El periodismo no se escribe en primera persona, pero en esta caso haré una excepción, porque soy parte del guiso que se cocina. Hace varios meses ya, a través de las redes sociales hice un reclamo concreto a las autoridades:
como veterano periodista especializado en agro quería disponer de estadísticas oficiales (y confiables) sobre las ventas y el uso de productos agroquímicos en el país.
Recuerdo que en mi campaña casera utilicé el hashtag #quierosaber, porque mi pedido a las autoridades simplemente se trataba de eso: pedía tener datos objetivos y fiables. Es que -a mi modo de ver- no puede suceder que en un país agropecuario que aspira a ser supermercado del mundo no tenga información del Estado sobre el consumo de agroquímicos, su grado de toxicidad, los lugares donde más se utilizan y otros etcéteras vinculados.
Un periodista del agro busca que el Estado brinde estadísticas sobre uso de agroquímicos
No puede ser, además, que en un país cruzado por una intensa y no siempre saludable polémica sobre lso agroquímicos, en la que intevienen sectores productivos y sectores ambientalistas, unos minimizando el riesgo de utilizar agroquímicos y los otros exagerando el fantasma del cáncer hasta extremos irresponsables, la ciudadanía no cuente con información creíble y transparente que le permita tomar posición. Es esa la informaicón que reclamo como periodista, porque necesito transmitir un diagnóstico acertado sobre el problema.
No es un invento mío. Cuando lancé ese pedido no había información oficial sobre el mercado de agroquímicos en la Argentina. Y no la hay todavía. No existe. Hay información sobre ventas de maquinaria agrícola, sobre tipo de variedades de semillas sembradas en cada lote, y hasta sobre la cantidad de fertilizantes utilizados por los productores. Pero sobre el consumo de fitosanitarios no existe ninguna estadística oficial.
La única información disponible era -y es- la que reúne una consultora privada llamada Pampas Group, a la que solo una parte de las empresas del sector productor de fitosanitarios (las más grandes) remitía datos sobre sus ventas anuales, pero solamente a los fines comerciales y de márketing. Allí no se establecen litros consumidos, ni cultivos tratados, ni principios activos más demandados, ni cualquier otro dato que permita dimensionar si en la Argentina los agroquímicos se están utilizando bien o mal. Alli se habla del marketshare, que es lo mismo que nada para el debate que nos ocupa como sociedad.
Mi campaña casera en tuiter, como la mayoría de mis ideas, hubiera quedado como una botella lanzada al mar si no hubieran pasado dos cosas. La primera y más importante fue que mi reclamo recibió más de 2.000 adhesiones, y la mayoría provenían de la propia comunidad agropecuaria. Es que hay muchos ingenieros agrónomos, productores y hasta ejecutivos de las propias empresas de agroquímicos que, como yo, felizmente piensan que la mejor receta para enfrentar algunos cuestionamientos inverosímiles de los ambientalistas no es escondiendo los datos sino mostrando la dimensión real del problema. Quizás este no sea tan grave como se anuncia. O quizás sí y requiera tomar medidas. Pero no podemos saberlo si no tenemos un mapa del cual agarrarnos.
Alicia Cavallo: “Me duele que se diga que los productores tiran veneno para ganar más dinero”
La segunda cosa que sucedió es que, luego de esa catarata de adhesiones, me llamó un alto funcionario de aquel momento, que trabajaba junto al ministro Ricardo Buryaile, para pedirme que por favor no agitara más con este asunto, porque él y su equipo estaban trabajando en la construcción de una estadística como la que yo reclamaba. Iban a hacerlo, según me dijo, a partir de la implementación de la ley que impone el reciclado de bidones vacíos y que fue sancionada en 2015. Maravilloso, me dije, porque matamos dos pájaros de un tiro: reciclamos los envases y además tenemos números.
Por eso me quedé tranquilo y dejé de joder durante estos meses. Aunque todos sabemos que la reglamentación de esa ley de envases se demoró mucho más de un año, y también que parece una eternidad el tiempo que falta todavía para que ese sistema funcione en los territorios, al menos la promesa de ese ex funcionario había abierto una hendija: la Argentina, potencia alimentaria, estaba en camino de comenzar a informar a su población cuántos agroquímicos utilizan sus productores para lograr las cosechas récord que luego, por un lado o el otro, nos dan de comer a todos.
Me pregunto, sin embargo, por qué no hay que esperar tanto, si al parecer hay voluntad política de acelerar el tranco. O por qué no es aplicable el modelo del INDEC para la maquinaria agrícola: el organismo establece las ventas exactas del sector -en equipos y en millones de pesos, conociendo el origen de cada mercadería-, a partir de una declaración jurada exigida a las empresas, que luego se procesan trimestralmente. Y se comunican.
Papelonazo: La Ley de Agroquímicos está a punto de perder estado parlamentario
Yo periodista, de ese modo, puedo saber cuantos tractores se venden. En cambio, me resulta imposible saber cuántos litros de glifosato se utilizaron en el campo. Hay números aproximados, más o menos tanto.
Toda esta introducción viene a cuento de que hoy recibí una noticia que me mostró cuán sencillo resulta hacer algunas cosas cuando realmente se quieren hacer. La noticia decía con exactitud que en Brasil, en 2017, se vendieron 539.945 toneladas de agroquímicos formulados. Así, con esa exactitud.
¿Cómo se llegó a ese dato en el vecino país? A partir de informes semestrales enviados por las empresas del sector al Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), es decir el organismo que debe velar por el impacto de este tipo de insumos. Allí hay en este momento una polémica tan riesgosa como la que aquí nos ocupa, aunque el sector político brasileño parece menos permeable a establecer restricciones o prohibiciones como aquí se imponen. De hecho, la propia Corte Suprema desechó una orden judicial que planteaba la prohibición del glifosato en todo el territorio nacional, hasta tener una evaluación sobre sus impactos.
Yo estoy seguro que la información oficial tiende a cerrar las grietas. Acá serviría saber lo más posible, como en Brasil. Donde 126 empresas que son titulares de registro de productos “Químicos y Bioquímicos” debieron presentar sus informes ante el Ibama. Se recibieron el año pasado 6.356 informes: 2.465 de productos técnicos (PT) y 3.891 de formulados (PF).
¿Qué tienen los brasileños que no tengamos los argentinos? Muchos creen que es alegría. Pero yo sospecho que además tienen un poquito más de conciencia y de vergüenza.