En el sector agropecuario argentino la palabra vale mucho y el respeto por las buenas prácticas comerciales suele ser la norma. Por ese motivo, cuando alguien decide aprovecharse de esa circunstancia, suele hacer estragos sin grandes dificultades.
La justicia finalmente dictaminó la quiebra de Gugax S.A., una empresa supuestamente dedicada a la comercialización de especialidades agrícolas que venía sumando denuncias de estafas en los últimos dos años.
La decisión fue adoptada por el juez Fernando Saravia, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N°11, quien hizo lugar a los numerosos pedidos de quiebra, incluyendo el realizado por la propia compañía en octubre de 2025.
El juez ordenó la clausura de su sede social porteña, la inhibición general de bienes, el embargo de fondos, la prohibición de salida del país para su presidente, Oscar Máximo Díaz, y el inicio del proceso de verificación de acreedores.
Gugax acumula 1199 cheques rechazados por un monto total de 11.321 millones de pesos. El último corresponde a un cheque rechazado el pasado 11 de mayo por 2.387.610 pesos, lo que indica que la firma siguió hasta hace muy poco aprovechándose de incautos.
Con los bancos, en cambio, no logró levantar gran cantidad de dinero, porque apenas acumula una deuda bancaria de 80,5 millones de dólares, la mayor parte de la cual corresponde al Superville.
La empresa quebrada tiene un sitio web en el cual asegura que comercializa maíz pisingallo, arvejas y girasol confitero, aunque no es conocida en el ambiente de las especialidades agrícolas. La dirección declarada en la página corresponde a un galpón sin ninguna identificación empresarial.
El 29 de septiembre de 2025, cuando las denuncias por estafa comenzaron a acumularse, se publicó en el sitio web de Gugax un comunicado, sin firma, en el cual se solicitaba a los acreedores que contactaran a un estudio jurídico para “dialogar y permitir derivar en un acuerdo para poder paliar el estado crítico de la firma que presido y así concretar un acuerdo para poder transitar de forma seria la crisis por la que atraviesa la compañía y el país todo” (sic).
El comunicado, por demás extraño y mal redactado, además señalaba que los problemas de la firma eran “producto de una relación bancaria de espíritu totalmente mercenaria y proveedores con un poder de fuego difamador que ha causado un daño irreparable”. La realidad es que un mes después, en octubre de 2025, la propia empresa solicitó su quiebra.
Luego de declarada la quiebra, el abogado de la compañía renunció a su representación tras informar que había perdido contacto con Oscar Máximo Díaz. Bizarro.
El juez Saravia comunicó a los acreedores que deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el 15 de septiembre de 2026 enviando los mismos al correo electrónico [email protected] en archivos de formato PDF en tamaño no superior a los 5 MB cada uno.
