El bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio ingresó en la legislatura bonaerense dos proyectos de ley para beneficiar al sector agropecuario y de paso poner incómodo al gobernador Axel Kicillof. Se trata de la derogación del Impuesto Inmobiliario Complementario, que grava a numerosos establecimientos rurales en Buenos Aires, y de la modificación a la ley de Emergencia Agropecuaria, que aliviaría las obligaciones tributarias. Con estas iniciativas proponen “reparar deudas históricas de la provincia con el campo”.
Si bien ambos proyectos fueron impulsados por el legislador Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica ARI, llevan la firma de los legisladores de todos los bloques de la oposición, quienes insistieron en que el gobernador “escuche al campo y tome medidas concretas de baja de impuestos y apoyo económico en situaciones de emergencia climática.
Respecto al impuesto inmobiliario, creado por el gobierno de Daniel Scioli en 2013, Bugallo afirmó: “El impuesto complementario rural es un absurdo que no resiste lógica alguna, más que el desconocimiento y el desprecio ideológico del sector, más allá del meramente recaudatorio. Hay casos donde el propietario de un solo campo de 500 hectáreas, paga mucho menos que un pequeño productor que tiene 4 campos de 30 hectáreas. Es un mal impuesto, regresivo, confiscatorio e inconstitucional, significa una sobrecarga a otro impuesto ya existente, lo cual ya lo convierte en ilegal”.
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En cuanto a la reforma a la ley de Emergencia Agropecuaria, el legislador indicó que el objetivo es ampliar los beneficios crediticios, tributarios y materiales que actualmente brinda la ley 10.390, “entendiendo que para la magnitud de aporte que realiza el sector agropecuario a las arcas provinciales, no recibe la debida contraprestación por parte del Estado ante situaciones de emergencia como sequías, inundaciones, incendios, etc.”.
De esta forma, se propone la baja en los porcentuales de afectación para acceder a los beneficios en zonas declarada de emergencia agropecuaria, del 50% al 30%. Y en zona de Desastre Agropecuario se baja del 80% al 50%. También busca eliminar trabas en la inscripción, prorrogar el vencimiento de impuestos y crear líneas de crédito especiales para los productores afectados.
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”Desde Juntos por el Cambio vemos al complejo agroalimentario como el principal aliado para el crecimiento económico de nuestro país, la real reducción de la pobreza estructural, el desarrollo en el interior del país y sobre todo, la generación de divisas. Por eso estamos convencidos que la única política de Estado que hoy necesita el campo es que lo dejen trabajar, reglas claras, certidumbre, que le saquen la pata de encima, eliminando burocracia y quitando peso de la mochila tributaria”, sostuvo Bugallo.
