La novedad no es el nuevo fallo adverso a los productores agrícolas en materia de aplicación de agroquímicos: ya había sucedido en Entre Ríos (donde el caso llegó a la corte suprema provincial) y esta semana sucedió en Pergamino, donde un juez federal prohibió las fumigaciones en un radio de 1.095 y 3.000 metros, según el tipo de operación, de ejido urbano de una ciudad simbólica para la agricultura.
La noticia no es esa. La noticia es que finalmente la industria productora de agroquímicos (o de fitosanitarios, como les gusta llamarse a ellos) reaccionó y parece decidida a asumir una defensa activa de sus productos. Incluso propició que las autoridades apelen judicialmente la medida.
Como informó Bichos de Campo el martes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, falló para que se establezcan distancias de 1.095 metros y 3.000 metros para la aplicación de productos fitosanitarios en el periurbano de Pergamino. Falta definir si la medida judicial abarca a otros lugares poblados de ese partido.
Frente a este fallo la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) emitió un comunicado donde “se pone a disposición de la comunidad pergaminense y de la justicia federal para acercar información y trabajar juntos en el establecimiento de reglamentaciones de uso y en la comunicación y difusión de las buenas prácticas agrícolas y de la producción sustentable”.
Es infrecuente que la cámara sectorial emita un comunicado de prensa por estas decisiones judiciales. Hasta ahora ha preferido concentrarse en la difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en la inteligencia de que los agroquímicos, que finalmente son tóxico, no suponen ningún peligro para las personas y el medio ambiente si son bien utilizados, tomando las prevenciones del caso. Ahora, frente al caso Pergamino, ha tomado una posición más activa.
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida, se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional (dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos); y del sistema regulatorio”, indicó el comunicado sectorial.
Luego de enumerar todos los controles y regulaciones a las que están sometidos los productos fitosanitarios (se dividen entre fungicidas para hongos, herbicidas para malezas e insecticidas para plagas), Casafe advirtió que la prohibición de aplicar estos insumos en torno a las ciudades “genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino”.
“Por esta razón es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, enfatizó el comunicado.
Casafe puso además a disposición del juez Villafuerte Ruzo los resultados de “más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura”, que a juicio de los industriales “demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea”.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, Casafe citó “la última información pública del municipio de Pergamino en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos, considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el SENASA”.
Además sostuvo que “un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente”.
Para los productores de estos insumos, muchos de ellos empresas de porte internacional, la clave entonces no está en las prohibiciones sino “en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”.
