Para evaluar el impacto que tuvo la desregulación del INYM en el sector yerbatero, así como otras medidas tomadas por el gobierno desde la implementación del DNU 70/2023, diputados nacionales presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo.
Impulsado por Agustín Rossi, y acompañado por el ex gobernador de Misiones y actual legislador Oscar Herrera Ahuad, Nancy Sand de Corrientes, y Victoria Tolosa Paz y Roxana Monzón de Buenos Aires, el proyecto apunta a conocer el fundamento de las decisiones tomadas, así como un relevamiento de las condiciones del sector.
“Las modificaciones introducidas a partir de las facultades otorgadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70, y plasmadas posteriormente en el decreto 812/2025, han implicado la eliminación de facultades regulatorias esenciales del organismo, en particular aquellas vinculadas a la fijación de precios de la materia prima, lo que ha alterado sustancialmente el equilibrio del sistema”, señala el texto en sus fundamentos.
“Dichas modificaciones han alterado de manera sustancial el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo creado por ley del Congreso de la Nación con el objeto de promover el desarrollo equilibrado de la actividad yerbatera, garantizar la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados y corregir las asimetrías estructurales existentes en la cadena productiva”, añade.
Entre los varios pedidos que se realizan se encuentra la determinación de la rentabilidad de los productores, los precios efectivamente percibidos, la detección de prácticas de posición dominante y el registro de distorsiones en la cadena.
“La cadena yerbatera presenta históricamente asimetrías entre sus distintos eslabones, por lo que el monitoreo estatal resulta esencial para garantizar condiciones justas y transparentes”, afirmaron los legisladores.
Consultá el proyecto acá:
Cabe mencionar que ya en 2025 se presentó un proyecto similar con el objetivo de relevar la situación del sector yerbatero, que hace meses denuncia estar obteniendo precios por su materia prima que los deja al borde del quebranto.
“La intervención del Congreso resulta no solo legítima, sino necesaria, en tanto las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo han impactado de forma directa sobre una economía regional de significativa relevancia social, productiva y territorial, afectando particularmente al sector primario, integrado mayoritariamente por pequeños y medianos productores”, concluyeron.
