El Gobierno Nacional había acordado que este lunes le iba a responder a las instituciones que representan a las industrias lácteas sobre una decisión en cuanto a retenciones, tipo de cambio diferencial y quizá alguna medida más que pueda aliviar la crisis que se agiganta en el sector.
Por supuesto que no se cumplió el plazo prometido por Juan José Bahillo y por José María Romero, como referentes en Agricultura.
Con el título “Crisis Cadena Láctea Argentina”, y dirigida a Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, con copias a los mencionados secretario de Agricultura y su subsecretario de Ganadería; así como al director de Lechería, Arturo Jorge Videla, la nota es muy concreta.
“Por distintos motivos y circunstancias, la cadena láctea argentina se encuentra con un sobrestock que impide rentabilizar a los dos principales actores que la componen, poniendo en serio riesgo de continuidad al primer eslabón, el que está agravado por la persistente falta de lluvias. Ante la poca posibilidad de que el mercado interno lo absorba y la falta de precios en el mercado internacional para su colocación, entendemos que la única alternativa para solucionar el problema es que el Estado nacional implemente a la brevedad, transitoriamente y hasta el 30 de noviembre de 2023, las siguientes medidas”, comienza diciendo el texto.
Lo que en definitiva se pide es que se eliminen los derechos de exportación para todas las posiciones arancelarias. También que se establezca un equivalente en pesos por dólar exportador al conocido como “Soja Versión 4”.
Del mismo modo, se pide acelerar el pago del Programa Impulso Tambero 2, que debería estar antes de fin de mes, porque el listado de beneficiarios ya fue publicado.
Reclaman la autorización de SIRA o permisos de importación del sector lácteo y el pago de los permisos, además de necesitar la modificación del precio de referencia de Aduana de la tonelada de producto que necesita ajustarse a los valores actuales del mercado internacional.
El sector explica que antes del último día de noviembre se presentará “una propuesta que compatibilice los intereses de los productores, industriales y consumidores en consonancia con la política económica establecida por el Gobierno Nacional”. Esto alejaría el temor de Massa de tener impactos en los precios al consumo, o los famosos fantasmas de desabastecimiento del mercado interno.
Concretamente y con la firma del Centro de la Industria Lechera, de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, además de Federación Agraria Argentina, la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) y la Cámara de Productores de Leche del Centro Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba), se da una representación de los fundamentos del sector para que reaccione el Gobierno ante una emergencia que mezcla la situación climática con las variables políticas y económicas.
La demanda incluye la predisposición y la espera a una convocatoria concreta al diálogo para buscar soluciones.
A través de esta carta no puede eludir el candidato a presidente esta situación que viene esquivando desde el inicio de su gestión, cuando comenzaron las medidas sobre la moneda extranjera (los sucesivos dólares diferenciales para la soja y el maíz) que iniciaron la espiral ascendente de los costos lecheros y que ni siquiera pudieron aplacarse con los subsidios tardíos que se entregaron bajo la denominación Impulso Tambero.
La política llega tarde y mal. Más aún, no aporta soluciones concretas a pesar de las propuestas, los pedidos y lo más básico del sentido común.
La expectativa entre productores e industriales, dentro o fuera de las instituciones mencionadas, es mínima en cuanto a una respuesta o convocatoria por parte del Gobierno. Sería muy bueno que se sorprendan con una reacción contraria para realmente concretar al menos una solución. En campaña, Massa parece capaz de cualquier cosa.
