Dos años atrás el gobierno argentino extendió hasta el año 2038 un programa que beneficia a unas pocas familias y perjudica a la mayor parte de los argentinos. Se trata del régimen de promoción de Tierra del Fuego.
Sin embargo, esa decisión, que benefició a los ensambladores de artículos digitales y electrodomésticos, había dejado afuera a las industrias textiles, cuyos beneficias iban a expirar a fines del presente año.
Pero este martes, por medio del decreto 594/2023, se incluyó finalmente al sector textil, pero con exenciones impositivas que –hasta nuevo aviso– expirarían ahora el 31 de diciembre de 2028.
Los incentivos fiscales y aduaneros destinados a la industria textil de Tierra del Fuego buscan, según indica el decreto, “garantizar la continuidad de los puestos de trabajo”, los cuales suman unos 900 en ese rubro, además de “incrementar la producción local de ciertos insumos agroindustriales de alta demanda interna” (sic).
El puñado de compañías beneficiadas son Fueguino SA, Australtex SA, Armavir SA, Textil Río Grande SA e Hilandería Fueguina SA, las cuales podrán seguir abonando menos impuestos a cambio de vender sus productos a precios exorbitantes en un mercado “cautivo” ultra protegido.
La medida resulta insólita porque, en condiciones normales de mercado, las fábricas textiles estarían en aquellas provincias en las cuales se produce algodón, como es el caso de Chaco o Santiago del Estero (dos de las provincias más pobres de la Argentina).
Pero, gracias a los beneficios artificiales implementados por el régimen de promoción, el algodón viaja unos 3500 kilómetros, desde el norte argentino hasta Tierra del Fuego, para ser procesado en la provincia austral y luego ser reenviado a las fábricas de indumentaria presentes en las diferentes regiones del país (incluyendo el norte).
El régimen de promoción de Tierra del Fuego fue creado por la Ley Nº 19.640 del año 1972 con el propósito de subsidiar la radicación de industrias tecnológicas para que las mismas, luego de varias décadas, pudiesen tornarse lo suficientemente competitivas como para no depender de la ayuda estatal. Pero se sigue extendiendo en el tiempo como si se tratase de un derecho adquirido.
