Esta semana se puso en marcha una versión ampliada del programa oficial “Impulso Tambero”. El nombre parece indicar que el Estado se hace presente con medidas que buscan, valga la redundancia, impulsar a la actividad productiva.
Pero hasta ahora se hizo todo lo contrario: las “retenciones” cambiarias, los derechos de exportación (9,0% en el caso de la leche en polvo) y los controles en los precios de venta al mercado interno no hicieron más que quitar ingresos a la cadena y generar incertidumbres.
Y para colmo de males llegó un desastre climático que barrió buena parte de las reservas forrajeras y sucesivos “dólar soja” que incrementaron los valores de los balanceados.
En este contexto se lanzaron las dos versiones de “Impulso Tambero”, que implica una compensación para los establecimientos productivos “que no es más que un parche, porque de ninguna manera resuelve los problemas del sector”, dijo a Bichos de Campo Eduardo García Maritano, referente de Confederaciones Rurales (CRA) en lechería.
El productor santafecino dijo que las políticas del gobierno “te quiebran las piernas, pero luego te dan estas muletas para que intentes caminar”, una metáfora que explica la perversión del sistema ideado por los funcionarios que no están ni cerca de atender a las demandas genuinas de la cadena láctea.
En junio pasado el valor promedio de la leche abonado a nivel nacional se ubicó en 102,2 $/litro, según datos de Siglea publicados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla).
Se trata de un valor que, de acuerdo a cálculos realizados por técnicos de Iapuco e INTA, no logran –en el promedio de situaciones– cubrir los costos de producción en la mayor parte de las cuencas lecheras.
La única excepción es la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran empresas lecheras de gran escala y eficiencia que logran elaborar leche con costos muy competitivos, de manera tal de lograr una margen favorable en la actual coyuntura.