Falló el kirchnerismo, que prometió en boca de la presidenta cristina Fernández un “seguro agrícola multirriesgo” que nunca llegó, y solo renovó la vieja Ley de Emergencia Agropecuaria en 2009, con un fondo congelado de 500 millones de pesos. Falló también el macrismo, que estudió y ensayó con un sistema de seguro agrícola por índices, que también quedó en la nada por falta de presupuesto. Falló entonces el Estado, y los productores que siguen bastante desguarnecidos ante cada catástrofe climática que sucede.
En este contexto, y tal como ya había informado Bichos de Campo, son las provincias que ensayan nuevas fórmulas para ayudar a los productores afectados por el clima. En el caso de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti presentó este martes un proyecto de ley para actualizar la legislación provincial y crear el nuevo Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Será financiado con parte del a recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural.
El mandatario santafesino presentó la iniciativa que será remitida a la Legislatura provincia ante representantes de los sectores agropecuario e industrial de la provincia. El proyecto “tiene por objetivo prevenir y reducir daños de emergencias y desastres agropecuarios causados por factores climáticos, meteorológicos, biológicos o físicos”, explicó un comunicado.
La ley, de aprobarse sin cambios, crearía el Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, en reemplazo de la actual ley 11.297 de declaración de desastre y/o emergencia agropecuaria, vigente en la provincia por más de 27 años.
“Todos somos conscientes de que tenemos momentos de incertidumbre, pero frente a esa instancia tenemos la certeza que Santa Fe va a seguir produciendo y sembrando, vamos a cosechar y vamos a fabricar. Hay variables que no vamos a modificar desde la provincia, no manejamos el tipo de cambio ni la tasa de interés, pero sí hay herramientas que si están a nuestro alcance las tenemos que movilizar”, explicó Perotti.
El gobernador remarcó que el proyecto incorpora “un dato no menor: la ley actual contempla los beneficios para los titulares de la tierra, y hoy el 70% de la actividad se hace sobre tierras arrendadas, y ese número mayoritario en los que están realizando las actividades sobre el suelo, no tienen acceso a ningún beneficio”.
También aseguró que estas medidas “son para nosotros una clara inversión y un resguardo de la estructura productiva santafesina, por lo cual me parece que es una buena oportunidad para que, en conjunto, podamos generar una actualización de estas herramientas”.
El proyecto de ley presentado busca derogar la ley de Emergencia Agropecuaria 11.297, que está vigente desde 1995, ya que es una ley post evento y solo tiene como beneficiarios a los propietarios de la tierra con beneficios directos de prórroga o condonación del impuesto inmobiliario rural.
El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario; y fue elaborado por el Ministerio de Producción con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfe, Coninagro, FAA, Meprolsafe, AFA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.
Los beneficios de la propuesta incluyen la condonación o prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural, e incorpora condonación o prórrogas de la patente de un vehículo afectado a la actividad agropecuaria.
Además prevé asistencia financiera para la realización de inversiones destinadas a la prevención de la ocurrencia de eventos adversos sobre la producción, a los fines de dotarlo de herramientas para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción; y para recomponer el capital de trabajo afectado durante la ocurrencia de eventos adversos; y, por último, el desarrollo y fomento en la adopción de coberturas para disminuir los riesgos de sequías e inundaciones, como así también el subsidio de primas de seguros agropecuarios destinado a pequeños y medianos productores que permitirá darle acceso a este tipo de herramientas.
Para llevar adelante estas políticas de prevención y reducción se va a constituir un fondo provincial, integrado con el 40% del Impuesto Inmobiliario Rural, luego de la coparticipación a municipios y comunas.
Sobre el proyecto, la secretaria de Agroalimentos de la provincia, María Eugenia Carrizo, remarcó algunos de los cambios que propone el proyecto, como el “considerar no solo como beneficiarios a los productores, propietarios de la tierra, sino también a los arrendatarios, lo que apunta a que el Estado acompañe a aquellos que invierten permanentemente en cada sistema de cultivo, a los que arriesgan, producen y generan trabajo y divisas”.
“Otro de los grandes cambios que contempla este proyecto es que es una ley post-evento, es decir, si bien el Estado acompaña al sector una vez que sucede un fenómeno como una sequía o una inundación, proponemos que también lo haga con los productores que toman diferentes acciones a lo largo de cada ciclo productivo, tanto en la prevención y en la recomposición de trabajo, para contemplarlos con determinados beneficios”, añadió Carrizo.
El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, destacó que el proyecto “salda una vieja deuda que había con los productores. La ley actual está enfocada cuando ocurren los acontecimientos climáticos y es una herramienta anticuada. Las entidades con el gobierno de la provincia trabajamos en un nuevo marco normativo, que hace hincapié en la prevención de los riesgos, actuar y realizar acciones previendo los acontecimientos que van a ocurrir”.
