Hacia finales del 2020 y comienzos de 2021 se dieron a conocer las estafas llevadas adelante por la firma GAEC SRL, que dejó a productores ganaderos damnificados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. En todos los casos se trató de la compra de vacunos a través de cheques sin fondos, que en total superaban la cifra de los 200 millones de pesos. En las últimas semanas la justicia pampeana ha realizado importantes avances de la causa al dictar la prisión preventiva para dos miembros de la banda y formalizar imputaciones contra otros tres.
“Ezequiel Ponce, persona con la cual se identificaban al hacer las llamadas y era el socio simulado de GAEC SRL, está detenido y lleva una prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, en principio. También se dictó la prisión preventiva hasta la misma fecha para Damián Dadá, encargado de hacer la logística. Eduardo Mandrini, Ezequiel Maidana y Alejandro Habakon están imputados y formalizados”, dijo a Bichos de Campo Armando Agüero, fiscal a cargo de la causa en General Pico, La Pampa.
Pero retrocedamos unos casilleros. ¿Cómo fue la estafa y qué rol cumplía cada una de estas personas?
El modus operandi repetido con cada uno de los ganaderos de las distintas provincias fue la compra de animales a través de cheques sin fondos, con fecha de cobro a por lo menos 30 días de la transacción, lo que le otorgaba a la empresa el tiempo suficiente para desaparecer con los animales.
La firma GAEC SRL figuraba hasta noviembre del año pasado a nombre de Eduardo Alberto Mandrini, un abogado de General Pico, y Norma Susana Mauad, su esposa. Según los registros sus propietarios cedieron la empresa a Osvaldo Ezequiel Ponce, un hombre con residencia fiscal en la localidad bonaerense de Ciudadela, dado de alta como contribuyente en 2020; y Yessica Carolina Baez Suárez, una mujer paraguaya nacionalizada con residencia fiscal en la ciudad misionera de Posadas, que también fue dada de alta como contribuyente en 2020.
El nombre de Ezequiel Ponce fue el que cobró mayor relevancia ya que todos los cheques que recibieron los productores llevaban su firma y sus datos. Sin embargo allí entran otros dos nombres en juego: Damián e Ismael Dadá. El primero, un hombre de Ituzaingó que ya tiene prisión preventiva, se encargaba de realizar los llamados y la logística a nombre de Ponce, y el segundo, sobre el cual recae un pedido de captura, oficiaba de contador y llevaba adelante la parte administrativa de la empresa.
Una vez que los animales eran comprados, los mismos eran destinados a dos campos de la firma para su supuesto engorde: “La criolla” en Pichi Huinca, La Pampa, y “Villa Luján” en Arizona, San Luis. Según informó la fiscalía a Bichos de Campo, “La Criolla” pertenecía a Ezequiel Maidana y tenía un encargado de nombre Alejandro Habakon. Ambos se encuentran hoy imputados.
¿Y qué pasó con los animales? Luego de que ambos campos fueran allanados, a través del trabajo en conjunto de las fiscalías de las distintas provincias, las investigaciones del fiscal Agüero determinaron que las cabezas sustraídas entre noviembre, diciembre y enero tuvieron como destino la faena.
“Todos los animales llegaban con una guía a esos campos –“La Criolla” y “Villa Luján”- y así como llegaban inmediatamente salían con otra guía a frigoríficos. En el seguimiento de la trazabilidad de los animales, dimos con los frigoríficos donde eran procesados. Los dos eran del conurbano: Faenadores Runfo y Faenadores Argentinos”, declaró Agüero a este medio.
Ahora bien, la estafa llevada adelante por GAEC SRL, que superó los 200 millones de pesos si se tienen en cuenta todos los cheques erogados, no implicó únicamente a productores ganaderos sino que en La Pampa se vieron afectados, además, otros comerciantes vinculados al sector agrícola.
“Fuera de la provincia la mayoría de las causas son de productores ganaderos. Acá son sólo dos. El resto son vendedores de combustibles, aceites, cubiertas, cereales, silobolsa, entre otros”, afirmó el fiscal de General Pico.
En relación a los productores ganaderos, uno perdió 19 vaquillonas Aberdeen Angus, de 400 kilos cada una, y 10 toros Aberdeen Angus puros controlados, de 650 kilos; y otro 26 toros Braford de 630 kilos.
En lo que respecta a insumos agropecuarios, se presentó una denuncia por la compra con cheques sin fondos de más de doce neumáticos por 370.000 pesos; ocho tambores de 200 litros de lubricante por 282.000 pesos; 20.000 litros de combustible por 1.119.800 pesos; compra de maíz y productos de pulverización por 4 millones de pesos, y un carro de carga de animales y cargador de hacienda valuados en 466.000 pesos, entre otras.
Esta sumatoria de denuncias da cuenta no sólo de la magnitud de la maniobra, sino de la cantidad de frentes abiertos que tiene la Justicia. En ese sentido Armando Agüero señaló: “Esta es una estafa que en su logística requiere muchas más personas de los seis que nosotros tenemos”.
Es por esta misma razón que, a pesar de estos importantes avances en la investigación, los productores damnificados de las demás provincias aún no ven los mismos resultados.
Tal es el caso de Emanuel Blesio, un productor santafecino que a fines de 2020 le vendió a GAEC SRL 30 novillos de exportación, 33 vacas Brangus y 20 toros Brangus y Angus, y terminó siendo estafado por más de 10 millones de pesos.
“El fiscal Francisco Cecchini, donde yo denuncié, no está haciendo nada. La Justicia de La Pampa está avanzando y es lamentable la de nuestra provincia”, dijo a Bichos de Campo.
Del mismo modo los damnificados de Córdoba, Horacio Valdez y Martín Loustalot, indicaron que no tienen novedades de la fiscalía de Dean Funes, a cargo de Fabiana Pochettino, quien debe llevar adelante esas causas en la provincia. El número de animales vendidos a esta empresa por parte de estos dos productores ganaderos fue de 185 en total.
“La causa no ha tenido grandes movimientos. Sí sé que la Justicia ha hecho pedidos de informes pero no mucho más”, señaló Loustalot.
Según pudo saber Bichos de Campo, al momento hay causas en movimiento en otras localidades de Córdoba, en la provincia de San Luis y hasta en el conurbano bonaerense, que aún no se han tramitado.
“El ritmo de estas investigaciones depende del interés del fiscal”, sostuvo Agüero.
