A partir del año próximo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), como se lo conocía hasta ahora, dejará de existir. Curiosamente eso es motivo de brindis en buena parte de la cadena preductiva.
Dejará de ser lo que ha sido no porque se haya dispuesto su disolución, o se lo haya intentado degradar -como sucedió hace unos meses atrás-, sino porque el propio organismo aprobó un nuevo régimen normativo en el que redefine casi por completo su rol como regulador y controlador de la producción de uvas y vinos. Es lo que festejan las bodegas: sufrirán menos controles estatales.
Oficializado a través de la resolución 37/2025, que lleva la firma de su presidente Carlos Tizio, el nuevo reglamento que rige al INV de ahora en más establece que dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará exclusivamente en controlar la calidad del producto final. Para eso, se derogaronn 973 normas que rigen a la actividad y se eliminan las inspecciones en las etapas intermedias dentro de la bodega.
Lo curioso es que esa misma reforma estructural estaba dispuesta en uno de los capítulos del ya derogado decreto 462/2025, que establecía cambios para muchos de los organismos agropecuarios y fue finalmente rechazado en Diputados y el Senado en agosto. Es decir que el gobierno insiste con su receta, pero por otra vía.
Agotada esa instancia, desde dentro del propio INV se trabajó en un nuevo digesto normativo que, que según detalla la nueva resolución, “regula en forma unificada y sistemática la producción, industrialización, fraccionamiento, circulación, comercialización, exportación e importación de vinos, mostos y demás productos vitivinícolas, así como los procedimientos de fiscalización, control y sanciones a cargo de este organismo”.
En su cuenta de X, el Ministro Desregulación Federico Sturzenegger, aseguró que “la libertad siempre encuentra su camino”, en referencia a que esa misma desregulación había sido intentada por decreto meses atrás. Fue mediante el mismo decreto que eliminaba la autarquía en el INTA o el INTI. En el caso del INV se lo degradaba a una simple dirección nacional dependiente de la Secretaría de Agricultura.
Este nuevo esquema entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026 e implica una serie de importantes cambios en las funciones históricas que tuvo siempre este ente autárquico. Se derogan 973 normas de 1207 vigentes y se elimina la obligatoriedad de muchos de los controles y trámites que hasta ahora eran necesarios para todos los actores de la cadena.
“La inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas”, expresó Sturzenegger en sus redes sociales, celebrando que “ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas”.
Con las modificaciones en su reglamento, no serán necesarias las inspecciones dentro de los establecimientos -de las cuales se hicieron 5000 en 2024-, ni la emisión de permisos de tránsito, que el año pasado sumaron 140.000 en total. El organismo tampoco determinará anualmente el grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona ni exigirá una declaración jurada de elaboración semanal.
El rol que tendrán sus inspectores, a partir del 2026, será el de hacer verificaciones con el producto terminado y embotellado para corroborar que sea apto para el consumo y no contenga adulteraciones. Esa práctica, basada en riesgos, está avalada por los parámetros nacionales, explica el organismo en la resolución.
“Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción”, agregó Sturzenegger.
Este es el nuevo digesto aprobado:
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Por su parte, si bien seguirá expidiendo las certificaciones de exportación, el instituto ya no exigirá controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen, añada y varietal, que pasarán a ser optativas y podrán ser solicitadas por los productores que lo requieran.
“El cambio responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad”, señalaron desde el gobierno nacional. También aseguraron que, eliminando este “esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático”, finalmente esta economía regional tendrá libertad para crecer.
De acuerdo a los registros oficiales, Argentina tiene unos 17.000 productores de uva y 900 bodegas activas, lo que genera más de 380.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Anualmente, nuestra producción de 900 millones de litros nos ubica en el quinto lugar a nivel mundial, y una parte de eso se exporta a 127 destinos, entre los que se destacan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y Países Bajos.
Es ese vasto mundo el que ahora el Estado, por decisión propia, dejará librado a su suerte.
