El país agropecuario se bate contra un monstruo de mil cabezas. La presión ambientalista en contra de las aplicaciones de agroquímicos provoca que en decenas de pueblos y ciudades las autoridades políticas fijen normativas muy restrictivas que no siempre tienen fundamento científico. Desde hace rato se sabe que el problema requiere de una ley nacional que regule sobre el tema y sirva de base para municipios y provincias.
La buena noticia es que en el Congreso, muy tímidamente, comenzó a discutirse sobre este asunto tan necesario, aunque existe un riesgo de que el debate se dispare hacia cualquier lado en medio de un año electoral. Los senadores que protagonizan este pulseada están en las antípodas: son Fernando ‘Pino’ Solanas y el ‘Mellizo’ Alfredo De Angeli. Ambos tienen apuro, pues terminan sus mandatos a fin de este año.
Por ahora, en los últimos días se produjo una reunión de los asesores de diversos legisladores de las comisiones de Ambiente y Agricultura de la cámara Baja. Allí se acordó comenzar a citar especialistas en aplicaciones para que el proyecto de ley que se requiere comience a tomar forma. La Comisión de Ambiente -que preside Solanas- tienen mayor premura y reclaman una sanción urgente. Pero desde la comisión de Agricultura -donde manda De Angeli- exhortan a no promover leyes que prohíban o restrinja el uso de agroquímicos sin fundamentos válidos.
En principio, existen tres proyectos en danza y algunos de ellos meten miedo:
Los asesores tenían a la vista tres proyectos:
- El Proyecto S-701/18, del senador José Anatolio Ojeda, del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego, se propone prohibir en todo el territorio nacional la utilización del herbicida «glifosato», sus productos formulados y derivados.
- El Proyecto S-1862/18, del senador mendocino por la UCR Julio Cobos, pretende establecer los presupuestos mínimos para el uso apropiado de agroquímicos.
- El Proyecto S-1057/19, del senador porteño Fernando Pino Solanas, ahora cercano al kirchnerismo, establecería los presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos agroquímicos.
Los asesores de Solanas fueron los que abrieron el debate y cuestionaron las “fumigaciones en escuelas y zonas urbanas”, al tiempo que plantearon alternativas para producir sin el uso de agroquímicos, estableciendo zonas buffer donde la aplicación de esos insumos esté directamente prohibida.
También propusieron considerar más de 850 trabajos científicos que verifican la toxicidad del glifosato, impulsar el principio preventivo y precautorio, no naturalizar el uso de agroquímicos y atender la emergencia social.
Frente a ese planteo, los asesores de De Angeli, un ex dirigente agropecuario y actual senador por el PRO de Entre Ríos, señalaron que no apoyarían ninguna ley que prohíba o restrinja las aplicaciones, ya que existen herramientas que permiten su regulación, a través de información satelital, chequeando condiciones de aplicación y localización de las máquinas aplicadoras.
Sin embargo, aceptaron abrir el debate y jerarquizarlo con aportes académicos, no desconociendo la preocupación social y los fallos vigentes, muchos de esos, excesivamente limitantes para los productores agrícolas. En ese sentido, hubo un pedido concreto para contemplar las distintas realidades provinciales antes de legislar.
Los asesores del “Melli” pidieron “cuidar el sector productivo y no castigarlo” sin razones claras como, afirman, está sucediendo en Entre Ríos, donde se fijó una prohibición de 1000 metros en torno a las escuelas rurales, en el caso de las aplicaciones terrestres.
En concreto, hubo coincidencia entre los técnicos que responden a ambos dirigentes para comenzar con el debate. Posiblemente esto se produzca durante los primeros días de julio, con reuniones quincenales, a nivel asesores, donde especialistas convocados desde el ambiente y la producción acerquen sus posiciones, explicaron fuentes legislativas.
Mientras estos aprontes se producen en el Senado, el Poder Ejecutivo también se ha puesto a trabajar en un anteproyecto de aplicaciones que enviaría antes de fin de año al Congreso.
