La Corte Suprema de Justicia Santa Fe –tal como había recomendado el Procurador General– resolvió finalmente rechazar un pedido de avocación presentado por acreedores granarios del concurso de Vicentin SAIC y ordenó que el proceso sea continuado por el juez concursal Fabián Lorenzini.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe aconsejó a Lorenzini que promueva una reformulación de la propuesta presentada por el directorio de Vicentin para que contemple especialmente tres cuestiones.
La primera –indica el fallo– comprende “la situación general de todos los acreedores verificados, pero también la situación particular de los que no acepten la propuesta de acuerdo”.
La Corte Suprema, presidida por Rafael Gutiérrez, señaló que Lorenzini debería tener consideración por la postura del “Banco de la Nación Argentina, que representa los intereses de la República –y, por ende, de todos los argentinos– con aproximadamente trescientos de millones de dólares de créditos verificados –entre privilegiados y quirografarios–, que no aceptó la propuesta de la concursada”.
También recomendó al juez concursal que tenga en cuenta la existencia de las causas penales en trámite, tanto ante el fuero provincial como el federal, donde se ordenaron diferentes medidas cautelares con el propósito de asegurar el patrimonio de la firma concursada para evitar la fuga de activos que integran la garantía común de los acreedores.
Entre ellas se menciona la cautelar dispuesta por Nicolás Foppiani, integrante del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario, que dispuso la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin tendría participación accionaria o respecto de las cuales los denunciados serían sus representantes legales.
También se mencionan la acciones interpuestas por el juez rosarino Hernán Postma, quien determinó la prohibición de desprenderse de activos, levantamiento del secreto bursátil, bancario y fiscal, interdicción de cajas de seguridad, congelamiento de cuentas bancarias, medida de prohibición de innovar respecto de bienes, inhibición general de bienes y allanamientos sobre la concursada y ex directivos de Vicentin.
“Dichas medidas cautelares deben ser consideradas por el juez del concurso a los fines de ser respetadas y armonizadas con la decisión que eventualmente se tome en caso de arribarse a un acuerdo en este proceso falencial”, recomendó el fallo de la Corte Suprema.
Por último, el máximo órgano de justicia de la provincia consideró que la propuesta también debería “procurar maximizar el cuidado de los puestos de trabajo” en Vicentin, dado que, “en caso de peligrar su continuidad, dejaría en una situación de vulnerabilidad a numerosas familias, principalmente del norte santafesino, donde la concursada tiene su principal actividad”.
En junio pasado, a partir de un pedido de avocación solicitado por un grupo de acreedores granarios, el proceso concursal de Vicentin había sido derivado a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para quedar desde entonces en “suspenso”.
El directorio de la concursada Vicentin asegura que ya dispone de las conformidades necesarias para aprobar la propuesta de rescate de la compañía, en la que participan la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y las filiales argentinas de Bunge y Viterra.
