El ministro Federico Sturzenegger, tal y como había anticipado este medio el fin de semana pasado, se impuso en la interna contra el Ministerio de Economía, de donde dependen la Secretaría de Agricultura y sus organismos descentralizados, para lograr que el presidente Javier Milei firmase un súper decreto que le quita la autarquía y finalmente degrada diferentes organismos vinculados a la política pública agropecuaria, entre ellos el INTA.
La norma también deja la puerta abierta a una nueva tanda de miles de despidos en la administración pública, así como para la venta de campos y otros inmuebles que son propiedad de dichos organismos.
El texto de ese decreto, que debería ser publicado el lunes, interviene no solo en la gobernanza del Instituto de Tecnología Agropecuaria que está a punto de cumplir 70 años, sino también en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el de Semillas (INASE), en el Instituto de Agricultura Familiar (INAFCI) y hasta en la Agencia reguladora de la Industria del Cannabis (ARICCAME), entre otros sectores del Estado. Por eso se presume que será resistido con gran cantidad de recursos ante la justicia por los actores damnificados.
Una copia “borrador” de dicho decreto llegó a manos de Bichos de Campo y lo compartimos con nuestros lectores, haciendo la salvedad de que todavía no tiene vigencia y debe ser publicado en el Boletín Oficial, posiblemente el lunes.
Este es el texto:
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Todo este andamiaje elaborado por Sturzenegger, incluso ante la oposición de Luis Caputo y Juan Pazo, el hombre fuerte hasta aquí en materia de políticas de producción, se basa obviamente en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuyos efectos están cerca de vencer y que cedió incontables facultades al Ejecutivo.
“Como bases de la referida delegación legislativa se establecieron: a) mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; b) reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y c) asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”, dicen los considerandos del decreto.
En el mismo, y tal como se venía adelantando, Sturzenegger carga contra todos los organismos descentralizados y autárquicos que forman parte del éjido de la Secretaría de Agricultura y otras reparticiones como la Secretaría de Industria. “A fin de garantizar una mayor coordinación en la administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada se inició un proceso de evaluación de los órganos y organismos que integran la Administración Pública Nacional a fin de analizar su posible disolución, fusión y/o transformación cuando existan razones justificadas”, se explaya.
Citando informes de propia confección de la cartera de Desregulación, el decreto afirma que “los organismos desconcentrados y descentralizados contaban con un elevado número de unidades organizativas, el que ascendía a 477 autoridades superiores, lo que dio lugar a una estructura excesivamente onerosa para el Poder Ejecutivo”. Al 2010, en tanto, esos mismos organismos tenían una dotación de 35.481 agentes, cifra que creció a 88.095 agentes al año 2024, “lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.
En este contexto, el decreto comienza a enumerar los organismos que en esta ofensiva sobre las áreas de Caputo sufrirán cambios de fondo y cederán al gobierno de turno el manejo de sus recursos y de su personal, como antesala a un fuerte proceso de ajuste y despidos.
En orden al parecer alfabético comienza con la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y el Cannabis medicinal (ARICCAME), ahora intervenida. “La citada Agencia está a cargo de un Directorio conformado por 5 miembros, un Consejo Federal de 25 integrantes y un Consejo Consultivo de 20 representantes, lo que configura una sobredimensión jerárquica y funcional con fuerte impronta política, territorial y presupuestaria que no se condice con la eficiencia”, define, antes de anuncias su disolución como área independiente.
Y así con el resto de los casos:
En el caso del INAFCI, el instituto de Agricultura familiar, campesina e indígena, también se disuelve. El año pasado ya habían echado de allí a 900 de sus mil trabajadores y a partir de ahora la Secretaría de Agricultura recuperará la función de aplicar la Ley de Agricultura Familiar.
También, a contramano de lo que pretendía la industria semillera, se disolverían el INASE y la CONASE, ambos dependientes de Agricultura y que cuentan con participación del sector privado. También pasarán a ser una dirección de la Secretaría, como ya sucedió en el año 2000, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa tomó una decisión similar.
En el caso de la vitivinicultura, el proyecto de decreto propone “Dispónese la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la citada Secretaría”.
Lo mismo, pero dependiendo de la Secretaría de Industria y Comercio, propicia Sturzenegger para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A renglón seguido, el mismo camino seguirá el IMPI, dedicado a la defensa de la propiedad intelectual y las patentes.
El artículo 59 del decreto es el que ha merecido mayor atención de este medio a lo largo de muchos meses: “Dispónese la transformación del INTA, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura”, define.
Para confirmar la hipótesis de que estas decisiones podrían venir acompañadas por la subasta de muchos inmuebles, en el caso del INTA se habló de hasta 70 mil hectáreas de campos, el decreto dispondría que “los titulares de los organismos transformados conforme el presente Título deberán remitir a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un listado completo y actualizado de la flota automotor, aérea, naval, así como de la maquinaria agrícola, industrial y vial asignada a dichos organismos”, además de “la información actualizada de bienes inmuebles asignados a dichos organismos”.
“Dispónese que los bienes inmuebles y vehículos identificados como sin uso o innecesarios, conforme al relevamiento previsto en el artículo anterior, serán transferidos a la AABE”, se decide en el siguiente artículo.
Para terminar, el decreto propiciaría realizar “una propuesta de adecuación de la estructura organizativa de la Secretaría de Industria y de la de Agricultura, que incluya la incorporación de los organismos transformados”.
Milei sorete
Re contra sorete!
En el caso de Aricame es falsa la integración de 25 miembros provinciales y un consejo asesor de otras 20 personas. Solo hay un director de la agencia nombrado por la actual gestion. Una vez mas como ocurrió en el mandato de Alberto Fernández las pocas licencias que se otorgaron (6 en total sobre 300 solicitudes) perdieron su validez a la espera de que el nuevo Aricame diera a conocer sus politicas burocrsticas y de gestión. A partir de la confirmación por decreto. La desaparición de este organismo generará nuevas decepciones y quebrantos económicos en los actores del sector que han hecho importantes inversiones en el intento de recrear la industria del cañamo y del cannabis medicinal en Argentina.
El campo lo voto, lo apoyó, por 3 puntos de retenciones, en aquel entonces, pararon el país…a joderse.