Lo que desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) definen como “actualización normativa”, es leído desde las entidades aeronáuticas de todo el país advierten como una desregulación “inconsulta, soberbia y con desconocimiento absoluto”.
Así lo expresaron en un duro comunicado conjunto expedido por el Consejo Asesor de la Aviación Civil (Conav) días atrás, en el que señalan que las medidas que se están implementando bajo la excusa de la modernización y desburocratización del sector revisten en realidad un riesgo muy elevado para toda la aeronáutica nacional.
Esto tiene su capítulo específico en el sector agropecuario, donde los aeroaplicadores vienen advirtiendo que la desregulación alcanza al uso de drones y que la ausencia total de requisitos, formación y reglamentaciones pone en serio peligro la vida de quienes trabajan en el aire.
Consultado por Bichos de Campo, el presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), Diego Martínez, explicó que la respuesta conjunta de la Conav se desprende de las muchas resoluciones que se han publicado sin consultar, justamente, con ese organismo.
“Es una ironía en sí misma, porque la propia autoridad aeronáutica creó el Consejo Asesor de Aviación y resulta que de pronto pasa a ser algo absolutamente anecdótico e inconsulto”, evaluó Martínez.
Dentro de la entidad, se reúnen las cámaras que nuclean a la aviación civil, deportiva, comercial y de transporte. E, incluso, la propia del CAEDyA, que es la que representa a las empresas de drones y afines, con la que Fearca ha acordado en muchas ocasiones exigir por una mayor reglamentación.
He allí la “ironía” que describe el referente.
“Estamos todos de acuerdo en que el operador de dron necesita ser capacitado. Olvidémonos un poco de la cuestión comercial, hay que darle valor a la vida de quienes operamos en el espacio aéreo, y no solamente los agrícolas”, afirmó Martínez.
Y agregó: “Tienen que estar capacitados, tienen que entender la responsabilidad que les cabe y los riesgos que pueden generar primero para terceros y segundo para sí mismos”.
La lógica de la operación aérea corre un tanto a contramano de otras actividades. Allí, son las propias cámaras y empresas las que exigen a menudo mayor reglamentación -que no es necesariamente mayor burocracia-, porque de eso se desprende la seguridad en el aire. Pero, así y todo, la autoridad aeronáutica avanza en el sentido contrario.
Las últimas medidas que generaron discordia fueron las del pasado 13 de mayo. En concreto, las resoluciones 312/2026 y 313/2026, mediante las cuales la ANAC amplió las posibilidades operativas de los drones en determinados usos rurales y agropecuarios, y a la vez flexibilizó el trabajo con aeronaves.
Respecto a esto último, se integra bajo una misma normativa los requisitos para la aviación agrícola, la lucha contra incendios y la modificación artificial del clima. Además, se elimina la exigencia del Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA) para los productores agropecuarios que realicen aplicaciones dentro de sus propios campos y con sus propios equipos, eliminando trabas operativas también para drones.
La cuestión va más allá del trato dispar en términos normativos entre aeroaplicadores y operadores de drones. Se centra en la seguridad misma, que hoy entienden se vulvera por la desregulación.
“El riesgo de que haya un encuentro en el aire entre una aeronave tripulada y una no tripulada empieza a ser cada vez más posible. El riesgo de un accidente es cada vez mayor. El problema es que el operador de un equipo no tripulado, gracias a la desregulación, no tiene ningún tipo de capacitación para enfrentar esa situación”, apuntó Martínez.
Esa “falta de preparación” a la que apunta el sector no es menor cuando se trata de algo tan específico como la aplicación de agroquímicos. Estrictamente, no hay una normativa que ampare el uso de drones para pulverizar -y ni siquiera existe una normativa nacional que rija a todas las pulverizaciones- pero ese vacío legal, combinado con la flexibilización de la ANAC, termina permitiendo este tipo de trabajos.
“No hay que olvidarse que se está autorizando a una persona que no tiene ningún tipo de preparación a transportar un producto potencialmente peligroso como es un fitosanitario”, afirmó el titular de Fearca, quien ya se ven casos de problemas de deriva y de aplicaciones en el lote.
“Siempre se hizo mucho foco en que piloto aeroaplicador responde por la carga que transporta. ¿Quién es el responsable en este caso? ¿Cómo puede entenderse que alguien puede ser responsable de un aparato que de casualidad lo puede llegar a ver?”, se preguntó.
Por eso es que, con su propia agenda, el sector de la aviación agrícola también adscribe al reclamo conjunto, que no es más que el de las propias cámaras pidiendo ser parte de los debates y normativas que luego impactarán en su trabajo.
“Nos ha quitado la oportunidad de sentarnos a conversar sobre los temas en los que tenemos conocimiento y nos afectan. No hay que olvidarse que la capacitación y la reglamentación son una tranquilidad para todos: para el Estado como contralor, para los operadores, para el productor y para la sociedad en general”, concluyó Martínez.
