En el gobierno esperan esperan novedades en torno a la privatización del Belgrano Cargas para diciembre. A las puertas de que las principales vías troncales que conectan la producción agropecuaria tengan nuevos concesionarios por los próximos 50 años, decidieron avanzar con las reglas que regirán a uno de sus mecanismos más importantes, el de “open access” o “acceso abierto”.
Fue aprobado por una ley del kirchnerismo en 2015, intentó ser aplicado por el gobierno de Macri y se reflota en la búsqueda de administradores para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El sistema permite a otros transportistas circular por esas vías a cambio de un peaje y permite que un privado pueda contratar a un operador habilitado para trasladar su producción por un corredor.
Cuando fue reglamentado en 2018, la aplicación del “open access” fue supeditada a que se fueran venciendo las concesiones existentes. Ahora que le toca al Belgrano Cargas, el gobierno retoma esa normativa y busca ponerla en práctica con una serie de “condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias” que regirán para el próximo medio siglo.

De por sí, la adjudicación de las tres líneas que opera Belgrano Cargas establece que serán por separado y que podrá haber administradores distintos en cada una de ellas. A eso se suma la posibilidad de que operadores ferroviarios sean habilitados para circular en esas vías.
Por eso, el ministerio de Economía, publicó hoy una serie de reglas comunes que regirán para el modelo de acceso abierto, retomando la experiencia iniciada por la Ley 27.132, la reglamentación del decreto 1027/2018 del macrismo y las condiciones impuestas por el propio proceso de licitación actual.
Cualquier transportista podrá acceder a la red ferroviaria a cambio del pago de un peaje y de una habilitación que deberá tramitar ante el administrador.
Para hacerlo, deberá estar inscripto en el registro de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), informar sobre origen, destino, recorrido, mercadería, volumen y frecuencia; contar con seguros de responsabilidad civil y daños a la infraestructura; disponer de personal de conducción habilitado y medios para atender emergencias; y detallar plan de carga y material rodante con el que cuenta.
A priori, el dueño de la concesión no podrá denegarle el paso a ningún operador y deberá autorizar todas las solicitudes a menos que incumplan con los requisitos normativos, técnicos, de seguridad, o porque no exista capacidad suficiente para incorporar ese servicio. En este último caso, deberá evaluar previamente si puede compatibilizarlo con los demás pedidos y horarios asignados. “La denegatoria deberá ser fundada”, aclara el anexo de la resolución publicada hoy por Economía.

Asimismo, el administrador tendrá hasta 30 días para resolver cada pedido particular y éste, a su vez, deberá presentar ante la secretaría de Transporte el modelo de convenio de circulación.
Una vez aprobado el acceso, el convenio debe celebrarse dentro de 60 días corridos con un detalle específico de los recorridos, tramos, horarios, capacidad asignada, velocidades máximas, carga por eje y prioridades de paso. En su letra chica deberá contemplar las condiciones para finalizarlo, pero la norma establece que “la rescisión deberá encontrarse fundada en incumplimientos graves o reiterados imputables al operador ferroviario”.
Toda esta reglamentación responde a que el “open access” permite igualmente al administrador operar en las vías pero sin condiciones diferenciales que al resto de los transportistas.
En ese sentido, establece que “queda expresamente prohibida la adopción de medidas que, directa o indirectamente, discriminen o limiten el acceso a la red indebidamente a los operadores ferroviarios”. Se entenderá por “discriminación”, aclaran, que se favorezca a los trenes propios en los horarios de alta demanda o que se cobre un diferencial mayor al 10% en el precio del peaje de manera injustificada.
También prohíbe utilizar requisitos, horarios, programación o cualquier otro recurso técnico, operativo o legal de manera desleal contra un operador. El administrador deberá informar cuánto cobra a cada transportista y publicar todas las condiciones del servicio en su propia web.
Asimismo, como podrán circular trenes de diferentes operadores, no sólo la logística sino también la seguridad se tornan aún más importantes. El administrador deberá verificar combustible, aceites, fluidos, frenos, enganches, acoples y demás condiciones elementales; y, en caso de incumplir requisitos mínimos, se deberá inmovilizar esa locomotora.
Cuando reglamentó el sistema, en noviembre de 2018, el gobierno de Macri proyectaba su entrada en vigencia a partir de 2023 y lo presentaba como una herramienta para bajar los costos logísticos y favorecer a las economías regionales. Con el avance de la privatización del Belgrano Cargas finalmente se verá el alcance de aquella normativa.




