En la visita que hizo a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la semana pasada, el ministro de Interior Diego Santilli dio por hecho la media sanción de la Reforma Laboral en el Congreso. Por estas horas, en los pasillos del Senado se pulen detalles del proyecto oficialista y, tras casi dos meses de negociaciones, este miércoles se debatirá en el recinto.
El proyecto cuenta desde el comienzo -se sabe por ingerencia de la Sociedad Rural Argentina y el acompañamiento de las demás gremiales- un capítulo específico dedicado al trabajo rural. Lógicamente, también allí se replican muchas disposiciones que afectan a otros convenios colectivos de trabajo, y también allí se cristaliza el descontento del sindicalismo respecto a los planes de Casa Rosada.
A pocas horas de que el mileísmo y los bloques “dialoguistas” sellen el acuerdo en la Cámara Alta, Bichos de Campo dialogó con Carolina Llanos, Secretaria Nacional de Prensa de la UATRE, sobre los puntos específicos que preocupan al sector y los efectos que esperan que tenga en el ámbito rural esta reforma estructural.
El Título XI, referido a los cambios al al Régimen de Trabajo Agrario, pasó desapercibido de los dardos arrojados las últimas semanas. Y es que las negociaciones entre Balcarce 50 y las provincias estuvieron más bien centradas en aspectos fiscales, como la rebaja de Ganancias para empresas y la coparticipación, y el “núcleo duro” de la reforma se mantuvo prácticamente inalterable. Más aún para su apartado vinculado al sector rural.
Tal como sucede en los demás sectores, puertas adentro del gremio reconocen que hay cambios que son necesarios, pero disienten en sus prioridades con las patronales y se oponen al proyecto propuesto por ellas. Mientras el sector prepara una nueva movilización para este miércoles, la consulta obligada
-¿Qué es lo que le preocupa a la UATRE de la reforma laboral así planteada?-, le preguntó Bichos de Campo a Llanos.
Hay ahí diferentes niveles en los argumentos del sector. En primera instancia, el hecho de que la reforma laboral modifique la Ley de Trabajo Agrario (26.727), exclusiva de ese sector, del mismo modo que lo hace con otros sectores económicos.
“No somos una actividad más. El trabajo rural es estacional, depende de cosechas, del clima y de ciclos productivos. Cambiar estas reglas sin contemplar estas particularidades es ignorar cómo funciona el campo argentino”, expresó la referente sindical, que considera que desde el “vamos” el proyecto de las patronales agropecuarias está mal dirigido.
En ese sentido, señaló Llanos, lo que hay en el Título XI es una serie de “flexibilizaciones” que “desconocen las particularidades del sector”. Y las repasa una por una.
Uno de los puntos centrales en el debate entre las patronales agropecuarias y su sindicato es el de la figura del “trabajador permanente discontinuo”, que establece que, como los tiempos de trabajo en el campo son cíclicos y estacionales, un trabajador mantiene el vínculo laboral aún en períodos de inactividad. Eso, por supuesto, le permite mantener su antigüedad y acceder a los derechos de otro trabajador permanente, como vacaciones, aguinaldo e indemnización.
En la lista de propuestas enviadas por la SRA, la idea era directamente eliminar esa figura, lo que para los sindicatos suscita directamente un “fomento a la precarización”. Pero lo cierto es que texto definitivo, firmado por el presidente Javier Milei y debatido ahora en el Congreso, la mantiene inalterable.
“El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley”, reza el nuevo artículo 16 de la Ley de Trabajo Agrario, igual al anterior. Pero lo que sí agrega es un aspecto que antes sí estaba expresamente prohibido: el período de prueba.
La UATRE anunció que se suma a la movilización de la CGT y rechaza la reforma laboral del Gobierno
Se trata de una ventana de 8 meses en las que, del mismo modo que en otros sectores, el empleador puede evaluar al trabajador rural y decidir si lo contrata formalmente o no. Lo cierto es que, si se tiene en cuenta los tiempos de trabajo en el agro, con esa modalidad directamente podría tenerse en “evaluación” a los trabajadores cada vez se los necesite.
“En el sector rural hay miles de trabajadores migrantes que se trasladan según la cosecha o la actividad de temporada. Hoy, como permanentes discontinuos, el empleador tiene la obligación de volver a convocarlos, pero con la reforma, cada temporada podrían quedar ‘a prueba’, sin estabilidad ni antigüedad”, señaló Llanos.
