El verano es en la Costa, incluso también para la agenda de reclamos. El estado de los caminos rurales fue uno de los temas centrales de este 2025 en el interior productivo, y ahora también llega, en los meses más calurosos del año, al municipio de General Alvarado, que tiene su cabecera en Miramar.
Allí, un grupo de productores, cansados de no ver pasar una máquina “hace 20 años” y de ni siquiera saber a qué obras se destina lo que pagan en concepto de Tasa Vial, acaban de iniciar acciones legales ante el gobierno local.
Del mismo modo que se vio en otras localidades bonaerenses, como Henderson, Bolívar, Daireaux o Baradero, la presentación judicial, ingresada el pasado jueves 11 de diciembre, es un pedido de acceso a la información pública. De ese modo, se exige al municipio dar a conocer en qué se usa la recaudación y por qué, si la zona no tienen en absoluto que ver con las inundaciones bonaerenses, allí los caminos rurales son igualmente “intransitables”.
“El partido está muy abandonado. Todo depende de la buena voluntad de los productores para hacer sus propios caminos o cambiar alcantarillas”, explicó a Bichos de Campo el vicepresidente de la filial local de la Sociedad Rural, Gonzalo Muñiz.
En efecto, entre los más de 500 kilómetros de caminos rurales que unen Miramar, Mar del Sur, Otamendi, Mechongué y Centinela del Mar, además de otros tantos parajes, los productores denuncian que hay zonas donde directamente se cumplieron dos décadas sin que se hagan obras de mantenimiento, aunque sea mínimas.
Ya ni siquiera se trata únicamente de la voluntad estatal, pues el propio ruralista asegura que detrás hay un problema estructural, pues “el municipio está en quiebra”. Eso hace que lo poco que se recauda por la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal -una de las más bajas a nivel provincial pero a la vez con mayor porcentaje de cumplimiento- no se vuelque luego en los caminos.
Y eso es lo que, en definitiva, habilita la acción legal que hoy lleva adelante el abogado Pablo Abdon Torres Barthe, que ha dirigido las demás iniciativas en la provincia. Lo que se espera, mediante el pedido de acceso a la información pública, es poder demostrar que lo recaudado por la tasa no se vuelca en el servicio y así, luego, impugnar el tributo por no tener una contraprestación específica.
Por ello, en la presentación judicial ingresada este jueves, a la que accedió este medio se solicita al intendente peronista Sebastián Ianantuony entregar una copia los balances de los últimos 48 meses, una copia de la matriz de costos utilizada para fijar el valor de la tasa y un informe de la cantidad de kilómetros de caminos rurales e infraestructura vial a mantener, entre otros documentos específicos.
Aunque el municipio está ubicado en el extremo sur de la Costa Atlántica, no es sólo el turismo lo que lo sustenta. Allí, sobre todo en los campos de Mechongué y Otamendi hay muchos establecimientos dedicados a la producción agrícola -sobre todo de cereales de invierno pero también de soja y maíz-, ganadería bovina y de hortalizas, como papa, zanahoria, zapallo y verduras de hoja verde.
En todo caso, no contar con una red vial acorde repercute en los costos, pues hay zonas donde, por la subida de la napa y el nivel bajo del camino son directamente intransitables para los camiones.
“Hay productores que están a 20 kilómetros de la ruta y tienen que hacer 60 para llegar al mismo punto”, explicó Muñiz, que señala que las últimas semanas, por el final de la campaña invernal, se vio un fuerte impacto en el precio del flete producto del mal estado de los caminos.
Eso fue lo que, entre muchos otros factores -como el aislamiento de familias y escuelas rurales- llevó a la Sociedad Rural local a convocar una asamblea, en la que algunos productores optaron por tomar la via judicial.
Sin contar aún con números oficiales, que justamente acaban de solicitar al municipio, desde la entidad estiman que anualmente se recaudan alrededor de 500 millones de pesos entre la Tasa Vial y la coparticipación del impuesto Inmobiliario, una suma de la que se desconoce porcentaje de afectación a las obras y trabajos.
“Lo que sí sabemos es que nosotros gastamos más que el municipio, porque al día siguiente después de una tormenta ya pasamos con la máquina”, expresó el ruralista, que igualmente explicó que, a largo plazo, hacer ese tipo de trabajos sin obras más grandes, como los alteos o las alcantarillas, termina hundiendo aún más el camino y agravando la problemática.
En ese sentido, más que dejar de pagar la tasa, que es baja pero se torna cara cuando no se ve reflejada en trabajos concretos, los productores buscan que el gobierno local los haga partícipes de la toma de decisiones.
“La mirada es bastante proactiva porque le decimos al municipio ´sabemos que sin plata no podés hacer los caminos, pero también sabemos que no la vas a gastar ahí´”, explicó Muñiz.
En 2022, de hecho, la entidad logró que el municipio tomara un crédito y comprara nueva maquinaria exclusiva para la zona rural. En ese entonces, la propuesta de los productores había sido conformar un consorcio caminero para llevar a cabo ellos mismos los arreglos y el mantenimiento, pero sólo lograron que se conformara una comisión no vinculante que terminó siendo testimonial en sus funciones.
“Para lo único que sirvió es para que no se lleven las máquinas al pueblo, pero ya pasaron 3 años y hay lugares por los que todavía no pasaron. Son muy inoperantes”, señaló Muñiz.
A días de que comience la feria judicial, es de esperarse que el reclamo iniciado por los productores en General Alvarado se vea demorado en los tribunales. Al menos, confían, es una iniciativa que llega más demorada que en otros municipios, pero que no por eso deja de ser válida.
