En la provincia de Mendoza se comenzó a debatir en torno a una iniciativa para regular, a través de una sencilla ley, la situación comercial entre productores viñateros y bodegas. Tan sencillo es el proyecto que obligaría a los compradores de uva para vinificar a establecer un precio previo y que haya un contrato firmado por ambas partes, para que no puedan cambiarse las condiciones de pago después de la cosecha.
“El proyecto sólo establece la obligatoriedad de contrato por escrito previo a la entrega de la uva. En la época de cosecha de este año (entre febrero y marzo) se postergaron los plazos de pago e incluso hasta se bajaron los precios acordados, cuando los insumos con los que trabajamos en las fincas están dolarizados”, explicó a Bichos de Campo Gabriela Lizana, presidente de Aproem (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza).
Fue por esa distorsión que los productores de uva comenzaron a pensar en las Buenas Prácticas Comerciales. “El problema es que te demoran los pagos de la uva, llevándolos a 120, 180 y hasta un año. La verdad es que te trasladan el costo financiero, y así llegás a la otra cosecha sin haber cobrado la uva de la cosecha anterior”, se quejó Lizana.
Esta posición de abuso, además, se produce por la inexistencia de algún tipo de contrato escrito, “ya que la bodega se niega a eso”, se quejó la directiva del área de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
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En función de esta situación, los legisladores mendocinos comenzaron a analizar si no sería conveniente regular en lo material. Lo que Aproem aportó al proyecto es “la necesidad de que se elaboren Códigos de Buenas Prácticas Comerciales, algo que Argentina no tiene para ninguna de sus economías regionales”, contó la productora.
Lizana comparó la situación con la de otros países o bloques. “La Comunidad Europea, que antes lo tenía optativo, hoy lo tiene obligatorio. Lo que pasa es que hemos naturalizado algunas conductas que en el mundo comercial son desleales. Por ejemplo, cambiar una condición pactada en perjuicio del productor con plazos larguísimos. En Europa, los perecederos se tienen que pagar a los 30 días, mientras que acá recién están viendo a cuánto resolverán pagarte la uva”.
