Nadie puede negar que el 2025 fue un año bisagra para el modelo de tasas viales. La “bronca” de los productores y vecinos por el mal estado de los caminos, empeorado aún más por la intensa temporada de lluvias en el centro del país logró, cuanto menos, ponerlo en tela de juicio.
En algunos casos, como Junín, se decidió directamente la privatización del servicio. Pero en muchos otros municipios, la vía elegida fue la “rebelión fiscal”, que llegó a poner a políticos tras las rejas y que ya ha llevado a varios municipios a los tribunales.
Esta semana fue el turno de Baradero, donde el modus operandi fue el mismo al de otras localidades, como Pehuajó o Henderson: los productores decidieron elevar un pedido de información pública para conocer qué se hace con los fondos recaudados por la tasa vial y, ante la nula respuesta oficial, se avanzó con un recurso de amparo, al que recientemente se le dio lugar.
La causa, que lleva adelante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de San Nicolás, tuvo un nuevo giro este miércoles, cuando la jueza María Isabel Fulgheri dio lugar al recurso de amparo interpuesto por la Sociedad Rural de Baradero. La medida, explicó el abogado Pablo Abdon Torres Barthe a este medio, llega luego de un pedido de acceso a la información pública hecho el 16 de marzo, que no fue respondido por el municipio.
Quien llevó adelante el proceso de forma personal fue Bruno Violi, el presidente de esa entidad local. “Nosotros queremos que nos arreglen los caminos, nada más”, señaló el productor, en diálogo con Bichos de Campo.
El municipio del norte bonaerense cuenta con una red vial de 600 kilómetros que, asegura el ruralista, están “intransitables” y conforman “un problema histórico” dentro del municipio. Hace pocos años, la solución había sido crear un consorcio caminero para su mantenimiento, pero el municipio decidió discontinuarlo y hoy la disputa se define en la Justicia.
El de la tasa vial es un tributo que se cobra por la contraprestación de un servicio. Históricamente, en Baradero era sólo una cuota anual, pero hace ya varios años que ascendió a 6 pagos, con una afectación que no supera el 35% y, desde ya, un servicio que no se ofrece como corresponde.
El pasado 16 de marzo, la Sociedad Rural hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer a qué se destinan esos fondos, que se estiman en unos 1000 millones de pesos si se le suma lo coparticipado por el impuesto rural. Los 30 días de plazo que establece la ley 12.475 transcurrieron sin novedades y por eso en junio interpusieron un recurso de amparo.
Con la reciente confirmación del juzgado nicoleño, que consideró que la vía elegida es la correcta, el municipio tendrá hasta el 30 de noviembre para entregar esa documentación.
“Hay días que tenemos que recorrer 100 kilómetros de más para esquivar caminos cortados y alcantarillas derrumbadas. Hay lugares por los que hace 50 años que no pasa una máquina”, relató Violi.
En el año y medio que rigió el consorcio caminero, durante el mandato de la intendenta radical Fernanda Antonijevic, el ruralista asegura que se pudo trabajar sobre unos 200 kilómetros de caminos y reconstruir unas 25 alcantarillas -de las 500 que hay en la zona rural-. Lamentablemente, con el cambio de gobierno y la llegada de Esteban Sanzio, desde el ala del peronismo, ese sistema fue discontinuado “por incumplimiento del municipio”.
Sin embargo, el propio Violi desmiente que esto tenga que ver con afinidades partidarias, y en el mismo expediente del caso hasta los abogados del municipio señalan que el dirigente tiene buen vínculo con los funcionarios. “Tenemos una relación excelente con ciertas áreas del municipio. Con la de caminos, por ejemplo, no fue así y de hecho culminó con el desplazamiento de esas autoridades”, explicó.
De la extensa lista de documentación solicitada a través del recurso de amparo, la jueza Fulgheri permitió que se exija, en un plazo de 30 días, la entrega de los balances de los últimos 48 meses, la copia de matriz de costos que sirve de fundamento para aprobar ordenanzas ligadas a la tasa vial, información sobre la cantidad de kilómetros a mantener dentro de la comuna y su distribución, las ordenanzas impositivas de los años 2023 y 2024, y un informe de las últimas 10 acciones destinadas al mantenimiento de caminos rurales.
A partir del análisis de toda esa información, los productores podrán evaluar si lo que aportan en términos de tasa vial tiene efectivamente una contraprestación de servicio y, en caso de que no sea así, solicitar su impugnación o que se realicen cambios en el sistema.
