Papelonazo: La Ley de Agroquímicos está a punto de perder estado parlamentario

Por Matías Longoni.-

Hipótesis 1: Los senadores ganan demasiado bien y por eso compran verdura orgánica. Por eso no están preocupados por posibles residuos de agroquímicos en los alimentos.

Hipótesis 2: Los senadores viven todos en lujosos countries donde los jardineros mantienen el pasto prolijo y quitan a mano las malezas. Por eso no están preocupados en cómo se autorizan o cómo se almacenan los productos fitosanitarios en el país.

Hipotesis 3: Los senadores están preocupados por su propio destino y poco se interesan por los debates más intensos que cruzan la vida cotidiana del resto de los argentinos, entre ellos uno que está más vigente que nunca y que involucra el uso de los productos agroquímicos.

Usted elija la hipótesis que quiera. Lo cierto es que un proyecto de ley que regula muchas cosas necesarias en el mercado local de agroquímicos está a punto de perder estado parlamentario. La Cámara de Diputados lo aprobó a fines de 2015 pero los senadores se han tomado dos largos años sin ni siquiera tratarlo. Dos años. Esa es la vida útil de un proyecto de ley. Si se pasa de esos plazos sencillamente vence, hay que tirarlo a la basura y comenzar todo de nuevo.

Estamos hablando del proyecto 3880-D-2015 de “Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios”. La redacción original pertenece al diputado peronista formoseño Luis Basterra, ingeniero agrónomo y ex vicepresidente del Inta. Pero en Diputados, antes de votarlo y girarlo hacia el Senado, hubo aportes de todos los sectores políticos y consultas con infinidad de personas del sector privado y la sociedad civil, incluidos los ambientalistas.

La Fundación Barbecheando alertó en un  informe que la iniciativa, que cuenta con media sanción desde diciembre de 2015, “no logró ser debatido por la ausencia de senadores y la falta de convocatoria de la comisión de Ambiente”. Y advirtió: “Si no se sanciona antes del 30 de noviembre, caduca”.

Hubo un debate, esta semana, en la llamada Cámara alta, aunque de esa estatura ya le quede poco. Estuvieron allí los presidentes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alfredo de Angeli (PRO-Entre Ríos), y de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FPV-PJ-Entre Ríos). Desde esta última comisión ahora objetan algunas falencias en el proyecto que llegara de Diputados hace 48 meses. Guastavino habló de “malas redacciones”, pues no se especifican las sanciones en materia de agroquímicos ni el organismo que las ejecutaría. Es lo de menos a esta altura. Lo importante es que tuvieron casi dos años para corregirlo y no lo hicieron.

Cuenta Barbecheando que en la reunión, De Angeli resaltó la ausencia de Fernando Solanas (Libres del Sur-CABA) y denunció la “mala intención de no sé quien diciendo que no queríamos tratar este proyecto”.

¿Quién pudo haber dicho semejante barbaridad? Ah, si, nosotros.

Razona Barbecheando: “Sería un despropósito que un proyecto consensuado y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, perdiera estado parlamentario: pero este es el resultado de una iniciativa que durante dos años no tuvo movimiento alguno y cerca de que culmine el 2017, comienzan las negociaciones apresuradas para evitar que el proyecto pierda vigencia”.

Como ven que no llegan, los senadores empiezan a echarla la culpa unos a otros. Guastavino a la mala redacción; De Angeli a Solanas, que es titular de la Comisión de Ambiente; Solanas a los latifundistas envenenadores y la mar en coche.

Pero hay un momento en que la degradación de la política empieza a dejar de ser responsabilidad de alguno para convertirse en culpa de todos.

Es ese el momento en que los políticos dejaron de preocuparse en el bien común. ¿Por qué lo hacer? Elija usted mismo la hipótesis.