El viejo INTA resiste: El Senado le dio la estocada final a la motosierra del gobierno y rechazó el decreto que vaciaba y extinguía varios organismos agropecuarios

Mientras afuera del Congreso escuchaban atentamente cientos de trabajadores y dirigentes gremiales que se movilizaron desde distintos puntos del país, los senadores en el recinto hicieron su tarea y finalmente rechazaron el decreto 462/2025.

El mismo, que fue firmado por Milei pero impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establecía la degradación de organismos clave para la investigación agropecuaria, como el INTA, el INTI, el Instituto de Agricultura Familiar y el INV, y a la vez la disolución de otras instituciones estratégicas, como el INASE y ARRICAME.

Hoy, ese plan de ajuste iniciado hace ya algunas semanas fue frenado en el Senado, que, con 60 votos negativos, 9 afirmativos y 2 abstenciones, completó el rechazo al decreto que ya había impulsado la Cámara de Diputados días atrás.

A partir de ahora, con el rechazo legislativo firme, el proceso de desregulación vuelve a fojas cero, y el gobierno deberá dar marcha atrás con la avanzada que dio sobre estos organismos descentralizados, a los que quitó funciones y autarquía, redujo financiamiento o, directamente, disolvió. Además, deja sin efecto a los decretos subsiguientes que se dictaron tomando al 462/2025 como base, como es el caso del que fue publicado este lunes.

Eso significa que, por ejemplo, hasta que no haya nuevos cambios por parte del gobierno, el INTA volverá a tener su Concejo Directivo compuesto por representantes del ruralismo y las universidades; que se frenará la venta de sus tierras y que, entre otros proyectos, no se avanzará con los recortes de personal.

También significa que otros organismos clave, como el Instituto Nacional de Semillas (INASE) o la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARRICAME) no desaparecerán.

Al menos, no mediante este decreto en particular, que ya había sido frenado en parte por la justicia federal y que hoy fue disuelto en su totalidad.

“Bajo los argumentos de modernizar y reorganizar están avanzando sobre organismos que la Constitución protege” dijo a su turno el senador radical Pablo Blanco, que denunció que detrás del decreto 462/2025 -y los subsiguientes que lo complementaron- hay una “táctica de disolución encubierta”.

Lo cierto es que, en los hechos, fue una forma efectiva del gobierno de ejercer cambios de fondo sobre estas instituciones clave sin necesidad de debatirlo por ley, como es obligatorio con organismos autárquicos. Y, a la vez, un intento apresurado, desprolijo e ilegal de que funcionarios de turno, puestos a dedo por la Rosada, definan los destinos de la investigación científica del interior productivo.

“Es una visión sesgada y centralista de una realidad que no se conoce”, apuntó la senadora cordobesa Alejandra Vigo, del bloque de Unidad Federal, que destacó que, para su provincia, la proliferación de estos organismos ha sido fundamental. “Son los que permanentemente están en contacto, con información, capacitación y avances tecnológicos”, agregó la legisladora.

El cierre del INASE desde adentro: “Están cometiendo un grave error”, alerta un histórico trabajador de ese organismo, que se lamenta porque “no tienen idea de la importancia que tiene la semilla”

A su turno, en línea con lo expresado por Vigo, Daniel Pablo Bensunsán, del Frente Nacional y Popular de La Pampa expresó que “destruir el INTA e INTI es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y desarrollo y poner en riesgo el futuro productivo del país”.

Pero también es destruir trayectorias laborales y “descabezar” la investigación que ha sido parte constitutiva del ruralismo en cada una de las provincias. Porque estos organismos, con sus aciertos y errores, son los que han permitido configurar la identidad de cada rincón de Argentina, con un despliegue territorial inmenso, y han puesto en valor todo el conocimiento que generan técnicos y especialistas a diario.

No es casual que el decreto 462/2025 haya sido dictado en el marco de las “facultades delegadas” que le dio la Ley Bases al presidente. El rechazo del Congreso es, en parte, el reconocimiento de que hay sectores estratégicos para el desarrollo nacional que no pueden supeditarse a intereses superfluos.

Fue precisamente eso lo que celebró la senadora peronista por Río Negro Silvina García Larraburu, que ya había expresado su defensa a estos organismos en otras ocasiones. “Hay una parte de la política que no entiende lo que hacen nuestros investigadores y científicos, pero hay otra parte que sí”, señaló.

Este revés contra la motosierra gubernamental es, de por sí, un motivo de festejo para los miles de trabajadores que hace semanas viven en la incertidumbre. Pero también invita a pensar en cuántas trayectorias ya fueron afectadas y los portazos que ya varios pegaron ante el desmantelamiento de sus lugares de trabajo.

Por lo pronto, el decreto 462/2025, un gran fantasma agitado por meses, ya no rige. A partir de ahora, empieza un nuevo capítulo en esta historia, con un plan de ajuste que queda al descubierto y un relato que hace agua con el firme rechazo de los representantes legislativos.