El concepto de “soberanía alimentaria” es por ahora bastante difuso, al menos para quienes integran el sector llamado del agronegocio. En Misiones, que es una de las provincias más diversas del país y a la vez la que tiene una proporción mayor de pequeños productores, esa figura (“la soberanía alimentaria”) ahora tiene rango de ley. Quiere decir que por decisión de los legisladores el gobierno local está obligado a trabajar para lograrla.
El jueves pasado, la Cámara de Representantes de Misiones sancionó una ley creando el Programa de Soberanía Alimentaria Provincial, que funcionará en el ámbito de la secretaría de Agricultura Familiar.
Esta ley entiende como soberanía alimentaria “el derecho de los pueblos a producir y recibir alimentos nutritivos producidos a través de métodos sostenibles y saludables, así como el derecho a definir sus propias políticas y sistemas alimentarios y agrícolas”.
En base a la definición previa, la llamada soberanía alimentaria tiene como prioridad a los mercados locales más que los mercados de exportación. Su intención es “fortalecer al pequeño productor al igual que a los consumidores, ya que la producción de alimentos, distribución y consumo están basados en la sostenibilidad ambiental, social y económica”, según sostiene el proyecto convertido en ley.
En el texto de la ley, los legisladores misiones buscan aseguran que los derechos de uso y gestión de las tierras, territorios, aguas, semillas, ganado y la biodiversidad, estén en las manos de aquellos que producen los alimentos.
El programa buscará implementar mercados de microdesarrollo, uno por cada municipio de la Provincia, que serán abastecidos por productores asentados dentro del mismo municipio. De este modo se propicia genera núcleos productivos autosustentables por municipio, mediante estudios del consumo local y buscando que los productores adquieran estrategias productivas y las diversifiquen a fin de abastecer a estos mercados de venta directa al consumidor.
Por eso, uno de los artículos de la ley dispone que se cree un “equipo de facilitadores territoriales de la soberanía alimentaria”, que dependerán de la Secretaría de Agricultura Familiar, y cuya función será “promover la articulación con los diferentes actores vinculados a la temática de producción y consumo de alimentos”.
