La decisión del municipio de Bell Ville de eliminar las guías para el traslado de hacienda, luego imitada por otros tres municipios cordobeses, provocó revuelo en toda la provincia, ya que productores de otras zonas comenzaron a agitar una revisión general de ese tributo. En este contexto, agitado por una concurrida asamblea realizada hace unos días en Sampacho, la Sociedad Rural de Río Cuarto reclamó a las autoridades que “despejen la bruma” existente en torno a este impuesto municipal.
“En un contexto en el que los recursos son escasos las discusiones por necesidades suelen proliferar y escalar. Sin embargo, hay algunas en las que tomar distancia y mirarlas de manera más amplia podría ayudar a encontrar caminos de salida evitando la confrontación destinada a generar sólo perjuicios”, arrancó un comunicado de la rural riocuartense, reclamando un poco de mesura en la discusión.
Los dirigentes del sur de Córdoba explicaron que en medio de las disputas por la elevada presión fiscal en todos los niveles de gobierno “hay un capítulo vinculado al sector ganadero que sigue generando dificultades y es el del cobro por parte de algunos municipios de la guía para el traslado de hacienda”.
¿Cuál es la contradicción? “Desde hace tiempo ya que esto se realiza de manera online y que por lo tanto las prestaciones a cambio que impone cualquier tasa quedaron desdibujadas. Pero al mismo tiempo, esas comunas advierten la necesidad de contar con los recursos, dentro del contexto general de escasez”, explicó la Rural.
Prosiguió explicando la entidad: “Con el avance tecnológico, muchos municipios comenzaron a desactivar esa tasa y a derogarla, admitiendo que ya no cuentan con legitimidad para sostener el cobro. Quienes mantienen su vigencia, en cambio, advierten que están amparados por una ley provincial de Marcas y Señales. Y ahí entonces está hoy la piedra angular: una normativa que quedó atrasada respecto a la evolución tecnológica y que permite una controversia creciente entre productores e intendentes o jefes comunales en un contexto general de recursos escasos”.
La Rural de Río Cuarto cree que esa disputa es dañina “entre quienes comparten una localidad en el interior del interior y que permiten, en sus distintos roles, el crecimiento y desarrollo de esas comunidades”.
“Por eso es imperioso que las autoridades provinciales y los legisladores trabajen en este punto para evitar tensiones alimentadas por una bruma legislativa, y así lograr claridad sobre derechos y obligaciones que hoy aparecen difusos”, recomendó la entidad a los legisladores.
