En Córdoba, la discusión sobre las tasas municipales ofrece postales que parecen sacadas de épocas distintas. Mientras la Corte Suprema de Justicia cuestiona el cobro de una tasa municipal en la capital provincial, una intendenta festeja que esos tributos sirvan para renovar el parque automotor y en la legislatura duermen plácidamente los proyectos para terminar con los cobros injustificados al sector productivo.
En el medio, sigue vigente el reclamo de las bases y entidades ruralistas, que insisten en que afrontan tasas que ya no tienen contraprestación alguna en al menos un 75% de los municipios cordobeses.
La semana pasada, la Corte Suprema se expidió con claridad respecto a las tasas municipales y señaló que muchas veces se convierten en “una coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación”. Lo hizo a propósito de una causa iniciada por el Banco Galicia en la capital de Córdoba hace varios años, pero que, sin dudas, le da una palmada en la espalda al histórico reclamo del sector productivo.
Apenas pocos días después de la decisión del máximo tribunal, la intendenta de Huinca Renancó, Ana Lucía Bolaño, durante el discurso de apertura de la exposición rural de su localidad, le agradeció al sector productivo que con las contribuciones de las guías ganaderas hoy se cubren gastos importantes. Entre ellos, la renovación del parque automotor del municipio, a pesar de que no sea la contraprestación que la tasa exija, y aunque directamente el cobro de ese tributo ya sea injustificado.
A pesar de que intentó matizarla, la desafortunada frase de Bolaño quedó sobrevolando en el ruralismo, que por estas horas reactiva el pedido activo de eliminar de una vez la tasa de guías ganaderas y denuncia el “trato desigual” ante este sector.
“Hace 2 años que venimos hablando este tema, y la discusión está cajoneada hace más de 6 meses en la Comisión de Agricultura de la legislatura. Muchos intendentes presionan sobre los legisladores para que eso suceda”, expresó en diálogo con Bichos de Campo el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Maximiliano Razzeto.
Originalmente, la tasa de guías ganaderas se pagaba al municipio por el servicio de registro de traslado de hacienda, un trámite que se hacía en las oficinas locales y cuyo precio se delimitaba en cada localidad. “Eso es una potestad que establecía la ley original, que permitía cobrar en kilos de novillos, de vaca o de ternero y que cada municipio decidiera qué categoría elegir”, recordó Razzeto.
Desde que el Senasa declaró obligatoria la autogestión en el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), esa instancia municipal quedó anulada en la mayoría de los casos -con excepciones concretas para zonas o productores sin cobertura- y aunque el trámite dejó de pasar por las oficinas locales, el cobro de la tasa de guías ganaderas se mantuvo.
“Es muy sencillo, no se puede cobrar por un servicio que no prestás”, afirmó el ruralista, que hace eco de un reclamo que ha tomado forma el último tiempo en todo el interior productivo.
Por iniciativas particulares y la presión del sector productivo, varias localidades del interior cordobés ya eliminaron esta tasa, pero desde Cartez aseguran que aún queda un 75% de municipios donde rige, aunque con diferentes valores y erogaciones presupuestarias.
“Pero esas soluciones aisladas, lejos de resolver el problema, han generado diferencias entre productores según la zona en la que desarrollan su actividad. Por eso es indispensable establecer un criterio general para todo el territorio provincial”, señalaron en un reciente comunicado, que pide avanzar en el tratamiento de los proyectos de ley presentados por los legisladores Oscar Agost Carreño (PRO) y Matías Gvozdenovich (UCR).
Ambos, aún a la espera de que la Comisión de Agricultura de la legislatura, que lleva al frente el oficialista Mariano Ceballos, convoque a su tratamiento.
“La Corte Suprema acaba de decir que si no ofrecés un servicio en contraprestación, no podés cobrar una tasa. No sé hasta dónde más quieren llegar con la discusión”, señaló Razzeto.
La discusión se torna borrosa con casos como el de Huinca Renancó, donde los fondos aportados por los ganaderos se vuelcan en obras e iniciativas concretas que, aunque ajenas a la producción, son muy necesarias. A eso se refiere el sector cuando cuestiona la desigualdad respecto a otros vecinos.
“Esas necesidades pueden ser atendibles, pero no justifican trasladar su costo a un sector específico sin una contraprestación efectiva”, expresan desde Cartez, que insiste en que aunque los recursos se destinen a “fines legítimos o necesarios”, “no es razonable que esos productores afronten en soledad costos generales de los municipios y las comunas”. Y menos aún un sólo sector de la producción, teniendo en cuenta que la tasa de guías alcanza únicamente a quienes trabajan en alguna de las cadenas cárnicas.
“Si vamos a ayudar al hospital, a los clubes, a los colegios o a renovar todo el parque automotor, que me parece perfecto, tiene que ayudar todo el pueblo, no solamente los productores ganaderos”, concluyó por su parte el presidente de la entidad, que insistió sobre la urgencia de trabajar sobre este tema.
