El 20 de noviembre de 2024, Bichos de Campo anticipó un documento oficial que mostraba las apetencias de la AABE (Administración de Bienes del Estado) por las miles de hectáreas de campos que son propiedad del INTA en su patrimonio, y que podían pasar a manos de los privados mediante subastas. En ese documento había, como en una suerte de prospecto inmobiliario, al menos 27.000 hectáreas bien demarcadas ubicadas en diferentes estaciones experimentales de todo el país.
Tras aquella revelación, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, comenzó a negar esa vocación vendedora e incluso su nueva vocera, la locutora Jorgelina Traut, tildó varias veces como “una mentira” esa versión sobre las apetencias inmobiliarias de la gestión libertaria.
Pero tras la salida del decreto de necesidad y urgencia 462/2025, que dispuso la eliminación del Consejo Directivo del INTA (integrado por las entidades rurales), que servía como dique de contención ante esas ínfulas rematadoras, el gran artífice de esa reforma, el ministro Federico Sturzenegger, volvió a instalar de inmediato que ese era uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei.
Tras enumerar varias razones que llevaron a la intervención del INTA, Sturzenegger escribió: “A ello se suma un dato revelador: el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre”.
Esto confirma que una de las intensiones oficiales con este gran cambio en el sistema de gobernanza del INTA sea posiblemente la que indicó este medio hace varios meses: poner “a disponibilidad” de la AABE ya no las 27 mil hectáreas mensuradas en dicho informe, sino muchas más, quizás hasta unas 70.000. Como antecedente, prueba de ensayo y error, ese organismo ya remató a fin de 2024 el histórico edificio de la calle Cerviño, aunque en ese caso si contó con aval de las entidades de la Mesa de Enlace. Ahora, tras el decreto, ya no será necesario ese permiso del Consejo Directivo para avanzar con nuevos remates.
El Decreto Delegado 462/25, firmado por el Presidente @JMilei, @GAFrancosOk, @LuisCaputoAR y @Mariolugones_ar, dispone la transformación del INTA en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A su vez, reemplaza su conducción… pic.twitter.com/b4x88mU2Fb
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 8, 2025
En su autoelogio habitual por la red X de sus medidas, el ministro Sturzenegger desparramó otros argumentos a favor de la degradación institucional del INTA.
“El Decreto Delegado 462/25 dispone la transformación del INTA en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A su vez, reemplaza su conducción colegiada por un Presidente designado por el Poder Ejecutivo que será asistido por un Consejo Técnico ad honorem que preservará la representación de los productores y definirá los lineamientos científicos-técnicos del organismo”, explica como telón de fondo.
Según esta mirada, “la medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, enumeró Sturzenegger.
Además remarcó. “Su presupuesto de gastos anuales es de 224.000 millones de pesos, mientras que los recursos asignados al organismo son de 411.000 millones de pesos, provenientes de una contribución sobre las importaciones y una parte de la recaudación de la tasa estadística. ¿El dato que expone el absurdo? Que los 411.000 millones asignados en recursos al INTA equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz”.
Aquí, al menos, hay que reconocerle al ministro un rapto tardío de sinceridad, porque al menos actualizó algunas cifras. En su prédica a favor de la reforma, Sturzenegger venía falseando de modo grosero todos los datos. Por ejemplo, decía que el presupuesto era de 400 mil millones (ahora reconoce que es la mitad, y que el resto va a las arcas nacionales), que los vehículos eran 3.000 (y no 2.400 como afirma ahora), y que los 6.000 empleados son el “doble” que hace unos años. Esa mentira la repite, pues nunca el INTA llegó a tener 3.000 empleados. En su peor época histórica, tras una ola de despidos en los años 90 durante el menemismo, su planta quedó reducida a un mínimo histórico de 3.700 personas, que luego comenzó a recomponerse.
En los planes oficiales -muy escasos- que se conocen para el futuro del INTA, además de las apetencias inmobiliarias de esta gestión se anticipa la decisión de despedir (o lograr que acepten el retiro voluntario) unos 1.500 empleados, es decir el 25% de la plantilla actual del organismo tecnológico.
A la hora de encontrar fundamentos para que su motosierra avance sobre el INTA, Sturzenegger lanzó en su tuiter muchas otras medias verdades: Por caso, citó un informe de la SIGEN (2023) que “reveló importantes deficiencias en el control: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión”. Ese informe nunca se hizo público.
“El dislate llegó a tal punto que el INTA creó y controla una empresa (INTEA) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado. Esta reforma permitirá echar luz sobre estas figuras y transparentar el destino de los recursos generados por la explotación de los campos bajo su administración”, consideró el ministro, que no añade que ambas organizaciones fueron creadas en el menemismo y que cuentan en la conducción con representantes directos de las entidades de la Mesa de Enlace.
Para Sturzenegger, todo este contexto provocó que “el funcionamiento del INTA había perdido su rumbo estratégico. Las líneas de investigación quedaban libradas al criterio de cada investigador, sin vínculo con las necesidades reales del sector agropecuario. Así, en lugar de generar tecnologías y conocimientos aplicables a la producción, el organismo migró hacia el desarrollo de la agricultura familiar, o financiaba proyectos de investigación más de carácter sociológico que técnico (por ejemplo “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia”, “¡Alto!… Una pausa a los cuidados. Mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación” o “Comidas del pueblo wichi”)”.
“Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial, probablemente a través de mecanismos de cofinanciación con el sector privado”, prometió el ministro, quien aseguró además que “la transformación preserva íntegramente las capacidades técnicas del INTA, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia”.
