De la nobleza y durabilidad de la planta de yerba mate no caben dudas. Menos que menos después de los más de 1.100 kilómetros que recorrieron varios de sus gajos desde Misiones hasta Buenos Aires, todo para llegar a la mesa de los legisladores nacionales que ayer, en una jornada que se extendió por más de cuatro horas, se sentaron cara a cara con sus productores y cosecheros. ¿La razón? Exponer lo que denuncian desde hace al menos dos años: que la rentabilidad de su actividad prácticamente se esfumó y esa economía regional atraviesa una grave crisis.
La cita fue convocada por la legisladora de Unión por la Patria Julia Strada, que preside la comisión de Economía; en conjunto con el legislador y ex ministro de Agricultura Luis Basterra, al frente de la comisión de Economías Regionales. Y aunque podría pensarse que el tono opositor coparía el encuentro, sucedió lo que en estos tiempos se ve poco: un debate con opiniones contrapuestas y sin –casi- chicanas.
Por el lado de los productores, el yerbatero Ángel “Cacho” Ozeñuk fue el encargado de abrir el micrófono y levantar en alto los gajos de yerba que adornaban el centro de la sala.
“Se escucharon muchas versiones que dicen que el sector yerbatero no está pasando por una situación de crisis y que reclamamos cosas que son injustas. ¿Me pueden explicar que es la ley del INYM y para que fue creada?”, dijo el misionero de la localidad de San Vicente, que apuntó sus dardos directo contra la desregulación del Instituto Nacional de Yerba Mate, decidida por el actual gobierno nacional a partir de diciembre de 2023.
“En 2023 cobrábamos 400 pesos, teníamos una corresponsabilidad gremial de 13,5 pesos y el gasoil a 190 pesos el litro. Un productor necesitaba dos kilos de hoja verde. Hoy, en la actualidad, el productor necesita 11 kilos y medio para un litro de gasoil”, comparó.
Y resumió: “Hoy sin las facultades del INYM, no tenemos un precio de referencia, no se controlan las bocas de acopio, hay yerba en negro. Le pido a las industrias y al INYM que me digan cómo quieren que sobreviva un productor en la chacra, como quieren que sobreviva la familia yerbatera, que los chicos vayan a la escuela, con empresas que se hicieron grandes gracias al pequeño productor. Legisladores, tanto de un lado como del otro, seamos responsables y racionales a la hora de tomar una decisión”.
Lucía Fleitas, pequeña productora del sur misionero, señaló en esta sintonía: “Es fácil hablar de un escritorio. A mí me gustaría que hicieran camino de territorio. No dicen que si no nos cierra el tema de la yerba que nos dediquemos a otra cosa. Misiones no puede hacer eso de un día para el otro. Santa Fe hace 3 cultivos en un año, nosotros tenemos monte. Corrientes hace ganadería y aplica 2 vacunas, nosotros necesitaríamos. No es tan fácil cambiar de rumbo”.
Por su parte, el productor y presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripzuk, abordó la situación desigual entre yerbateros e industriales.
“Los datos del período 2011-2020 indican que el número de productores que comercializaron hoja verde pasó de 16.360 a más de 9.000. Los secaderos que elaboraron yerba canchada pasaron de 166 a 190. Los molinos fraccionadores que envasaron pasaron de 96 a 114. Con el INYM funcionando con todas sus facultades, Argentina dinamizó esta economía regional durante dos décadas y se posicionó la yerba como el mejor alimento. Desde que asumió Milei, el mercado quedó abierto a la libre negociación sin pisos de valores para la materia prima”, lamentó.
Y añadió: “Desde 2024 estamos movilizados con protestas, yerbatazos y acciones judiciales. Nosotros tenemos historia, memoria y la fuerza que nos da la experiencia, con la certeza de que la mejor herramienta que poseemos para evitar abusos corporativos, lograr precios justos, crecimiento y desarrollo es un Instituto Nacional de la Yerba Mate funcionando plenamente”.
