En la Argentina se siembran más de 35 millones de hectáreas con cultivos extensivos, pero “casi la mitad de la producción” se realiza en tierras que se arriendan. Muchos de esos alquileres se cierran solo por una o dos campañas. Un estudio advirtió que la ley que regula estas operaciones es obsoleta y deja vía libre para realizar prácticas agronómicas que generan grandes beneficios económicos pero que degradan los campos.
Una nota firmada por Sebastián Tamashiro para Sobre la Tierra, el medio de divulgación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), indicó que además la ley de arrendamiento rural vigente “no considera a la tierra como un recurso natural que puede perder capacidad productiva ni contempla los derechos ambientales de la comunidad”.
“Aproximadamente la mitad de las tierras se producen bajo arrendamiento. La ley que regula este contrato facilita el acceso a los que quieren explotarla (arrendatarios), pero no exige un cuidado especial de la tierra como recurso natural que se degrada, ni reconoce el derecho de la comunidad de disponer de un ambiente saludable”, resaltó Rafael Mallo, quien estudió este tema para alaborar su tesis en la maestría en Agronegocios en la Escuela para Graduados (EPG-Fauba).
“La ley habilita a que la búsqueda de la mayor renta en el menor tiempo posible se lleve adelante sin limitar prácticas no sustentables. La Ley 13.246 de Arrendamientos Rurales y Aparcerías, promulgada en 1948 y luego modificada por el Decreto Ley 2.188, de 1957, y por la Ley 22.298 en 1980, debería regular la materia ambiental en los estos contratos. Sin embargo, es una ley que no se conoce ni se respeta y que tiene alcances muy limitados”, señaló Mallo, quien es abogado recibido de la Universidad Nacional de La Plata.
En este sentido, agregó: “Cuando se pensó la ley, los grandes propietarios de tierras imponían condiciones abusivas a las personas que querían trabajarla. Hoy en día, es al revés”.
“Las propiedades cada vez son más chicas -por ejemplo, por división de las herencias- y muchos dueños ni siquiera viven allí. Ante el gran desconocimiento y grado de informalidad en los arrendamientos, los propietarios tienen menos decisión sobre el suelo”, advirtió el experto.
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Por eso Mallo propuso “contextualizar el contenido de la ley y entender que el gran eje de cambio viene por el lado de los recursos naturales y del medio ambiente”. En ese sentido evaluó que “estamos en un momento interesante para cambiar las leyes hacia otras que otorguen mayor entidad a los aspectos ambientales y que tengan su base en el uso de información estadística para tomar medidas en política apropiadas”.
Mallo, en ese sentido, añadió que “en principio hay que reconocer el derecho de la comunidad sobre los recursos naturales. Esto no es nuevo, está en el artículo 41 de la Constitución Nacional del año 1994. Ese fue el primer paso de un cambio institucional, pues ahora es el Estado quien debe definir las reglas y las herramientas específicas para que sirvan en la práctica de forma efectiva”.
“La cantidad de arrendamientos y sus consecuencias ambientales dependen de muchos factores. Hace algunos años, estos contratos tuvieron un pico por los buenos precios internacionales de los granos y tenían ventajas sobre cualquier otro título que cotizaba en la bolsa. Al no existir regulación, se dejó vía libre a prácticas contaminantes con grandes réditos económicos a corto plazo que no fortalecieron las cadenas productivas”, explicó.
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Para el experto, “la reformulación de la ley tiene que ser clara. Tendría que plantearse un modo distinto de ver el derecho privado en lo que es materia de recursos naturales y pensar el protagonismo de los incentivos. La libertad para usar la tierra no es exclusivamente de su dueño, aislado de los demás, pues la forma en que la utiliza puede afectar a muchas otras personas. El Estado puede, por ejemplo, fomentar que los productores opten por no dañar los recursos naturales a través de préstamos blandos o subvenciones a sus actividades. De esa forma se podrían alentar las prácticas más sustentables”, propuso.
“Hoy en día, el arrendamiento se maneja por usos y costumbres. La gente suele buscar a personas con prestigio o que tengan buenos antecedentes en el cumplimiento de su palabra ya que no existe ley que la proteja. Lamentablemente, en los últimos 10 años se presentaron 14 proyectos para tratar la actual ley de arrendamiento de tierras, pero no abordan esta temática de forma integral”, finalizó.
El estado metido en los contratos ?… o sea un grupo de parasitos que nunca pridujeron nada regulando a los productores que toda su vida trabajaron la tierra. Ese abogado deberia saber que el comunismo fracaso en todo el mundo. Las retenciones degradaron mas tierra que nadie porque obligaron a abandonar la ganaderia pastoril.