La duda quedó flotando luego de la conferencia de prensa en que el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó algunas medidas de alivio para los productores que sufren pérdidas debido a la gran sequía de los últimos meses. Por eso Bichos de Campo consultó oficialmente a la Secretaría de Agricultura y la respuesta que recibimos fue la más dolorosa, pues restringe solo a una porción de productores los beneficios excepcionales ideados desde el gobierno.
-Hay muchas dudas de los productores respecto de esto: ¿Las medidas anunciadas por Massa son solamente para aquellos alcanzados por la Ley de Emergencia Agropecuaria (es decir los que hayan sufrido un umbral de daño superior al 50%) o para todos los productores afectados incluso en porcentajes menores?
-Son para productores alcanzados por la emergencia. Por eso es importante que las provincias que estén en esta situación las declaren.
La respuesta oficial a esta inquietud, que deberá confirmarse en la letra chica de las resoluciones que vayan emitiendo los distintos organismos involucrados, reduce de una forma despiadada la cantidad de productores que se podrían beneficiar y aferrarse a algunas de las tablas de salvación crediticia o impositiva que dejará flotar el gobierno para evitar el naufragio de muchas explotaciones rurales este año.
Para empezar, porque la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria, reformada en 2009 durante la última gestión de Cristina Kirchner, históricamente estableció que los productores podrán solicitar ser declarados en esa situación cuando tengan un daño superior al 50% en su producción proyectada. Es decir, a modo de ejemplo, si tenían sembrado un trigo y el rinde promedio en esa zona era de 28 quintales, solo podrían recibir el certificado de emergencia de haber cosechado 14 quintales o menos. Si cosecharon 18, pues no son considerados a los efectos de la aplicación de esta ley 26.509.
En el caso de acceder a la Emergencia el productor suele ser beneficiado por prórrogas impositivas y de sus créditos bancarios. Allí también se establece que habrá otra categoría más grave, que implica la condonación de pasivos o impuestos. Es para “los productores comprendidos en las zonas de desastre deberán encontrarse afectados en su producción o su capacidad de producción en por lo menos un 80%”.
Las Emergencia Agropecuarias deben ser declaradas primero por las provincias para determinadas regiones afectadas por fenómenos climatológicos como una sequía o inundación. Luego, esa declaración provincial debe ser homologada por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria para que los beneficios se extiendan a los organismos y bancos nacionales, como AFIP y el Banco Nación. Pero antes de esto, el productor debe presentarse individualmente (de modo voluntario) y ser inspeccionado por las autoridades locales, para certificar el umbral de daño sufrido.
De allí que en su respuesta, el vocero oficial haya recomendado: “Es importante que las provincias que estén en esta situación las declaren” a las emergencias. Si no lo hacen, estos trámites jamás serán elevados a la órbita nacional y en consecuencia las medidas adicionales anunciadas por Massa no correrán para los productores locales.
Entonces ya hay dos limitantes notables que achicarán la cantidad de explotaciones agropecuarias alcanzadas potencialmente por estas medidas. Una es que deben haber sufrido un daño de más del 50%, cosa que en un escenario de sequía -con cultivos que caen respecto de sus rindes potenciales o una mortandad parcial de los rodeos ganaderos- es poco abarca frente al universo realmente afectado. La segunda es que provincias y gobierno federal deberían apurarse a hacer todos los trámites.
De algún modo esto explica los cálculos modestos del propio Ministerio de Economía, cuando anoche habló de un universo de 54.000 productores potencialmente socorridos con el paquete anunciado por Massa. La cantidad de explotaciones agropecuarias en el país es de más de 250 mil. Es decir que con este criterio solo 1 de cada 5 productores (y casi todos se vieron afectados de una y otra manera por la escasez de lluvias de los últimos tiempos) aplicaría para recibir alguna ayuda.
Entonces habrá que reescribir los anuncios, que ahora lucen otra vez decepcionantes.
- El fondo rotatorio de 5.000 millones de pesos se distribuirá a través de las provincias, los municipios (y posiblemente las cooperativas) como asistencia directa a unos 18 mil productores que hayan sido declarado antes en situación de emergencia. Esa suma es inferior a los 17.000 millones de pesos que tiene asignados este año en el Presupuesto la Secretaría de Agricultura para actuar frente a estos casos.
- La suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias será solamente “para aquellos productores abarcados por la emergencia”. Quedan dudas aquí cuando Economía informó que la AFIP, en la revisión de los casos, “va a poner el ojo en los productores con más de 50 millones de pesos declarados de ganancia en el 2022” y que esto es “a los efectos de que el pequeño productor no tenga miedo de plantear el pedido de emergencia con la idea de que después viene la AFIP y revisa los números”.
- La suspensión de los juicios de ejecución fiscal y la suspensión de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por los procedimientos de emergencia ahora es presentada como una medida excepcional, pero forma parte de los mecanismos previstos en la Ley Nacional.
- Para los 4.200 ganaderos que se estimó han tenido que apurar sus ventas de hacienda, la prometida no contabilidad de esas ventas en el cálculo del Impuesto a las Ganancias correría solo para aquellos “declarados en situación de emergencia”.
- La refinanciación de los pasivos del Banco Nación, que es algo que también prevé la ley original, también será respetando las tasas subsidiadas para aquellos productores “declarados en situación de emergencia”.
- El Banco Nación prometió además “15 puntos más de subsidio de tasa para acompañar al productor que tenga que ir a tomar crédito” para recomponerse de la sequía. En este caso la línea prometida llega a 50.000 millones de pesos, siempre para “productores y productoras que se encuentran abarcados por la emergencia”.
- “El día jueves en la reunión de Directorio, el Banco Central de la República Argentina va a derogar la resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que de alguna manera podían acceder al crédito y habían quedado limitados por el tema de la liquidación del dólar soja, a los efectos de volver a darle la oportunidad de acceder al crédito sin castigo de sobretasa”. Esta quizás sea la única promesa oficial que beneficie al conjunto del sector y no solo a los declarados en Emergencia.