La imagen más clara de esa memoria fue representada por Hugo Sand, agrónomo e integrante de APAM, que también fue uno de los impulsores originales del INYM en la crisis yerbatera de 2002. Con esa trayectoria de lucha a cuestas, Sand se mostró como uno de los más combativos.
“Lo que pido es que nos acompañen aquellos que creen que debemos hacer una política para todos. Necesitamos la declaración de inconstitucionalidad de este Decreto de Necesidad de Urgencia, porque necesitamos urgentemente la puesta en funcionamiento del Instituto con todas sus atribuciones. Necesitamos un mercado consignatario”, sostuvo.
Uno de los últimos productores en tomar la palabra fue Luis Alberto Andrusyzsyn, quien profundizó en la situación económica de los yerbateros.
“Hoy estamos recibiendo un montón de cheques sin fondo. Nos pagan a 30, 60 y 90 días. ¿Cómo puede ser? Mientras tanto la yerba en góndola se paga al contado. ¿Y saben que es lo más triste? Que tenemos compañeros que ni siquiera pueden pagar un abogado para denunciar esto. Necesitamos que de esta Comisión salga un debate que a nosotros nos garantice un precio digno”, reclamó.
“Se dijo que el INYM era un antro. Yo pregunto qué industriales se fundieron entre el 2001 y el 2023. Al contrario señores, crecieron y felicito que mejoren sus estructuras, molinos y galpones. Nadie se fundió, al contrario, se beneficiario. Discúlpenme pero este decreta afecta la calidad, la estadística y la promoción”, dijo en esta línea.
Y concluyó: “Es lindo tener amigos en el Gobierno, porque podes hacer lo que quieras”.
El encuentro también contó con la voz de los tareferos, uno de los segmentos más invisibilidades dentro de esta crisis. La representante de quienes levantan la cosecha fue Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), que expuso en números su situación.
“Nosotros no tenemos un salario fijo sino que trabajamos por destajo. O por kilo, o por metro, o por tonelada, pero nunca por un salario y mucho menos digno. Un trabajador tiene que sacar mil kilos de esta hoja livianita, que es así a propósito para que nunca llegues a esos mil kilos. Y si el productor no puede pagar ni el gasoil, menos puede pagarle al tarefero. Entonces, dependiendo del patrón, recibimos 40, 45, 50 mil pesos por tonelada. Hoy no podemos subsistir en la provincia y empezó una problemática social muy seria, con cosecheros que emigran del país”, señaló Cubilla.
“A partir del minuto cero de este DNU desregularon nuestras vidas. La vida de la mayoría de las familias misiones. Están destruyendo esta producción. Trajeron la destrucción con este DNU”, sostuvo.
En representación de las cooperativas agrícolas de Misiones, Gustavo Hein, presidente de FEDECOOP, remarcó el clima de crisis que se vive en base a las propias estadísticas difundidas por el INYM.
“Hoy el precio de la materia prima que perciben los productores es irrisorio. El último costo que publicó el INYM en octubre de 2025, sin rentabilidad, arrojaba 423 pesos con 99 centavos para producir un kilo de hoja verde. Hoy se está pagando, como se dijo acá, un promedio de 240. O sea que el productor está cobrando mucho menos que lo que le cuesta producir”, detalló.
“Es muy importante identificar desde el lugar donde uno habla y qué intereses defiende. Yo me paro en este lugar defendiendo a los pequeños y medianos productores, y a las cooperativas de mi provincia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos parte de ese sector y porque ese sector hace la construcción del tejido social de Misiones. No hay pueblo donde no haya cultivo de yerba mate. Cuando defendemos al pequeño y mediano productor, a las cooperativas, estamos defendiendo nuestro tejido social”, sostuvo luego.
¿Pero qué tuvieron para decir quienes apoyaron los cambios al interior del INYM?
El primer contrapunto estuvo a cargo de Rodrigo Correa, actual presidente de ese Instituto, que fue el destinatario de algunas de las pocas chicanas que se dieron en el encuentro. Según varios de los productores presentes, era la primera vez que “le veían la cara”.
