En medio de una fuerte crecida del río Paraná, que ya golpea incluso a las zonas de mayor densidad poblacional de Santa Fe, el gobierno nacional autorizó una nueva operación con garantía del Tesoro para que la provincia pueda tomar un préstamo y financiar obras hídricas.
La operación fue oficializada por un decreto firmado por Javier Milei en el que introduce varios cambios a las partidas del Presupuesto 2026. Entre los fondos que habilita para Anses y programas de Capital Humano se cuela la preocupación por el “Súper Niño”: además del nuevo aval para la provincia del Litoral, se habilitó un cambio de destino para que un préstamo tomado por Córdoba también se destine a prevenir inundaciones.
En tanto, no hay novedades en la Cuenca del Salado, donde el gobierno de Axel Kicillof reclama al gobierno la autorización de un acuerdo suscrito con el el Banco Europeo de Inversión (BEI) para continuar las obras en el centro bonaerense.
Mientras discute en el Congreso el Presupuesto 2027, y a sólo un mes y medio de que el actual deje de regir, el gobierno introdujo cambios a las partidas en curso. “De no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”, expresa el decreto firmado por Javier Milei.
En su artículo 4, específicamente, se dedica a las obras hídricas. Pero no habilita directamente fondos propios, sino que permite que el Tesoro actúe como garante de los préstamos que toman las provincias con otros organismos, una función que le es intrínseca y que ha explotado particularmente esta administración: al día de hoy, ya se han entregado avales a 18 jurisdicciones por más de 2000 millones de dólares.

En el caso de Santa Fe, el gobierno autorizó el respaldo a un préstamo de 25 millones de dólares que la provincia tomó con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. Se trata de una operatoria que tiene como destino expreso la “defensa contra las inundaciones en San Javier”, una localidad ubicada a la vera de uno de los brazos del río Paraná y hoy epicentro de la emergencia en la región.
Se trata, en realidad, de un acuerdo aprobado por la ley 14.415 sancionada por la legislatura santafesina en septiembre del 2025 y que habilitaba expresamente a tomar ese préstamo para financiar obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de barrancas en la zona este de San Javier. Los trabajos ya están en marcha y se proyecta terminar noviembre con un 30% de avance.
El aval de Nación ya estaba contemplado en el Presupuesto 2027, pero la urgencia obligó a incorporar la garantía. En tanto, con el nivel del río en 7,80 metros, muy por encima del nivel de evacuación (6,50 metros), la situación en la zona es delicada y parte de los trabajos se siguen haciendo bajo agua.

En el caso de Córdoba, el gobierno nacional tampoco abrió la billetera, pero sí puso la firma para que un préstamo de 100 millones de dólares que había tomado la provincia, originalmente previsto para “economía circular”, ahora ahora pueda destinarse a «infraestructura hídrica y de saneamiento”.
Se trata también de un compromiso asumido con un organismo internacional, en este caso el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en el marco del proyecto “Córdoba Global Gateway Water Resilience”. Es lo que motivó la reciente visita de Martín Llaryora a Luxemburgo, donde cerró en octubre las negociaciones iniciadas en 2025. Ahora, parte de esos fondos irán para obras hídricas.
Donde no hay aún novedades es en la provincia de Buenos Aires, una de las que denuncia hasta ahora no haber recibido avales de ese tenor desde Nación. En juego está el préstamo de 139 millones de dólares tomado por Axel Kicllof ante el BEI para financiar las obras del tramo 5 del Plan Maestro del Salado, que corresponde a la órbita provincial.
Sin novedades al respecto, desde el entorno del gobernador denuncian maniobras de “discriminación” y una demora malintencionada, a las puertas de una temporada extrema en términos climáticos.





