A partir de hoy, sábado 15 de mayo, los frigoríficos y exportadores de carne vacuna deberán pedir un triple permiso antes de realizar un embarque con el producto: no solo tendrán que pasar por el filtro normal de la Aduana, sino también contar con autorización además de la ex ONCCA y la Secretaría de Comercio Interior.
El sistema -que a fin de mes se extenderá a las otras carnes- se denomina Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes (DJEC), pero en el sector privado todos recuerdan a los “ROE Rojos”, el mecanismo que utilizaron los gobiernos kirchneristas entre 2006 y 2015 para administrar las exportaciones y que provocaron en su primer tramo -hasta 2010- la liquidación ganadera más brutal que se recuerde en la historia argentina. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray trababan las exportaciones y eso deprimía los precios ganaderos de modo artificial. Sin negocio visible, los ganaderos se desprendían de sus vacas. Y el stock vacuno se redujo así en 10 millones de animales, el 20% del total.
Eso es historia vieja. Lo nuevo es que hoy comienzan a regir las DJEC, que a muchos les recuerdan a los ROE que tanto daño le provocaron a la cadena de ganados y carnes. Ante cada pedido de embarque, la Aduana remitirá el expediente a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) y el nuevo director de este organismo, Luciano Zarich, a su vez pedirá permiso a Paula Español, la titular de Comercio Interior. Si todo está bien y nadie tiene objeciones, en tres días hábiles debería salir aprobado el permiso de embarque.
El modelo emula con exactitud a los viejos ROE: Moreno y Echegaray (quien estuvo a cargo de la ex ONCCA hasta 2009, pero luego se la llevó a la AFIP) tenían una doble botonera con la que autorizaban o desechaban los envíos de carne al extranjero. Un agravante era que nunca se sabían quiénes eran las empresas beneficiarias, sumando enormes sospechas de discrecionalidad y hasta corrupción. En el nuevo esquema, el Ministerio de Agricultura no ha dicho todavía cómo comunicará al respecto sobre aprobaciones y rechazos de las novedosas DJEC.
La transparencia no ha sido precisamente una virtud desde la puesta en marcha de este proceso para profundizar los controles. Todo comenzó a pergeñarse desde fines de marzo, cuando el Ministerio de Agricultura anunció que “se han detectado operaciones de exportación de carnes realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)” y que, por lo tanto, habían sido suspendidas “las actividades de 15 empresas exportadoras”. Difícil suspender de un registro a quien no estaba inscripto en él. Pero bueno…
Tras montar la sospecha sobre esas supuestas 15 empresas, el organismo jamás informó la identidad de los infractores. Los actores privados consultados también decían desconocer esa lista. Por eso Bichos de Campo hizo uso del derecho ciudadano para el acceso a la información pública y pidió conocer el listado de las 15 firmas sancionadas, qué infracción se les imputada y el estado de situación de cada caso.
Vale recordar que Zarich, quien participó de la fallida experiencia de expropiación de Vicentin, argumentó en varias ocasiones que las maniobras de “triangulación” y “subfacturación” atribuidas a esas empresas eran la razón no solo de la creación de las DJEC, sino también de la resolución 60 del Ministerio de Agricultura, que estableció nuevos requisitos para los exportadores sin planta de carnes, lácteos y granos. En un comunicado difundio esta semana, el nuevo titular de la ex ONCCA insistió: “El nuevo sistema para la presentación de las declaraciones juradas permitirá transparentar el mercado exportador evitando irregularidades que atentan contra el ingreso de divisas y el normal desarrollo de la actividad”.
Finalmente, a última hora de ayer viernes Agricultura contestó parcialmente al pedido de acceso de la información: identificó las supuestas empresas infractoras, pero no dijo nada sobre la infracción que se les imputaba ni el estado de esos expedientes. Solo tenemos el listado, que es el siguiente:
Respuesta pedido
Un primer chequeo de esa información permite saber que, de los 15 operadores que supuestamente “fueron suspendidos del RUCA”, había ocho que nunca figuraron en ese registro. Se trata de firmas o de personas que no parecen tener en todos los casos vínculo estrecho con el negocio de la carne y que, por lo tanto, mal podrían haber sido grandes exportadores del producto como para inquietar a las autoridades. Se trata de Arturo Roca (productor), Fabiana Iris Goijman (monotributista), Protan SRL (una alimenticia), ATG Foods (una procesadora de carnes), Pamp Alimentos (comercial), FG Importadora (exportadora de granos), JAL SRL (un acopio de Salta) y Paraná de San Pedro Representacion SRL (transportista y agrícola).
