A más de 2 años de la entrada en vigencia del decreto 70/2023, el sector yerbatero sigue resistiendo la desregulación de la actividad y la vía elegida vuelve a ser la judicial. Tal es así que un grupo de productores y asociaciones agrarias acaban de presentar en el Juzgado Federal de Posadas dos acciones destinadas a restituir las funciones originales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuya pérdida de facultades y desguace generó crisis y quebranto en los eslabones primarios de la cadena.
En concreto, los expedientes judiciales solicitan, por un lado, que se “declare la inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable e inaplicabilidad” del capítulo yerbatero de aquel DNU y, a la vez, que mediante una medida cautelar se ordene la “inmediata suspensión de los efectos y de la aplicación” de esos artículos y otras acciones siguientes, hasta tanto se resuelva el pedido de inconstitucionalidad.
Es de recordar que una iniciativa del mismo tenor había sido impulsada en enero del 2024, a pocos días de la entrada en vigencia del discutido decreto. En ese entonces, la estrategia del gobierno nacional fue hacer oídos sordos a la orden y mantener un INYM disfuncional “de facto”.
De hecho, el Ejecutivo demoró más de un año y medio en nombrar al presidente del organismo, forzó su acefalía, evitó que se siguiera fijando el precio de la hoja verde, y aguardó a que esa primera medida cautelar dejara de regir, en octubre del 2025, para finalmente avanzar con las modificaciones más profundas. Por ese entonces, además, se lo había denunciado penalmente al presidente Javier Milei por incumplimiento de sus deberes como funcionario.
Quienes ahora recogen el guante son un amplio grupo de productores y dirigentes representados por Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, al frente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; Julio Alfredo Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Edgar Gustavo Hein, de Federación De Cooperativas Agrícolas De Misiones Limitada, y Antonio Rodríguez Franza, presidente de la Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay.
Con el patrocinio del abogado José Federico Padolsky, intentarán ahora ir al fondo de la cuestión y luchar en la Justicia para terminar con la agonía sectorial.
“Esto tiene que ver con la supervivencia de nuestra identidad y con la defensa de la cultura nacional del mate. Demuestra que se puede unir todo el pueblo misionero en pos de la defensa de su principal economía regional”, expresó Padolsky, quien dialogó con Bichos de Campo luego de elevar las presentaciones al Juzgado Federal de Posadas.
La acción principal, desde ya, es la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del DNU 70/2023 que, asegura el representante de los productores, “modifican sustancialmente el régimen institucional establecido por la Ley 25.564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate”.
En resumidas cuentas, lo que se discute es que el Ejecutivo usó un instrumento particular, como lo es el decreto de necesidad y urgencia, para una cuestión que no lo ameritaba, lo que implicó incluso pasar por encima de una ley discutida y aprobada en el Congreso en el año 2002.
“El poder Ejecutivo tiene todo el derecho a pensar el proyecto económico que quiera, pero, si quiere modificar una ley, no puede tomar atajos legislativos. Lo que hizo fue injusto y antijurídico”, observó el abogado, que asegura que, con la desregulación ordenada mediante el DNU -y sus normas posteriores-, “se transforma de hecho la naturaleza jurídica pensada por el Legislador (el Congreso) para el instituto”.
Eso es debido a que, desde entonces, el INYM perdió muchas de sus funciones primordiales, que justamente lo facultaban como organismo veedor de toda la actividad. Es el caso de fijación de valores de referencia para la hoja verde -un mecanismo fundamental para asegurar la rentabilidad de los productores y la supervivencia de la cadena-, como también toda una serie de instrumentos regulatorios que establecían estándares comerciales y de calidad.
Con un INYM reducido a una carcasa vacía, denuncian los productores y cooperativistas, el único beneficiado es un sector minoritario. “El INYM fue originalmente concebido como un órgano de concertación de todos estos actores que conforman este esta gran cadena, pero se ha transformado en un apéndice de la gran industria que solamente debe garantizar la competitividad de este sector, justamente el más concentrado de todos”, expresó Padolsky.
Hasta tanto la Justicia defina si el plan dispuesto por el gobierno nacional por decreto es de carácter inconstitucional, los demandantes también presentaron una medida cautelar que suspenda la aplicación de esos artículos y de otros vinculados.
Se trata, sobre todo, del decreto 812/2025 (modificatorio del decreto reglamentario 1240/2002), que reglamenta y profundiza las modificaciones introducidas por el DNU, y modifica el “régimen legal” del INYM. Además, también se solicita la suspensión de la resolución 152/2025 del INYM, destinada a desvincular personal técnico del organismo.
En ese sentido, el abogado también explicó que también se apunta al decreto 70/2025 con el argumento de la “falta de motivación”, que ven expreso en la propia redacción de esa normativa. “Cuando vemos los fundamentos del capítulo yerbatero del DNU, nos encontramos que todo se reduce a dos párrafos sobre la macroeconomía, abstractos e indemostrables”, señaló.
Del mismo modo, y en relación al perjuicio económico que, derivado de la desregulación, atraviesan tareferos, colonos y cooperativistas, los demandantes aseguran que hubo “desviación de poder” por parte del gobierno nacional. “Dicen que lo hicieron en pos del bien común, pero el único objetivo era mejorar los balances de la gran industria a costillas de los colonos”, apuntó Padolsky.
Días atrás, el sector recibió el apoyo del gobierno provincial que, si bien no figura como demandante, se comprometió a dar sustento a esas presentaciones. “Todo esto ha generado un daño muy profundo en la economía y el pueblo misioneros. Los municipios están totalmente desfinanciados, ha caído la recaudación, no hay movimiento en los comercios locales, y los tareferos emigran a Brasil. Esto es una destrucción del proyecto de vida de los misioneros”, concluyó el abogado.
Foto portada: El Destape
