Ignacio Dorado, el presidente de la Asociación Rural de General Viamonte, en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires y cuya cabecera es la ciudad de Los Toldos, denunció el intento del Municipio local de aumentar las tasas municipales que recaen sobre la actividad agropecuaria en ese distrito bonaerense mucho más allá de la inflación prevista para el 2025.
“La tasa de red vial, que es fundamental para garantizar el acceso y el transporte de nuestra producción, ha sido objeto de constantes incrementos. Según el último proyecto de presupuesto municipal, se prevé una suba del 72%, un porcentaje que supera ampliamente los índices inflacionarios previstos por la Nación y la Provincia, establecidos en 18% y 28% respectivamente”, denunció el ruralista.
Para el dirigente, “esta situación no solo afecta la rentabilidad de los productores, sino también la sostenibilidad de las pequeñas y medianas explotaciones, que constituyen la mayoría en nuestro distrito”.
En ese sentido, difundió un dato alarmante, que no solo tiene que ver con la presión fiscal que aplica el municipio sino especialmente con la de los gobiernos nacionales, por vía de las retenciones y muchos otros tributos que se cargan sobre las espaldas de los productores. Dorado señaló que “entre 2015 y 2024, hemos perdido 1.346 productores en General Viamonte, todos ellos propietarios de superficies menores a 200 hectáreas. Este dato refleja cómo las políticas fiscales desmedidas están llevando a la desaparición de quienes conforman el corazón productivo de nuestra comunidad”, consideró.
Además se quejó porque toda esa plata que se le quitó a las empresas agropecuarias no vuelve al campo. “Es crucial recordar que el campo no solo genera riqueza, sino que también financia con su esfuerzo las arcas estatales en todos los niveles: municipal, provincial y nacional. Nos encontramos en la primera línea de recaudación fiscal, mientras seguimos enfrentando la falta de infraestructura básica como electrificación rural, conectividad de internet, caminos transitables y servicios de seguridad adecuados”, se quejó.
La Asociación Rural de General Viamonte, para evitar este impuestazo municipal, mantuvo reuniones con las autoridades locales, pero sin resultados. “Aunque reconocemos la necesidad de recursos para el funcionamiento del Estado, consideramos que el esfuerzo debe ser compartido y que es imperativo optimizar el gasto público en lugar de trasladar la carga de manera desproporcionada sobre el sector agropecuario. Hacemos un llamado a los concejales para que analicen en profundidad el presupuesto y las ordenanzas fiscales, cuestionando y ajustando todo aquello que sea necesario para garantizar un trato justo y equitativo hacia todos los sectores productivos”, reclamó en un comunicado.
