La Resolución 799-E/17 resolvió extender la aplicación del sistema Bolsatech para la campaña de soja 2017/18, comercializada a partir del 1 de marzo del año que viene. Se trata del sistema de controles sobre el origen de la semilla que implementó el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en acuerdo con la mayor parte de la cadena agrícola, como alternativa a los controles compulsivos que aplicaba la empresa Monsanto.
“Hay cosas para corregir, pero lo más importante es que el sistema da previsibilidad en la realización de contratos forwards (anticipados). Las modificaciones, aunque no son de fondo, sigue controlando el origen legal de la semilla de la producción de soja”, evaluó Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA, en Bichos de Campo.
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Más allá de la vigencia del BolsaTech, los temas pendientes se siguen acumulando en materia de la propiedad de las semillas. En ese sentido, Paseyro indicó que “estamos buscando salir del Uso Propio sin reconocimiento, pero todavía no está acordado cómo se implementará eso”.
Tampoco este año hubo consenso en el Congreso para obtener una nueva Ley de Semillas que actualice el derecho al Uso Propio y a la vez asegure regalías a los obtentores de nuevas tecnologías en semillas. Paseyro atribuyó la dilación al año electoral, pero aclaró que “venimos manteniendo reuniones periódicas por este tema en una mesa donde está el sector de la producción y la industria”.
“Esperamos obtener un texto más ordenado en quince días, pero el acuerdo general es que el control debe estar en manos del Estado, en el Inase. También en que hay que simplificar los trámites, y en respetar el uso propio como práctica, asegurando que el mismo tenga un reconocimiento oneroso en innovación en germoplasma y biotecnología”.
Respecto del informe del Inase que da cuenta de que se declaró al Inase solamente el origen de solo 36% de la semilla de soja argentina, el titular de ASA evaluó: “Pese a que mejoró el uso de semilla fiscalizada en un 5%, todavía hay mucho por mejorar y se requiere de un cambio cultural, y de controles no sólo al productor, sino también a la industria y al comercio, imponiendo sanciones a quienes no cumplan la normativa”.
