Los productores vitivinícolas de Cuyo están próximos a ingresar a una de las etapas fundamentales del ciclo productivo, pero, en un contexto de marcada crisis en el sector, también una de las más críticas. Y es que, a semanas de que comience la vendimia 2026, con la cosecha de los primeros varietales, la uva para vinificar no tiene siquiera precio y, en el mejor de los casos, lo ofrecido por el sector industrial es lo mismo que hace dos años atrás.
Hace algunas horas, el gobierno de Mendoza oficializó una línea de financiamiento destinada, justamente, a cubrir los costos de cosecha y acarreo. Tal como había adelantado Bichos de Campo días atrás, el anuncio llega en medio de tensiones sectoriales y tras el aviso desde el sector viñatero de que, sin instrumentos específicos, en muchos casos será más rentable dejar la uva en el parral que cortarla para su venta a precios irrisorios.
En verdad, las negociaciones de los productores estuvieron recientemente dirigidas a intentar mejorar los valores que se pagan por la uva, que en el caso de los varietales finos, por ejemplo es de 300 pesos por kilo. Ese monto, que es el mismo que desde 2024, estiman que generaría pérdidas no menores a los 2000 dólares por hectárea, y por eso es que, en muchos casos el sector evalúa seriamente no cosechar.
Sin haber logrado aún mejoras con esas diligencias, lo que sí avanzó es la vía política. Tras la asamblea celebrada el pasado miércoles y la reunión con las autoridades, la gobernación anunció que, de cara a la Vendimia 2026, productores y cooperativas vitivinícolas mendocinas podrán acceder a créditos específicos.
El beneficio alcanza a establecimientos de no más de 20 hectáreas y busca cubrir, mediante tasas subsidiadas y un plazo de gracia, los costos más importantes para el sector, que son los que generan la cosecha y el acarreo, por el empleo de mano de obra, la logística y otros insumos.
El instrumento, oficializado por el Ministerio de Producción mendocino, será implementado a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y contempla diferentes montos de acuerdo al tipo de uva. Para las no varietales, el máximo es de 7000 pesos por quintal, mientras que para las varietales asciende a 9.000 pesos por quintal.
Si se toma el caso de Valle de Uco, donde se producen varietales finos, el crédito de 7000 pesos por quintal mejoraría el precio de la uva en unos 70 pesos por kilo, elevando el techo de 300 pesos ofrecido por la industria. Si se mira el impacto por hectárea, sin embargo, la suba no alcanza a paliar la pérdida económica que estima el sector, sino a hacerla “menos terrible”: en vez de 2000 dólares por hectárea, pasarían a perder entre 1000 y 1400, dependiendo del rinde.
Ello no implica, sin embargo, que el beneficio impositivo no sirva al sector, sino que demuestra que no es suficiente para paliar su difícil situación. La otra negociación, la del precio por kilo con las bodegas y transportistas, deberá seguir su curso.
En cuanto a la tasa de interés, tanto para uvas varietales como para las que no lo son, será de alrededor del 10%, ya que se fija en torno al 50% de la TNA publicada por el Banco de la Nación Argentina, que es hoy del 20%.
Para la devolución, lo dispuesto son dos pagos diferidos, previstos para el 15 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027, en función de los calendarios sectoriales. De hecho, uno de los temores esgrimidos por referentes viñateros -a los que este medio consultó- era el “riesgo” de tomar crédito sin tener aún un precio fijado de la uva o siquiera condiciones en las que se les va a pagar.
Para acceder a las líneas de crédito, se aceptan gestiones a través del Fideicomiso de Garantía de Vino y Mosto, garantías hipotecarias, prendas sobre automotores y
fianzas otorgadas por Sociedades de Garantía Recíproca. Si el monto no excede los 17 millones de pesos, se admite la fianza personal. EL plazo para hacer las presentaciones vence el 30 de abril.
De acuerdo a lo informado por la cartera productiva, que dirige Gustavo Fernández, esta nueva vía de financiamiento se suma a otras ya anunciadas a fines del 2025 para la compra de insumos y el pago de facturas eléctricas, que totalizan unos 11.000 millones de pesos inyectados en el sector.
