El jueves 25 de junio puede que quede en la historia como el mejor día en años para el glifosato. Es que, en Argentina, el popular herbicida fue protagonista de un histórico e icónico juicio a productores agropecuarios de Pergamino, acusados de envenenar a las comunidades linderas a sus campos. Según la Justicia Federal, los productores, los asesores y los aplicadores fueron sobreseídos luego de 7 años de disputa legal.
A su vez, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió este jueves un fallo histórico que puede marcar un antes y un después en la larga batalla judicial alrededor del glifosato en el mundo. Por siete votos contra dos, el máximo tribunal estadounidense resolvió a favor de Bayer en el caso Monsanto vs. Durnell y determinó que los estados no pueden exigir advertencias sobre riesgo de cáncer en las etiquetas del herbicida Roundup cuando la autoridad federal encargada de aprobar esos productos ya decidió que tales advertencias no son necesarias.
La resolución no responde una de las preguntas que desde hace más de una década divide al mundo científico, político y judicial —si el glifosato produce cáncer o no— sino otra mucho más técnica y jurídica: quién tiene la última palabra sobre el contenido de las etiquetas de los fitosanitarios en Estados Unidos. Al respecto, la respuesta de la Corte fue contundente: la tiene el gobierno federal, a través de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA), y no los tribunales estaduales ni los jurados populares.
La decisión representa una enorme victoria para Bayer, que heredó este conflicto judicial cuando adquirió Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares y desde entonces destinó alrededor de 11.000 millones para cerrar más de 130.000 reclamos vinculados al Roundup, convirtiendo al caso en uno de los litigios por responsabilidad civil más costosos de la historia empresarial moderna.
Todo comenzó en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para humanos”.
Aquella evaluación actuó como disparador de una verdadera avalancha de demandas en Estados Unidos. Miles de usuarios comenzaron a reclamar que Monsanto debía haber advertido en las etiquetas del producto sobre un eventual riesgo de desarrollar linfoma.
La posición de la IARC, sin embargo, chocó desde el comienzo con la postura de la EPA y de prácticamente todos los organismos regulatorios del mundo que revisaron posteriormente la evidencia científica disponible.
La diferencia radica, en buena medida, en la metodología utilizada. Mientras la IARC realiza evaluaciones de peligro —es decir, analiza si una sustancia puede generar cáncer bajo alguna circunstancia— los organismos regulatorios realizan evaluaciones de riesgo, que buscan determinar si el uso real y habitual del producto representa un peligro concreto para la salud.
La EPA concluyó reiteradamente que el glifosato es “poco probable que sea cancerígeno para humanos” y aprobó durante todos estos años etiquetas para productos con glifosato sin incorporar advertencias sobre cáncer. Precisamente sobre esa diferencia se construyó el caso que llegó hasta la Corte Suprema.
El demandante fue John Durnell, un vecino de St. Louis que durante aproximadamente dos décadas aplicó Roundup en parques y espacios verdes de su comunidad y posteriormente desarrolló un linfoma no Hodgkin, una enfermedad que atribuyó a la exposición al herbicida.
Durnell inició una demanda en Missouri argumentando que Monsanto incumplió su deber de advertir sobre ese riesgo potencial. Un jurado le dio la razón en 2023 y posteriormente una corte estadual confirmó el fallo. Monsanto apeló y llevó la discusión al máximo tribunal del país.
La discusión jurídica era compleja pero concreta, ya que la legislación federal que regula pesticidas, conocida como FIFRA, impide que cada estado establezca requisitos de etiquetado distintos a los aprobados por la EPA.
La norma federal establece expresamente que los estados no pueden imponer requisitos de etiquetado o empaque “adicionales o diferentes” a los establecidos por la regulación nacional.
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La mayoría de la Corte entendió que obligar a Bayer a incorporar una advertencia sobre cáncer equivaldría justamente a exigir un etiquetado distinto del aprobado por la EPA, y que por lo tanto ese reclamo estatal queda desplazado por la legislación federal.
“La demanda de Durnell requeriría una advertencia sobre cáncer en la etiqueta de Roundup, un requisito adicional y diferente al exigido por la EPA bajo la FIFRA”, escribió el juez Brett Kavanaugh en el voto mayoritario.
La decisión fue acompañada por una mayoría poco habitual dentro del tribunal, integrada por jueces conservadores y progresistas, entre ellos el presidente de la Corte, John Roberts, además de Samuel Alito, Clarence Thomas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett.
La disidencia quedó en manos de los jueces Ketanji Brown Jackson y Neil Gorsuch, quienes sostuvieron que el fallo restringe injustificadamente la posibilidad de que ciudadanos afectados recurran a los tribunales estaduales.
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Para Bayer, las consecuencias prácticas del fallo pueden ser enormes. La compañía considera que la resolución debería provocar el cierre de buena parte de las demandas actuales y bloquear nuevas presentaciones basadas en la supuesta falta de advertencias sobre cáncer, que constituyen la inmensa mayoría de los litigios iniciados hasta ahora.
En febrero de este año, además, Monsanto había anunciado junto con estudios jurídicos de demandantes un acuerdo colectivo destinado a resolver reclamos presentes y futuros vinculados al linfoma no Hodgkin mediante pagos escalonados durante 21 años por hasta 7.250 millones de dólares.
Desde la empresa celebraron el fallo como un respaldo al sistema regulatorio estadounidense y a las evaluaciones científicas realizadas por la EPA.
“Esta decisión es positiva para los agricultores estadounidenses que contribuyen a alimentar al mundo. Proporciona la claridad regulatoria necesaria para que innovadores como nosotros desarrollemos las herramientas agrícolas que garantizan un suministro de alimentos asequible”, afirmó el CEO de Bayer, Bill Anderson.
La compañía sostuvo además que el glifosato continúa siendo “el producto fitosanitario más estudiado del mundo” y recordó que las principales agencias regulatorias de Europa, Asia y América Latina coinciden en que es improbable que represente un riesgo cancerígeno para las personas cuando se utiliza de acuerdo con las recomendaciones de uso.
Así, después de casi diez años de litigios, más de 100.000 demandas y miles de millones de dólares destinados a indemnizaciones y acuerdos judiciales, la batalla que comenzó con un jardinero de Missouri terminó convirtiéndose en un fallo histórico que redefine quién decide qué puede decir una etiqueta y qué lugar ocupan la ciencia regulatoria y los tribunales en una de las discusiones más sensibles para la agricultura moderna.
