El gobierno nacional planea enviar al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y se abre una oportunidad única para que el agro argentino recupere un derecho cercenado hace casi un cuarto de siglo.
El aspecto más relevante de la iniciativa consiste en incorporar una prohibición explícita de financiamiento directo o indirecto del BCRA al Tesoro nacional, lo que implica, en los hechos, inhabilitar la emisión monetaria sin respaldo.
Se trata de una gran propuesta, pero que, tal como está diseñada, resulta incompleta, porque no restringe una atribución concedida al BCRA que opera en contra de la libertad de los generadores de riqueza.
Se trata de la liquidación obligatoria de divisas, una medida que no está presente en naciones normales como Uruguay, Brasil y Paraguay, pero que rige en países tercermundistas como Turkmenistán, Madagascar y República Central Africana.
En los países normales no es necesario aclarar que las divisas generadas por los exportadores pertenecen a los exportadores y no al Estado del territorio en el cual se generó la operación de comercio exterior.
En la Argentina, laboratorio sistemático de políticas inverosímiles y destructivas, se considera que los divisas pertenecen al “señor feudal”, quien generosamente, a cambio, ofrece a los siervos un medio de pago que solo puede emplearse en su propio territorio.
El “señor feudal”, en el caso de los siervos que exportan servicios –como es el caso de los informáticos– les ha concedido la posibilidad de recibir el total del producto de su trabajo en divisas. Pero eso no es generosidad (no nos confundamos), sino resignación, porque la tecnología vigente les permite saltar los rudimentarios controles cambiarios del “feudo”.
Para aquellos que exportan bienes –a menos que sea ilícitos–, la cuestión se complica porque el “señor” tiene pleno control de todo lo que sale del territorio y puede, por lo tanto, apropiarse completamente de las divisas generadas, como es el caso del sector agroindustrial.
Cuando el proyecto oficial llegue al Congreso, el agro tiene una oportunidad única para intentar mostrar cuánta “llegada” tiene en el Poder Legislativo para intentar hacer valer sus derechos.
Si las compañías agroexportadoras pudiesen cobrar en divisas, sin necesidad de recibir pesos argentinos, entonces estarían habilitadas para realizar liquidaciones en dólares; luego los productores agrícolas podrían decidir, en función de sus intereses y necesidades, qué hacer con los mismos.
En la actualidad, vale recordar, las empresas tienen vedado el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por lo que deben recurrir al mercado bursátil para cambiar pesos por dólares, lo que no tiene lógica alguna, ya que esos dólares son en su mayor parte generados por el agro.
Si ese derecho natural quedase plasmado en una ley, entonces ningún “señor feudal” podría apropiarse de manera indebida de los mismos –como sucede desde 2002 hasta el presente–, lo que brindaría una mayor seguridad jurídica a las empresas agrícolas argentina. ¡Manos a la obra!