“Al asumir la conducción de este instituto, nos encontramos con un gran grupo sobredimensionado en todas sus áreas y capturado por la inercia burocrática. Se constató un incremento injustificado del 40% en la planta de trabajadores entre los años 2020 a 2023. No había control operativo ni transparencia”, relevó el funcionario en primera instancia. Vale recordar que Correa fue designado luego de dos años de acefalía adrede en el organismo, justamente la estrategia elegida por el gobierno de Milei para que el INYM no pudiese sesionar y cumplir con la formulación de precios de referencia.
A continuación, el funcionario desestimó los “pronósticos de colapso” y aseguró que “los datos del último quinquenio demuestran un proceso de saneamiento cultural”.
“Hoy se observa que obtuvimos un beneficio directo al consumidor. Tras la desregulación, el precio promedio de la yerba mate en góndola ha experimentado una caída real significativa del 46%, terminando con la distorsión de precios que repercutía en los hogares. La producción de hoja verde se ha mantenido estable”, dijo.
“Es fundamental desarmar la retórica populista de que la regulación protegía al más débil. El Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios”, afirmó.
Con los siguientes expositores, los aplausos del sector oficialista, en especial de representantes de Corrientes, no tardaron en llegar.
Gustavo Quatrin, CEO de Playadito (Cooperativa Liebig,) reconoció en primer lugar que “el productor hoy está muy mal”. “Los precios más bajos del mercado son de abandono y los mejores que se pagan perdieron, con los de finales del 2023, más del 50%”, dijo.
Sin embargo, sostuvo que “la solución está en el mercado y no en que el estado indique a qué precio debemos vender. Las industrias que tienen marcas en las góndolas son las más preocupadas de que el producto este a la altura y supere las expectativas”.
“El INYM no cumplió la ley tal cual estaba escrita. Norma que no se puede cumplir, no se debe formular. Y una regulación no es más que una norma. Se han escrito normas que no se podían cumplir. Desde el 95 hasta el 2002 los precios no dejar de caer. En el 2001, 2022 Liebig tuvo récord de producción. Cada 30 años pasamos de precios espectaculares a abandono. Estamos ante un periodo de sobreoferta, y lamentablemente cuando hay más producto ofrecido los precios se desploman”, afirmó.
En paralelo, y representante a la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, Joaquín Comas indicó: “Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagarla. Son ciclos, es el riego de cualquier profesión. No podemos pedir a ‘papá Estado’, cuando me va mal, que me empareje la cancha con restricciones”.
Luego, apuntó contra la regulación de los nuevos yerbales. “Se habla de reglamento pero no de la Constitución. El derecho a comerciar libremente y a la propiedad privada. Quién me puede venir a decir que en mi propiedad privada yo puedo plantar lo que se me diga. Pongamos las cosas como son. A mí no me la conto nadie, yo fui director del INYM, vine a esta Cámara en el 2024 y dije que me había encontrado con un antro. Esa Dirección del INYM lo único que hizo fue restringir y poner palos en la rueda a toda la cadena”.
“Lo que hizo el INYM fue ser el mejor promotor de la yerba mate de Brasil y Paraguay”, finalizó.
Estas posturas fueron acompañadas por el diputado de la Libertad Avanza por Misiones, Diego Hartfield. “Lamentablemente, después de 20 años de precio regulado y de tantas supuestas bonanzas, en el mundial vamos a tener un sponsor brasileño. Eso habla del fracaso total”, dijo con un leve tono chicanero.
A continuación, aseguró que “uno entiende la situación en la que están los productores, porque es real y no lo vamos a negar”, pero sostuvo que “no creemos en la regulación del precio como una solución”. Por el contrario, afirmó que “sí creemos en los incentivos que van a tener los empresarios y ustedes para fortalecer la demanda de nuestra yerba. Todavía no podemos crecer en demanda y en Uruguay se consume el doble per cápita”.
A modo de conclusión, y adhiriendo al argumento de la crisis cíclica de sobreproducción, señaló: “El tema es encontrar cuál es la verdadera raíz de esto y ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo. Algunos creen que es por la desregulación, nosotros no lo creemos.
