Ocho empresas avícolas que sufrieron la irrupción de técnicos de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en sus propiedades para sacrificar pollos o gallinas y destruir cientos de miles de huevos, a raíz de casos detectados de la peligrosa Influenza Aviar altamente contagiosa H5 y H7, se repartirán unos 2.200 millones de pesos asignados por la Secretaría de Agricultura a modo de indemnizaciones por esa lucha sanitaria.
Estos pagos, ordenados este viernes mediante una resolución en el Boletín Oficial, se registran en momentos en que ha amainado la crisis sanitaria que se inició en febrero de este año, cuando esta zoonosis penetró en las fronteras nacionales. Según el último reporte del Senasa, se han producido desde entonces un total de 100 casos. Peor el dato saliente es que en los últimos 10 días no se habían registrado casos positivos.
Al 28 de junio, según la información disponible, “suman 100 las detecciones de la enfermedad en total en todo el país y son 92 los brotes cerrados, desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 138 días”. Es decir que solamente en 8 casos intervenía todavía Senasa para el control de la situación sanitaria.
De ese centenar de casos positivos la mayoría, unos 75, se había registrado gallineros caseros o de traspatio. Además había 7 detecciones entre aves silvestres. En granjas comerciales -especialmente productoras de huevos- se habían registrado 18 focos. Con la resolución de hoy se indemnizaron los destrozos en 8 de esos casos. Es decir que se especula podría haber un segundo lote de empresas.
Son estas empresas las que cobrarán 2.204.320.600 pesos provenientes de la Secretaría de Agricultura. La quinta parte de esa suma, con casi 400 millones de pesos, corresponde a la firma Pollolín SA, ubicada en el Alto Valle de Río Negro, que tuvo que sacrificar unos 180 mil pollos. 
Estas indemnizaciones han sido bastante discutidas. Las anunció el ministro de Economía y ahora precandidato presidencial Sergio Massa cuando comenzó la emergencia, en febrero pasado, pero luego pasaron varios meses sin que hubiera una reglamentación. La resolución respectiva recién se conoció el 15 de mayo pasado. Convocaba a las empresas damnificadas a inscribirse en un plazo perentorio.
Finalmente estas ocho empresas avícolas surgieron de los casos registrados hasta el 7 de junio. Puede ser que luego de esa fecha se hayan producido nuevos sacrificios masivos. De hecho, el último caso registrado sigue activo en una granja cercana a La Plata, donde se estaban sacrificando más de 350 mil gallinas ponedoras.
El sacrificio masivo de aves y la destrucción de los huevos, en caso de confirmación de la presencia de la enfermedad virósica, es la herramienta aceptada internacionalmente para poner freno a la expansión territorial de la Influenza Aviar, ya que estas variantes son altamente contagiosas. Las aves se matan utilizando un gas. Luego los cadáveres se entierran, lo mismo que los huevos producidos en el establecimiento, para aislar toda posibilidad de contagio a otros lugares de producción.
Como en algunos casos ha habido resistencia de las empresas a una solución tan draconiana de parte del Senasa, que tiene poder de policía sanitaria en estos casos, la resolución de indemnizaciones firmada por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, establece que el dinero solo podría ser cobrado por empresas o productores que “no hayan obstaculizado o impedido la labor de los agentes del mencionado Servicio Nacional en ninguna de las instancias del procedimiento de intervención de emergencia sanitaria”.
La referencia es importante porque hubo un caso, el de la avícola correntina Santa Ana, en que la empresa interpuso un recurso judicial, debido a que creía que los análisis para detectar la Influenza habían sido mal realizados por Senasa y entonces el primer resultado “positvo” no no era real, pues las aves no presentaban ningún tipo de síntomas. Tras dos nuevos análisis que dieron negativo, se confirmó esta presunción y se evitó el sacrificio innecesario de unas 70 mil ponedoras. De todos modos, llegaron destruirse gran cantidad de huevos. Para este empresa, que resistió el embate, no habrá indemnización. O mejor dicho, será la justicia la que decida ya que presentó una denuncia civil y penal por la negligencia del Senasa.
Por ahora, la estadística oficial sigue contando ese caso en Corrientes como “positivo”. Por ahora, según Senasa, han sucedido confirmaciones de ese tenor en 24 ocasiones en Buenos Aires, 21 en Córdoba, 12 en Neuquén, 9 en Santa Fe, 7 en Río Negro, 7 en Chubut, 4 en Chaco, 2 en Entre Ríos, 2 en Formosa, 2 en San Luis, 2 en La Pampa, 2 en Corrientes, 2 Santa Cruz, 1 en Jujuy, 1 en Santiago del Estero, 1 en Salta y 1 en Mendoza.
Como en todas las órdenes de pago que emite últimamente la Secretaría de Agricultura, estas indemnizaciones no serán de cancelación inmediata sino que dependerán de la “disponibilidad presupuestaria” que haya en ese organismo.
