A fin de año cambiará la forma de exportar a la Unión Europea. El 31 de diciembre entra en vigencia el reglamento 1115/2023, que exige que productos como la soja y la carne vacuna estén libres de deforestación.
La norma se enmarca en el Pacto Verde y se aplica tanto a productos de origen europeo como importados. La misma establece tres condiciones obligatorias: estar libres de deforestación desde el 31 de diciembre de 2020, cumplir con la legislación del país productor y contar con una declaración de debida diligencia firmada por el operador europeo.
Esta reglamentación fue prorrogada luego de que actores sudamericanos, principales exportadores de productos bajo la lupa, pidan un plazo extra para poder adecuar los procesos para cumplir con la exigencia. Ya no hay más tiempo, y desde enero del 2026 habrá que cumplir con los requisitos si se busca llegar a esos mercados en el viejo continente.
Los productos que contengan, se hayan alimentado o se hayan elaborado utilizando ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y/o madera, no se introducirán al mercado, comercializarán ni exportarán de la Unión Europea, salvo que cumplan las condiciones.
Como la fecha está cerca, comenzaron nuevamente los acercamientos entre autoridades europeas y representantes de la industria exportadora local. Recientemente visitó nuestro país Viki Lövenberg, consejera de la Delegación de la UE en Argentina, quien se reunión con Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, y Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores.
Lövenberg fue la encargada de presentar los fundamentos del reglamento, remarcando que la nueva medida no solo responde a una demanda ciudadana de mayor conciencia ambiental, sino también a la necesidad de actuar frente al calentamiento global. “Este reglamento es una muestra de coherencia con nuestros compromisos climáticos. El cambio climático es una realidad. Entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques en el mundo”, explicó la funcionaria.
Uno de los aspectos más novedosos es la exigencia de geolocalización de las parcelas de producción, lo que implica un nivel de trazabilidad más estricto. Aunque no se exige una herramienta específica, los operadores deben garantizar que no se mezclen productos de origen desconocido. “Conociendo la realidad en Argentina, pienso que esto representa una oportunidad para el país para proveer productos más sostenibles”, agregó, destacando los avances logrados a través de la plataforma VISEC.
Sin embargo, tanto Idígoras como Rivara pusieron en tela de juicio esta novedad, que según entienden, es irrealizable. Idígoras advirtió sobre el mayor obstáculo técnico: la segregación física del grano, que implica mantener separados los productos certificados de aquellos cuyo origen no esté debidamente trazado. “Es el tema de mayor dificultad práctica, de mayor esfuerzo económico y con cierta irracionalidad de implementación”.
A pesar de su postura crítica, Idígoras reconoció que se trata de una exigencia vigente. “Hasta tanto no se logre modificar dicho reglamento, es indispensable que cumplamos con la segregación física”, advirtió.
Rivara fue un paso más allá y lo graficó con una metáfora: El presidente de la Federación de Acopiadores comenzó su intervención reafirmando el compromiso del sector con la lucha contra el cambio climático, pero fue contundente en su crítica a la segregación física, a la que consideró innecesaria, costosa e ineficiente. “Es tan ridículo como pretender que los bancos separen los billetes según el barrio donde vive cada depositante”, ironizó.
El acopiador y productor bonaerense también advirtió que esta exigencia podría provocar efectos ambientales no deseados. Por ejemplo, el secado artificial de granos húmedos, que normalmente se mezcla con otros para evitar ese proceso, implicaría un alto consumo energético y de combustible. “Para bajar un punto de humedad en un camión de 30 toneladas, tengo que consumir 75 litros de gasoil. Vamos a aumentar el calentamiento global”, fustigó.
El líder de los Acopiadores bregó por un sistema simple para lograr mayor adhesión de productores y operadores. “Hemos prestado mucha atención a la Resolución 1115/2023, que combate la deforestación. Argentina se sumó a esta medida, donde los distintos sectores de la cadena aportaron su mirada para consensuar un protocolo exitoso. El VISEC tomó el desafío y hoy podemos presentar un protocolo absolutamente confiable. La certificación es una garantía”, ponderó.
El debate dejó en claro que el Reglamento 1115/2023 representa un punto de inflexión para el comercio agroindustrial con la Unión Europea. Si bien existe consenso sobre la necesidad de combatir la deforestación, los actores del sector plantean que el éxito dependerá de cómo se implementen los mecanismos de trazabilidad, especialmente en torno a la polémica segregación física.
