Hace pocas semanas, la combinación de una ignota sigla de la agroindustria argentina con otra totalmente ajena a esa actividad y de fama mundial, se ganó la primera plana de los diarios nacionales: CIU = AFA.
Esa fue la idea que transmitió el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para protestar contra el Certificado de Ingreso de Uva, acusando a los viñateros de ser “discípulos del Chiqui Tapia” y comparándolos con la Asociación del Fútbol Argentino.
El maridaje creado por el funcionario, debe haber dejado al mundo del fútbol y al agroindustrial no vitivinícola, rascándose la cabeza. ¿Qué es el CIU? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante para el gobierno nacional y el ministro?
Por circular del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), y a instancias del ministro Sturzenegger, el ente decidió eliminar la obligatoriedad del CIU (Certificado de Ingreso de Uva), un documento que registra el ingreso del fruto a las bodegas para su posterior vinificación y cuya presentación es obligatoria. Para Sturzenegger, la obligatoriedad del CIU es un exceso de intromisión del Estado sobre la actividad privada: “un mecanismo de control del mercado”, sentenció.
Sin embargo, la queja del funcionario nacional, motivada por el recurso de amparo que presentaron los viñateros contra la medida, no le sirvió para ganar la primera pulseada: la Justicia Federal de Mendoza hizo lugar al reclamo de no innovar y suspendió por 6 meses la vigencia de la modificación dispuesta por el INV.
¿Para qué sirve el CIU?
Para gran parte de la industria vitivinícola, referentes de renombre, como así también para los gobernadores de las provincias en donde se desarrolla, el CIU (Certificado de Ingreso de Uva) es clave para garantizar la genuinidad y calidad del vino argentino.
El CIU permite registrar quién es el propietario del producto, de qué viñedo viene la uva que entra a a la bodega, a qué número de lote del viñedo pertenece, si proviene de una zona con Denominación de Origen Controlada (DOC), o con Indicación Geográfica de Calidad, información fundamental que permite que el precio de comercialización de ese vino sea mayor.
También certifica de que variedad de uva se trata, ya que hay múltiples variedades, y una vez pesada la cantidad de uvas en la báscula, se puede determinar la cantidad de litros de vino que se van a elaborar con esas uvas, la cantidad de azúcar que tiene, y el grado alcohólico que resultará de la vinificación, datos que también quedan registrados.
Toda uva que ingresa a la bodega debe ser registrada en el CIU, tanto la propia como la ajena, es decir, una bodega que tiene sus propios viñedos debe registrar con este certificado, el ingreso de su propia producción a su bodega.
Pero, por otra parte, están los productores que no tienen bodegas. Estos viñateros llevan cada año su producción a bodegas ajenas para vinificar sus uvas. Es lo que en la industria se conoce como elaboración por cuenta de terceros. Y aquí también debe hacerse el CIU, que cobra primordial importancia para evitar abusos, confusiones, estafas y conductas engañosas.
La estadística del INV, refleja el gran peso de esta modalidad. Según lo informado por el Observatorio Vitivinícola, el 30% del stock de vinos existente al 1 de diciembre de 2025, fue elaborado por cuenta de terceros, por bodegas que prestaron ese servicio a viñateros sin bodega.
En los fundamentos del recurso de amparo presentado ante la Justicia Federal por la Unión Vitivinícola Argentina se destaca, además de todos estos detalles, la importancia que tiene la CIU para los aportes sociales que los viñateros hacen a los trabajadores de viña.
“El CIU sirve de base para determinar la tarifa sustitutiva de los aportes y contribuciones de las cotizaciones sociales del trabajador rural del sector vitivinícola, ya que al tratarse de un documento bilateral, emitido al momento del ingreso de la uva al lagar, con el debido control y participación conjunta del productor y del establecimiento elaborador, ha permitido una amplia formalización del empleo rural, generando un marco de transparencia, que prácticamente ha hecho innecesaria la fiscalización activa por parte de ARCA, gracias a la confiabilidad y verificabilidad de la información registrada”, reza la presentación judicial.
Todo este movimiento del CIU involucra un gran universo de 1.200 bodegas y 15.000 productores en todo el país, de los cuales el 95% están en Mendoza y San Juan.
El enólogo Luis Sentinelli, quien ha sido durante sus 40 años de carrera en la industria vitivinícola, gerente de ventas y director comercial de varias empresas nacionales e internacionales del mundo del vino; de grandes bodegas de primera línea, fue también director de Estadísticas y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Él definió la importancia del CIU, de la normativa que regula la actividad y del mismísimo INV.
“Estas disposiciones y el marco legal para la industria del vino a través de la Ley 14.878 se hicieron por los desastres mundiales, no solo en nuestro país, provocados por los seres humanos con la falsificación y adulteración de vinos”.
“Por lo que -recalcó-, tanto el CIU como la normativa vigente no son un capricho de un gobierno provincial, del peronismo argentino o de la izquierda; sino que esto fue una necesidad de la propia actividad, que oportunamente acordó y puso en marcha, para mejorar las prácticas de elaboración y producir un producto genuino que pudiera salir al consumo”.
Para Sentinelli, dejar a voluntad de productores y bodegas que hagan el CIU o no por iniciativa propia, definiendo posteriormente en un tribunal si hay diferencias entre las partes, “sería volver 100 años atrás y, por otro lado: ¿Cómo vamos a saber después que el vino que dice que es de determinada zona, es efectivamente de ahí”?
El profesional resalta: “el CIU sirve para saber cuánto vino se elaboró y cuales son las uvas más valiosas y menos valiosas, lo que permite al sector privado tomar decisiones calculadas y precisas. El INV apuntala el trabajo privado del bodeguero que trabaja bien, de las personas que trabajan bien. Ese bodeguero está celebrando el recurso de amparo”
El INV tiene mapeada la superficie cultivada que en la Argentina alcanza unas 190 mil hectáreas. Sabe quienes son sus dueños, los tamaños de las fincas, que tipo de variedad se cultiva, la antigüedad del viñedo, si está en producción o no, si fue afectada por una tormenta de granizo o una helada o algún otro incidente, si existe el viñedo o fue levantado para reemplazarlo por otro cultivo, si es parte de una división de bienes, etc.
Con lo cual, lo que refleja el Certificado de Ingreso de Uvas, es auditado luego por los inspectores del INV en la finca y chequeado con muestras en los laboratorios. Este ejercicio, afirman en la industria, y ratifica Sentinelli, garantiza que el vino que está en la botella es el que dice la etiqueta, que las prácticas de elaboración se han cumplido y que los procesos de calidad también: “Garantiza genuinidad, trazabilidad y calidad”.
