vendió 25% menos de carne que en igual mes del año pasado. Así las cosas, solo en enero la pérdida fue de 70 millones de dólares, lo que significa en este caso que el país perdería de continuar en estas condiciones cerca de 900 millones de dólares en divisas respecto de 2021. Esto también afectaría el ingreso en frigoríficos y ganaderos y por lo tanto en la inversión.
Se pone en riesgo entonces el plan de inversiones que había presentado el sector, y que festejado y presentado durante la pandemia, por 250 millones de dólares, lo que en definitiva da cuenta que en Argentina la política atiende sus urgencias y la culpa y cargo van por cuenta del sector privado.
