La avalancha informativa a la que estamos expuestos a veces puede “anestesiarnos” y hacernos perder la capacidad de diferenciar lo relevante de lo circunstancial.
Recientemente se difundió un documento del Norges Bank Investment Management, entidad encargada de gestionar activos financieros por más de 2,3 billones de dólares del Fondo Soberano de Noruega, en el cual se analiza reducir la proporción de títulos públicos de países centrales del 70% al 50% del componente de la cartera dedicada a renta fija (que es alrededor del 25% del total).
Esa reducción conlleva la recomendación de aumentar las inversiones en títulos de renta fija asociados a activos reales, tales como bonos emitidos por corporaciones privadas o respaldados por hipotecas.
El nivel de deuda pública presente en las principales naciones del orbe es tan desproporcionado que solo puede compararse con un “esquema Ponzi” global, donde, si bien todos saben que el volumen total resulta impagable, fingen “demencia” y siguen en el juego porque la alternativa implica aventurarse hacia una dimensión desconocida.
Sin embargo, la historia económica nos enseña que, cuando un sistema se agota, se produce un “reseteo monetario” que introduce nuevas reglas de juego. Como en todo cambio, habrá ganadores y perdedores.
Hubo un reseteo monetario en 1944, durante la conferencia de Bretton Woods (EE.UU.), en la cual se acordó que el valor de todas las divisas del mundo sería fijado en función del valor del dólar estadounidense, y el dólar, a su vez, sería una moneda convertible a un valor de 35 dólares por onza de oro. Y otro en 1971, cuando el entonces presidente de EE.UU., Richard Nixon, declaró formalmente el fin del patrón “oro-dólar” e inauguró una orgía financiera que sigue hasta la actualidad, aunque –tal como advierte el documento noruego– ya se encuentra en su fase final.
Es importante advertir que cada “reseteo monetario” se produjo en el marco de un conflicto bélico de proporciones globales –la Segunda Guerra Mundial y la “Guerra Fría”–, una característica que se aplica también a la coyuntura actual.
Cuando colapse el actual sistema monetario será necesario configurar uno nuevo para establecer las reglas de juego generales a partir de las cuales se distribuirán los recursos a escala global. El sistema actual está diseñado para premiar al sector financiero en desmedro del productivo. Es bastante probable que, luego de la borrachera del dinero ficticio o basura, se vuelva a establecer un nuevo patrón monetario sustentado en activos físicos.
En tal escenario, los recursos agroalimentarios, energéticos y minerales –cuya demanda es constante porque son la base de la civilización humana– representan activos estratégicos. Naciones actualmente consideradas “pobres” en términos financieros podrían pasar a ser prósperas cuando se produzca el “reseteo”.
Por supuesto: esa posibilidad solo puede materializarse siempre que exista una política orientada a promover la producción sostenible de tales recursos, los cuales, lejos de surgir por aparición espontánea, requieren un esfuerzo mayúsculo de inversión y conocimiento en un marco de previsibilidad institucional.
La política del gobierno de Javier Milei relativa a la promoción de las inversiones en los sectores hidrocarburíferos y mineros, así como la defensa de la soberanía nacional de las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, representa un acierto mayúsculo en ese sentido.
Pero esa estrategia contrasta de manera insólita con la apropiación del capital de las empresas agropecuarias instrumentado a través de los derechos de exportación, una política que, si bien no comenzó con el gobierno de Milei, resulta validada por el mismo más allá de los esfuerzos concretados para reducir el impacto de ese impuesto distorsivo.
Argentina tiene todas las condiciones necesarias para poder encarar el nuevo orden monetario como un jugador relevante. Lo que requiere son gobiernos que gestionen al país como una entidad integral y no como compartimentos diferenciados. Las regiones agropecuarias de la zona pampeana, el Norte argentino, Cuyo y la Patagonia también son parte del país. Se necesita un presidente que gobierne para ellas.
