Siguen las repercusiones tras la decisión oficial de extender el cepo a las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de octubre, a pesar de la promesa oficial de levantarlo si el precio de la carne bajaba, como sucedió efectivamente en julio.
Dos cámaras de la industria frigorífica, Fifra y Unica, presentaron un pedido de audiencia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al de Agricultura, Luis Basterra. Consideran que con la prórroga “no se da solución, entre otras cuestiones, a la situación de las plantas con muy pocos antecedentes o nulos de exportación en el periodo base (segundo semestre 2020), como también la situación de las plantas que tienen como único destino China”.
En las cartas enviadas a los ministros los industriales explicaron que “ambas entidades representamos empresas frigoríficas Pymes de capitales totalmente nacionales, las cuales desde el Decreto 408/2001 han sufrido las consecuencias más perjudiciales de la medida”.
Sucede que el decreto 408 del 23 de mayo determina que el cupo de exportaciones será del 50% del promedio mensual de exportaciones del segundo semestre de 2020, con el agravante de que además hay un listado de siete cortes prohibidos, lo que complica la integración de la media res. Esto es, que algunos cortes tengan un destino y otros cortes vayan a otros mercados.
Además se dejó fuera de ese cupo a las cuotas 481, la Cuota Hilton, la de 20 mil toneladas para Estados Unidos, la de Colombia y más recientemente se estableció un cupo especial de 3.500 toneladas de cortes kosher por mes a Israel.
Esta metodología, dicen desde Fifra y Unica, beneficia sobre todo a las grandes empresas del sector, mayormente nucleadas en el Consorcio ABC, que es la organización que llevó adelante las negociaciones con el gobierno, en especial con el ministro Kulfas, mientras que se perjudicaba a empresas de menor tamaño, con menos mercados abiertos y que en los últimos habían apostado con inversiones al acceso a nuevos mercados.
“Fifra y Unica consideramos que la situación, más allá de ser nociva y perjudicial para toda la industria, perjudica notoriamente a los pequeños frigoríficos regionales y de capitales nacionales que hicieron inversiones y no cuentan con los antecedentes de exportación necesarios, y a las empresas que solo tienen como destino China que están limitadas al 50%”, argumentó la nota a los ministros.
Daniel Urcía, el titular de Fifra, dijo que “la medida tal como la tomó el gobierno indudablemente beneficia a las grandes empresas. Los más grandes tienen más espaldas para sortear estos obstáculos y a los pequeños o medianos frigoríficos que vienen al día con los bancos y pusieron sus fichas en el desarrollo del negocio de la exportación pueden incluso llevarlos a la quiebra”.
En definitiva, para los frigoríficos representados por estas cámaras el cepo podría ser mayor al 50% debido a que tienen cortes prohibidos y se les vuelve menos viable el negocio, mientras que otros más grandes lograron un cepo de prácticamente el 65% gracias a la suma de las cuotas que quedaron fuera de la excepción.
Urcía agregó: “Toda la cadena ya explicó que la restricción es una política nefasta, pero la carne más cara la tuvimos en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández. Hoy es la más barata de la región. El problema está en el poder adquisitivo de la población, que es responsabilidad de la gestión de gobierno”.
Con respecto a la evolución del precio de la carne, e directuivo industrial afirmó que a futuro lo ve subiendo porque las medidas desalientan las inversiones a nivel de la producción. Así se repetiría lo que pasó en 2009, cuando se liquidó hacienda por las políticas oficiales. Luego de eso la carne subió de forma abrupta en 2010 y 2011.
Urcía, por eso, cree que el Plan Ganadero no tiene perspectivas de llegar a buen puerto: “No hay plan posible que pueda sostener la producción cuando tenemos un bien no se puede comercializar. No se puede promover lo que se prohíbe. El problema de fondo no es la carne sino la gestión de gobierno”.