Pero en el listado también hay una serie de matarifes abastecedores de carne con antecedentes concretos en el negocio y que, lejos de ser suspendidos por las presuntas irregularidades atribuidas por Zarich, hoy siguen operando y tienen sus matrículas habilitadas para faenar bovinos como usuarios en plantas de terceros, que aquí pondremos entre paréntesis. Se trata de los casos de La Mestiza (Frigorífico HV y Visom); las 3 M (Faenadores Unidos SRL); Dotzel Beef (Deltacar y Frigorífico Gral Las Heras); Mocho Pampa (Friar y Mattievich); Grain Fed (Deltacar y Las Heras); y mpex Express SRL (Deltacar, Visom y Frigolar).
Todos ellos, repetimos, están habilitados para seguir operando, lo que permite suponer que o no fueron suspendidos o no cometieron las infracciones que se les imputaban. “Sin perjuicio de la continuación de las investigaciones en curso, algunas de las empresas del listado se encuentran levantada la respectiva suspensión preventiva”, admite el propio Zarich en la respuesta a Bichos de Campo.
Hay un caso especial, que es el de la empresa santiagueña Huachana SRL, que no figuraba en el registro pero, según información extraoficial, sería la responsable de las 40 toneladas de carne que, siempre de acuerdo con la información de la ex ONCCA, habían sido decomisadas por las irregularidades denunciadas y que no habrían sido reclamadas por sus dueños. Esa carne estaría todavía en el frigorífico Friar, de Reconquista, donde se habrían faenado los animales. Era el frigorífico que pertenecía al grupo Vicentin.
Queda más que claro, a la luz de esta respuesta oficial, que todo el andamiaje argumental en que se basó el gobierno para reimplantar estos nuevos “ROE Rojo” ha sido producto de una sobreactuación o una simulación para crear el clima de que existe una gran corriente de evasión o elusión de los controles, que no habría sido tal.
Es lo mismo que sucede con el presunto contrabando de soja hacia países vecinos: la irregularidad se informa desde los organismos pertinentes y se sobreactúa en los medios oficialistas, cuando en realidad las cargas secuestradas representan menos de 0,05% de la cosecha. Mientras tanto, el kirchnerismo más duro instala públicamente la necesidad de estatizar la Hidrovía, pues todo allí, aseguran, sería un gran descontrol…
Si hubo subfacturación de las exportaciones de carne, tal como denunció Zarich, el organismo encargado de combatir ese delito debería ser la Aduana, que depende de la AFIP. El 16 de abril, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, ese organismo intimó a varios frigoríficos exportadores conocidos y a algunos matarifes para que corrigieran sus valores de exportación en ciertas cargas destinadas a China, pues no coincidían con los precios de referencia que había impuesto la propia Aduana para evitar la subfacturación. La semana pasada, el organismo actualizó esos valores, demostrando que está atento a lo que sucede en el mercado.
Aquella notificación fue remitida a los frigoríficos Azul Natural Beef, Black Bamboo, Ecocarnes, Compañía Bernal, COTO, Friar, Frigolar, Frigorífico Forres-Beltrán, Frigorífico Alberdi, Frigorífico General Pico, Marfrig Argentina, Login Food (Frigorifico Maneca), Procesadora Ganadera Entrerriana (PGE), Rafaela Alimentos, Santa Giulia y SA Importadora y Exportadora (La Anónima). En la medida también estaban comprendidos los matarifes Argus Meats, Mocho Pampa Premium y NCG Trade, además de dos firmas que no contaban con antecedentes en el rubro: Mmagno SRL y Agrop Negocios SAS.
Solo una de todas esas empresas controladas por la Aduana, Mocho Pampa Premiun, figura en el listado de empresas sancionadas -y luego autorizadas- por Zarich. y a la que accedió Bichos de Campo,
Mientras tanto, los ROE o DJEC están desde hoy de nuevo entre nosotros. No se sabe aún cómo se informará el listado de quiénes los reciban y quiénes no. Ni qué requisitos deberán atravesar los empresarios para obtener el triple permiso del Estado Nacional para poder concretar una venta al exterior.
