La nueva licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal del Río Paraná (Hidrovía) volvió a quedar bajo cuestionamiento judicial y administrativo, en un contexto ya atravesado por sospechas sobre el proceso anterior, que el propio Gobierno nacional terminó anulando tras una escalada de denuncias cruzadas, acusaciones de direccionamiento y observaciones de organismos de control.
El antecedente más inmediato es el fallido proceso licitatorio lanzado en 2024 y dado de baja en febrero de 2025, luego de que quedara un solo oferente en carrera y se acumularan cuestionamientos sobre la confección de los pliegos. En aquel momento, empresas interesadas en competir denunciaron condiciones presuntamente restrictivas y diseñadas para limitar la participación, mientras que desde el Ejecutivo se habló de maniobras empresariales destinadas a entorpecer el procedimiento y desalentar competidores.
La controversia escaló cuando la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en la licitación. El organismo puso el foco en posibles problemas de transparencia, competencia y control administrativo, además de cuestionar la ausencia de estudios ambientales integrales previos al diseño del pliego. Según la PIA, avanzar con esos análisis una vez definido el esquema licitatorio convertía la evaluación ambiental en “una mera formalidad”.
Tras la caída de aquella primera licitación, el Gobierno relanzó este año un nuevo proceso para adjudicar nuevamente el dragado, balizamiento y mantenimiento del sistema por donde sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. La nueva convocatoria incorporó cambios técnicos, ajustes en las condiciones económicas y mecanismos de supervisión internacional para intentar despejar sospechas.
Sin embargo, pese a esas modificaciones, el proceso volvió a quedar bajo presión, luego de que el diputado Jorge Taiana solicitara la suspensión del proceso licitatorio por las graves irregularidades, los cuestionamientos técnicos, jurídicos, ambientales e institucionales.
A través de un proyecto de resolución, Taiana afrima que peritos informáticos señalaron que el informe supuestamente atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD – ONU) que el Gobierno Nacional presentó como aval respaldatorio “es apócrifo”.
Según establece el denunciante, esta nueva prueba se suma a las tres denuncias penales que investiga la Procuración de Investigaciones Administrativas y al pedido de informes que presentó Taiana anteriormente en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, Taiana expresó: “Lo venimos señalando desde el principio: el proceso licitatorio de la Via Navegable Troncal está plagado de irregularidades y sospechas y por eso pedimos su impugnación”.
La denuncia llega en medio del proceso licitatorio, posterior a que el gobierno nacional anuncie la finalización de la segunda etapa de la licitación, en la que, tras la evaluación técnica, se explicitó que las empresas que quedan en pie son las dos firmas belgas, Jan de Nul y Deme.
“Finalizado el análisis técnico, Jan de Nul recibió 66,2 puntos, mientras que DEME NV obtuvo 42,14 puntos”, señaló la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) en un comunicado, confirmando que el proceso de privatización de la Hidrovía tiene, por ahora, un favorito. Es la misma empresa que viene haciendo la tarea desde los años 90, con la primera concesión.
El proyecto de modernización y gestión de la ruta fluvial, una de las prioridades para el 2026 en Casa Rosada, avanzará ahora hacia el último tramo, que es el que corresponde a las propuestas económicas.
