Hace unas semanas, para tratar de convencer a sus agricultores de que el acuerdo de comercio con el Mercosur no sería una capitulación para la política agrícola común, la Unión Europea aprobó una serie de salvaguardias, que se activarán en caso de que se verifique daño en algunos sectores productivos.
Hace unas horas, también el Gobierno Federal de Brasil publicó, en una edición suplementaria del Diario Oficial, el Decreto 12.866/2026, que regula el procedimiento de investigación y aplicación de medidas de salvaguardia bilaterales en todos los acuerdos comerciales firmados por Brasil, incluido el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Aquí, en la Argentina, ese pacto comercial se aprobó sin ningún miramiento ni prevención especial, e incluso bajo la presión del presidente Javier Milei para que la Argentina sea el primer país en aprobarlo mediante el voto legislativo. Como no se logró (porque horas antes lo aprobó el Congreso de Uruguay), Milei entonces se apuró para ser el primer presidente en “promulgar” dicha ley.
Parece ser que a los sectores productivos argentinos no les preocupa la posibilidad de daño, y por lo tanto aquí nadie habla de salvaguardias. El día que algo suceda, que a los sectores dañados los proteja el ángel de la guarda.
Pero vamos a Brasil, que aporta la noticia en este momento. El gobierno de Lula Da Silva tomó la decisión de establecer estos niveles de protección luego de la aprobación, por parte del Congreso, del Proyecto de Decreto Legislativo 41/2026, que ratificó el acuerdo comercial provisional entre ambos bloques económicos.
En la práctica, el decreto crea un mecanismo administrativo que permitirá a Brasil reaccionar si se produce un aumento significativo de las importaciones de productos beneficiados por reducciones arancelarias que causen un daño significativo a la industria nacional o a sectores productivos estratégicos.
La medida fue publicada después de la intervención de la senadora Tereza Cristina, ex ministra de Agricultura y actual vicepresidenta del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) en el Senado, que trabajó con el vicepresidente de la República y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, para viabilizar la reglamentación antes de la implementación del acuerdo.
Según Cristina, la medida garantiza una seguridad al sector productivo brasileño ante la liberalización comercial prevista en el tratado. “Este decreto fue fundamental para garantizar que Brasil cuente con instrumentos claros para reaccionar si algún sector productivo se ve perjudicado por un aumento repentino de las importaciones. Las salvaguardias son un mecanismo legítimo del comercio internacional y ayudan a preservar el equilibrio del acuerdo”, afirmó Tereza.
El Frente Parlamentario explicó que el decreto establece las normas internas para que el país aplique salvaguardias, incluso al margen de sus socios del Mercosur, cuando haya un aumento significativo de las importaciones. Entre las posibles medidas se incluyen la suspensión temporal de las reducciones arancelarias, la reintroducción de aranceles de importación o la creación de cuotas para la entrada de determinados productos.
Ante una denuncia por lesiones a un sector productivo, la investigación podrá ser iniciada por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) a petición de la industria nacional o, excepcionalmente, por el propio gobierno. El Departamento de Defensa Comercial (Decom) será responsable del análisis técnico de los datos económicos y de verificar cualquier posible perjuicio.
El reglamento responde a una demanda del FPA (Frente Parlamentario Brasileño para la Agricultura), que exigía instrumentos de defensa comercial antes de la plena implementación del acuerdo con la Unión Europea. El presidente de la bancada, el diputado Pedro Lupion, afirmó que el decreto fortalece la capacidad del país para reaccionar ante posibles desequilibrios comerciales.
“Este decreto sienta las bases para que Brasil actúe si los sectores productivos se ven afectados por importaciones excesivas. Es un instrumento importante para garantizar el equilibrio en las relaciones comerciales y preservar la competitividad de la producción nacional”, afirmó.
Según el senador Jaime Bagattoli, el sector abarca diferentes perfiles productivos y necesita ser valorado en el proceso de liberalización comercial.
“Es un sector que abarca desde la agricultura familiar hasta los pequeños, medianos y grandes productores. Dada su fortaleza, nosotros, como representantes en el Congreso Nacional, debemos valorar aún más este sector productivo. Estoy seguro de que este acuerdo traerá resultados positivos para el país”, afirmó.
