Esta semana Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, fiscales del Ministerio Público de la Acusación en el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe, acusaron a ex directivos de la concursada Vicentin SAIC para solicitar penas de prisión de hasta 17 años.
Para los integrantes de la concursada Vicentin, la acusación, contenida en un extenso documento de más de 500 páginas, constituye una acción orientada a intentar influir en el proceso concursal.
“El juicio penal indaga en el pasado, buscando responsabilidades; el juicio comercial enfoca el futuro, buscando consensos para la superación de las dificultades”, argumentó Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin
“En el caso Vicentin las dos cosas se confundieron reiteradamente. La auditoría forense, los allanamientos a ex directores, la detención (temporaria) de Omar Scarel, entonces presidente de Vicentin; y ahora la acusación”, añadió.
Bougain dijo que las acciones emprendidas en el ámbito penal por presunta estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta se presentaron siempre en momentos trascendentes de la etapa concursal para intentar condicionar dicho proceso.
“Una vez más, cuando el expediente de la Cámara (de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista) está ordenado y listo para que se pueda dictar sentencia –entendemos que en la línea que venimos buscando desde el principio–, aparece esta fuerte acusación contra ex directores, buena parte de los cuales continúan desempeñándose en distintas gerencias de la sociedad, con quienes trabajamos la incorporación de los socios estratégicos, con quienes logramos los fazones que van a blindar a la sociedad durante todo 2024”, manifestó Bougain.
A fines de septiembre pasado la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista resolvió suspender el proceso de “cram down” habilitado por el juez concursal Fabián Lorenzini. Desde entonces el proceso quedó interrumpido y se espera que en febrero o marzo de 2024 se expida, ya sea validando el “cram down” para que puedan competir diferentes propuestas de rescate de la concursada o bien habilitando la homologación de la propuesta oficial en la que participan ACA, Bunge y Viterra.
En el caso de Vicentin, además de ACA, Bunge Viterra, existen otros dos grupos más –conformados por acopios, empresas agroindustriales y agropecuarias– interesados en presentar propuestas de rescate de la empresa.
Por su parte Jorge M. Ilharrescondo, socio del Estudio Araya Maderna Ilharrescondo e integrante de la defensa de los ex directivos de Vicentin acusados por los fiscales Moreno y Narvaja, sostuvo que la acusación no tiene bases sólidas.
“Esta defensa, que tengo el gusto de compartir con el doctor Daniel Cuenca, más otros letrados que se van a incorporar, va a ir replicando con lujo de detalles cada uno de los planteos acusatorios de los fiscales y en la audiencia preliminar discutiremos la acusación y, si llegamos al juicio, veremos si pueden salir a justificar todas las pretensiones que hacen”, señaló.
El abogado consideró que la pena solicitada es “absolutamente desproporcionada, irracional e inconstitucional y se aleja de los estándares para este tipo de delito, lo que refleja una intención punitivista”.
