Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, escribió hace tiempo Atahualpa Yupanqui. Ese estribillo de El Arriero podría aplicarse al caso más estridente que tuvo el sector agropecuario en los últimos días y tiene que ver con la supuesta sustracción de un lote de 190 cabezas de ganado. En esta ocasión, podríamos decir, parafraseando al prócer del folclore nacional: “Las penas son de La Joya, las vaquitas son ajenas”. O no: quizá nunca sepamos de quienes eran las vaquitas realmente.
Es que el caso de las vacas vinculadas a La Joya Agro sumó en las últimas horas un giro que cambia el eje de la discusión. El fiscal Martínez imputó a Nicolás Coscia por “defraudación por abuso de confianza” y dejó de lado la hipótesis inicial de robo. Según planteó la Fiscalía, existía un acuerdo verbal de pastaje entre Coscia, en su carácter de tenedor y encargado del cuidado de hacienda ajena, y Bruno Riboldi, y el primero habría abusado de esa relación comercial al disponer y vender los animales. La jueza Usandizaga rechazó un pedido de caución de 20 millones de pesos, aunque le prohibió salir del país por 90 días.
El nuevo encuadre judicial ordena el conflicto como una disputa entre partes que ya tenían un vínculo previo. Esa es también la línea que expuso la defensa de Coscia. Su abogado, Pablo Morosano, aseguró que se trataba del tercer ciclo de negocios en sociedad con Riboldi, en el que su cliente tenía a cargo el cuidado y el engorde de la hacienda antes de su venta.
Según esa versión que dio a conocer el periodista Mariano Galíndez, la comercialización no fue sorpresiva, sino que estaba dentro de lo acordado entre las partes. También afirmó que la operación no se habría cobrado completamente y que “hay algunos cheques dando vuelta”, y adelantó que pedirá la desestimación de la denuncia al sostener que Riboldi sabía desde febrero que los animales iban a ser vendidos.
Es que según fuentes que están al tanto de la investigación judicial, la venta de hacienda se realizó el 25 de febrero, casi un mes antes de la denuncia pública del influencer Bruno Riboldi. La venta la hizo Coscia, realizando todos los trámites correspondientes para el traslado de hacienda. Por estas horas, lo que se confirma es que no fue un robo, sino una disputa a puertas cerradas entre Coscia y Riboldi, pero dejó esquirlas en todo el entramado productivo del sur de Santa Fe. La figura del abigeato se descarta, y lo que se investiga ahora es un fraude que salpica distintos entramados familiares y tiene de protagonistas a los Coscia.
A pesar de las muchas versiones que circular por estas horas debido a la importancia mediática del caso, Riboldi y Coscia eran socios y amigos. Socios en papeles o de palabra. Los animales fueron comprados por el influencer en Tornquist, Buenos Aires y pastaban en el campo La Cañada que Nicolás Coscia administra, propiedad de su tío.
A pesar de los intentos de despegarse uno de otro, hay videos publicados por el influencer donde se los ve manejando la hacienda. Incluso Coscia es protagonista de otro video de Riboldi en el que ambos explican las categorías bovinas en el campo. Eso no significa necesariamente una sociedad, pero si al menos una complicidad entre ambos.
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En ese escenario, la consignataria que intervino en la operación, Aguirre Vázquez, buscó despegarse de cualquier responsabilidad y fijar su posición. En un comunicado difundido desde Rosario, la empresa sostuvo que fue “víctima de una maniobra cuyos alcances se encuentran actualmente bajo investigación judicial” y confirmó que se presentará como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación.
En diálogo con este medio, el vicepresidente de la firma, Mauro Venturi, explicó que la operación se desarrolló dentro de los parámetros habituales del negocio ganadero. Señaló que se trató de una venta directa con intervención de consignatario, una modalidad frecuente en la que hay un vendedor, un comprador y un intermediario que no solo vincula a las partes, sino que garantiza el cumplimiento económico de la transacción. “El consignatario cobra y paga la mercadería”, resumió.
Según detalló, la hacienda fue ofrecida por Coscia a un representante de la firma, se revisaron los animales, se acordaron las condiciones comerciales y se presentó la documentación correspondiente. La carga se realizó el 25 de febrero en el campo de origen, con camiones del propio comprador, y los animales fueron pesados en una balanza de AFA en Santa Teresa. Para Venturi, se trató de “una operación igual a cualquier otra”, en un mercado donde ese volumen de hacienda no resulta excepcional.
El punto que la empresa busca instalar es otro. Venturi insistió en que la consignataria no tiene poder de policía ni puede verificar más allá de la documentación oficial que presenta el vendedor. Si los papeles están en regla y la hacienda coincide, la operación se concreta
Ese dato es el que, según la firma, la ubica como uno de los principales perjudicados en el conflicto. “Todo parece indicar que somos víctimas de una estafa. Dimos curso a una operación formal, con documentación en regla y dentro de los usos habituales del mercado”, sostuvo Venturi. Y agregó que, más allá de que la hacienda haya sido localizada y permanezca en poder del comprador, el impacto económico recae sobre quien financió la transacción. “Desde el punto de vista técnico, el consignatario es el principal damnificado”, señaló.
La empresa evitó precisar contra quién dirigirá la denuncia penal y dejó esa definición en manos de sus abogados. También aclaró que el trasfondo del conflicto, que ahora investiga la Justicia, es ajeno a su intervención. “Lo que ocurre detrás del proceso nosotros no lo conocemos”, dijo Venturi, en referencia a la relación previa entre las partes involucradas.
Detrás del conflicto puntual, desde la consignataria insisten en poner el foco en cómo funciona, en la práctica, el mercado de hacienda en la Argentina. Se trata de un esquema con reglas propias, donde conviven operaciones de remate feria con negocios directos entre partes, siempre con la intervención de un consignatario que articula el vínculo comercial.
A diferencia de otros mercados más formalizados, el de ganado en pie tiene menor cobertura contractual y descansa en mecanismos más ágiles, donde lo principal es la palabra y la confianza entre las partes, algo que en el caso de Riboldi/Coscia, se aprovechó la buena imagen que tiene la familia del dueño del campo en la región.
La documentación sanitaria y de traslado existe y es obligatoria, pero no alcanza para blindar completamente las operaciones desde el punto de vista comercial. Por eso, la trayectoria de los actores y el conocimiento mutuo pesan tanto como los papeles. Las operaciones se construyen a partir de relaciones previas, referencias y antecedentes en el sector. En ese contexto, la palabra sigue siendo un activo central, incluso en transacciones de montos elevados.
Esa lógica también explica por qué el consignatario ocupa un lugar clave dentro del sistema. No solo facilita el negocio, sino que pone en juego su nombre y su reputación en cada operación. Su intervención busca darle previsibilidad a un mercado que, por su propia dinámica, no puede detenerse a cada paso para validar cada instancia como ocurre en otros rubros.
