El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como ya hizo con la Resolución 1081/2023, volvió a despegar a la institución de la investigación realizada en los últimos años por la investigadora de su planta Virginia Aparicio, quien desde 2020, en el marco del proyecto SPRINT, midió residuos de diferentes agroquímicos en el medio ambiente y el cuerpo de varias personas.
El organismo ya había adelantado además su decisión de “exonerar” a Aparicio, lo que -según anticipó Bichos de Campo– implicará que perderá no solo su puesto en el INTA sino también en el Conicet.
La reacción del INTA para desmerecer el trabajo de su propia investigadora, que se desempeña en la Unidad Integrada Balcarce, se produjo debido a que este jueves Virginia dará a conocer públicamente los resultados de sus mediciones en el Consejo Deliberante de esa ciudad bonaerense.
Por eso, según contó el medio local Radio Gabal, el director del Centro Regional Buenos Aires, Horacio Berger, remitió una nota al presidente del Concejo Deliberante de Balcarce, Agustín Cassini, para aclarar que las opiniones o manifestaciones realizadas por sus agentes a título personal, sin representación institucional, “no reflejan necesariamente la posición oficial del INTA ni implican aval o validación institucional alguna respecto de los contenidos expresados”.
La nota de Berger lleva adjunta la resolución mediante la cual en 2023 el propio INTA desistió de seguir integrando el Proyecto SPRINT después de dos años de trabajo. Esa iniciativa, fondeada con recursos de la Unión Europea y realizada en conjunto con universidades de varios países, permitió a Aparicio medir la presencia residual de principios activos en el aire, el agua y hasta en el cuerpo de algunos voluntarios que vivían en zonas rurales. Pero en septiembre de 2023, el INTA le prohibió a Aparicio dar a conocer los resultados y luego se desvinculó del programa en diciembre de ese año, antes del cambio de gobierno.
La decisión del INTA libertario presidido por el productor de Aapresid Nicolás Bornzovich, tres años después, de exonerar a la investigadora y echarla de su puesto en el Estado provocó una andanada de reacciones desde las organizaciones ambientales, que volvieron a exhibir los supuestos altos índices de contaminación con agroquímicos. En este punto las bibliotecas se dividen: mientras algunos dicen que la medición está mal realizada y es tendenciosa, desde el otro lado se asegura que los indicadores son muy preocupantes. A favor de estos últimos debe decirse que el Estado carece de estadísticas básicas sobre el uso de agroquímicos en la Argentina, y que en el INTA no existe ninguna otra medición alternativa más rigurosa.
El proyecto SPRINT, cuya participación institucional había sido aprobada en 2020, por lo que el INTA llegó a recibir financiamiento externo para llevarlo a cabo, tenía como objetivo desarrollar herramientas para evaluar los riesgos y efectos de los productos fitosanitarios sobre los ecosistemas, las plantas, los animales y las personas, contemplando distintos sistemas agrícolas. Por supuesto, era promovido por la Unión Europea, que tiene una posición muy activa respecto de este tema.
La resolución cortando lazos entre INTA y dicho proyecto fue dictada el 7 de diciembre de 2023. Allí, el Consejo Directivo del INTA fundamentó la decisión de finalizar su participación en que, según su evaluación, parte de las actividades se habían ejecutado por encima de sus atribuciones técnicas y algunas fuera del acuerdo autorizado.
Entre los puntos señalados, el documento cuestionó procedimientos vinculados con la toma y el análisis de muestras humanas, al considerar que esas tareas correspondían a especialistas en salud y toxicología y excedían la competencia institucional del organismo. También consignó observaciones sobre el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a información de los participantes.
En cambio, la resolución sostuvo que no correspondía formular observaciones sobre los análisis realizados en animales, suelos y aguas, por encontrarse dentro del ámbito de actuación del INTA.
Debe quedar claro que la nota enviada ahora al Concejo Deliberante de Balcarce no solicitó en ningún momento que se suspenda la presentación de Aparicio, sino marcar la distancia con la institución.
