En los últimos 30 años, la pérdida de bosques nativos en Argentina fue de más de 7 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la provincia de Formosa. Es una situación calificada por Greenpeace como “emergencia forestal” y que, según arrojan sus datos, aún no se revierte.
De acuerdo al último relevamiento semestral de la ONG, entre enero y junio de 2026 se deforestaron otras 40.000 hectáreas en el Norte del país, donde el monte convive con la actividad agropecuaria. Entre Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco se barrió con la superficie equivalente a dos veces la ciudad de Buenos Aires. La entidad ambientalista advierte que las multas económicas previstas por la aplicación de la Ley de Bosques no hacen mella en la problemática.
El relevamiento de la organización ambientalista fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que en los primeros 6 meses del año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Es una tendencia que coincide con anteriores relevamientos de la entidad. De acuerdo a su último informe anual, en esa región se perdieron más de 94.000 hectáreas de bosques nativos en 2025. Es prácticamente el doble de lo registrado en esta primera mitad del año.
Por su parte, la provincia de Santiago del Estero continúa liderando el ranking de jurisdicciones con mayor deforestación, auqnue desde la entidad volvieron a poner la lupa sobre Salta, que duplicó la superficie respecto al mismo período del año pasado.
“Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, expresó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El de las multas es, de hecho, uno de los temas que despertó polémtica recientemente en Chaco, donde se aprobaron modificaciones al régimen de sanciones pero se mantuvieron penalidades fáciles de pagar para los infractores.
Todo ello responde, en el fondo, a los ordenamientos territoriales que tiene cada provincia y que se enmarcan en la Ley nacional de Bosques, una norma aprobada en 2007 que Greenpeace califica como “un logro sin precedentes”.
Según señalaron, es lo que ha permitido que desde 2014 en adelante se detectara una disminución de la deforestación cercana al 40% respecto al promedio de la década previa. Pero todavía se evidencia el avance sobre muchas zonas consideradas ilegales y desde la ONG apuntan a los mecanismos de control.
“Hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”, denunció Giardini.
Además de contar con su propia ley, Argentina firmó, en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Con los números actuales, afirman desde la entidad, es aún lejano.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace.
