Para los productores agropecuarios, que con frecuencia son acusados y demonizados por el discurso del oficialismo que les imputa ser responsables de delitos ambientales como los incendios de los humedales o la contaminación con agroquímicos, lo mejor será desconfiar de entrada y preocuparse por ver de qué se trata y cómo funcionará la nueva Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales que acaba de crear el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Esta unidad, que estará conformada por todas las fuerzas de seguridad de la órbita nacional, fue establecida mediante la Resolución 19/2023 que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial con el argumento de que entre las funciones del organismo está la de intervenir frente a los llamados “delitos complejos”.
En ese sentido, el gobierno introdujo los delitos ambientales en dicha categoría, alegando que “afectan la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.
Hasta ahí, todo más que bien. En la resolución, el Ministerio de Seguridad considera que “es necesario contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales”. Luego explica que para hacerlo será “necesario y vital el esfuerzo mancomunado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
Así llegamos a esta norma firmada por Aníbal, que crea esta Unidad especial y define de entrada cuáles serán sus objetivos:
- Coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional.
- Recolectar y sistematizar información sobre los delitos ambientales cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
- Desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y a solicitud de otras áreas del Ministerio de Seguridad.
- Elaborar un mapa de situación, a fin de detectar “zonas calientes”, individualizando los delitos por zonas con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos ambientales.
- Coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en materia ambiental de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos ambientales.
- Suministrar apoyo técnico-administrativo para el funcionamiento de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y gestionar la designación de los representantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que participen de la misma.
- Tomar vista y analizar las causas judiciales en materia de delitos ambientales a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
Como se ve, en el texto legal se cita con insistencia a la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales. La idea es que sea un espacio que mantenga “reuniones periódicas en pos del cumplimiento de los objetivos establecidos” y que estará integrada por el jefe de esta Unidad Especial, las direcciones nacionales de Investigación Criminal, de Investigación de Delitos Federales, de Inteligencia Criminal y de las siguientes fuerzas: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).
En un anexo se definen también los objetivos que tendría esa Mesa:
¿Tendrá la posibilidad la comunidad agropecuaria y quienes son activistas para opinar frente al Estado sobre lo qué es un delito ambiental y cómo debería ser prevenido?
La única posibilidad abierta la deja un párrafo en el que se indica que también formarían parte de esa Mesa “todo otro personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada”.
Es decir que las entidades del agro deberían organizarse rápidamente y también meter presión para que haya representantes del sector en dicho ámbito.