Y agregó: “Esto no es fomentar empleo, es legalizar la inestabilidad permanente, porque trabajadores que hoy tienen continuidad reconocida pasarían a empezar de cero todos los años”.
El texto completo de la reforma laboral:
Los cambios alcanzan también a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, una entidad que, entre otras funciones, tiene la de oficiar como “veedora” de las paritarias. En el artículo 110 de la reforma se establece que, si bien los salarios seguirán negociándose al interior de ese ente, ya no será una paritaria tripartita con voto del Estado sino que se decidirá entre el gremio y los empleadores.
Respecto a ese cambio, Llanos afirmó que “en los hechos, se fortalece la posición del sector empresario para bloquear negociaciones y se debilita la capacidad de los trabajadores de defender su salario”. Como la votación ahora es entre dos partes, el Estado ya no tiene que “desempatar” y sólo debe luego homologar la paritaria, por lo que, sostienen desde el sector, eso deja a los trabajadores como “rehenes de la falta de acuerdo”.
En términos comparativos, lo cierto es que el agro es uno de los únicos sectores donde la negociación colectiva cuenta con una participación directa de funcionarios del Ministerio de Trabajo.
Los cambios en la forma de negociar el salario mínimo también impactan en el nuevo artículo 34 propuesto por la reforma, en el que se mantiene la figura del “pago por rendimiento” -mediante la cual el trabajador cobra un plus de acuerdo a lo que produce-.
“La remuneración por rendimiento del trabajo se determinará en la medida del trabajo que se haya efectuado, pero en ningún caso podrá ser inferior, para una jornada de labor y a ritmo normal de trabajo, a la remuneración mínima que acuerden las partes en el marco de la negociación del artículo 32 y para esa unidad de tiempo”, expresa el nuevo proyecto.
Si bien no se modifica el hecho de que, de no alcanzarse el objetivo propuesto, el trabajador deba cobrar el salario mínimo, lo que sí cambia ahora es ese “piso”, considerando los cambios de la negociación salarial dentro de la CNTA. Y si el salario mínimo es insuficiente, un consecuente mayor esfuerzo por lograr ese objetivo y obtener un plus.
“En el campo, donde el rendimiento depende de la naturaleza y no de la voluntad del trabajador, eso puede significar jornadas completas por ingresos cada vez más bajos”, observó la referente gremial.
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El activo rechazo desde la UATRE al proyecto oficialista también recae por otro punto central, el de la responsabilidad solidaria, que legisla sobre la situación de las denominadas cuadrillas o empresas contratistas. En concreto, lo que se hace es eliminar la responsabilidad de los dueños de maquinarias, equipamiento y, fundamentalmente, las tierras para con los trabajadores que emplee quien los arriende.
“Ese es otro punto gravísimo”, calificó Llanos, que sostiene que la reforma “legitima un esquema de tercerización donde el empleador real se desentiende”. El argumento, a su parecer, es que en muchos casos las cuadrillas o contratistas “no son el empleador real, sino una pantalla”, ya que responden a otros establecimientos o empresas.
“No es modernización, es una forma de encubrir la relación laboral, diluir responsabilidades y facilitar la precarización en el sector rural”, agregó.
Son muchos los frentes que abre hoy la discusión en torno a la reforma laboral. Lo cierto es que en el agro, el caso no ha suscitado mayores debates con los bloques “dialoguistas” o mismo el oficialismo, pues está claro que la discusión corre hoy por otro carril, y que las desventuras del sector no afectarán a la votación dentro del recinto. Además, con el aval de la Mesa de Enlace, en Casa Rosada saben bien que tienen “en el bolsillo” al actor que más les interesa.
La discusión, de todos modos, merece ser librada. Y deja también un gusto amargo al sector gremial. “Estamos hablando de derechos básicos para una actividad que ya es dura, riesgosa y muchas veces se desarrolla lejos de centros urbanos. La ley actual reconoce nuestras particularidades y quitar esas protecciones en nombre de la ´flexibilidad´ no es modernizar: es desproteger el trabajo rural y retroceder en derechos que costaron años construir con organización y pelea colectiva”, lamentó Llanos.
Tampoco la discusión encuentra hoy a este universo en una situación ideal. Y son constantes las fiscalizaciones en las que, sin ir a los extremos de la explotación laboral -que también la hay- se sigue detectando un alto índice de informalidad. Ese es un escollo que la reforma laboral se supone apta para superar, un aspecto que, en la UATRE, descreen categóricamente.
“Quitar derechos no corrige el problema: lo profundiza y nos hace retroceder como sociedad”, concluyó la referente.
